La Fiscalía ha recurrido las diligencias ordenadas por el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que investiga al anterior fiscal del caso por fraude fiscal contra Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, y la fiscal jefe de Madrid. Entre los argumentos del recurso, en el que se solicita el archivo de la causa, está que el magistrado Carlos Goyena ha realizado un corta-pega de la querella presentada por González Amador y de forma “acrítica” ha accedido a todas las diligencias que el defraudador confeso le solicitaba a través de su defensa.
El auto de Goyena “no pondera el contenido de la querella y se limita a trasladar su contenido de una manera acrítica, hasta el punto de que no realiza ningún filtro ni de los hechos ni de las diligencias a practicar”, asegura el recurso de la Fiscalía, al que ha tenido acceso elDiario.es. Goyena dictó esa resolución el pasado 14 de mayo y en ella acuerda una batería de diligencias, ordenando a la Fiscalía que identifique tanto a las personas “concretas” que redactaron la nota de prensa que ha motivado la querella de González Amador, como a quienes “intervinieron en la decisión” de difundirla, incluido el “máximo responsable (en rango)” de la carrera fiscal que dio el visto bueno a su publicación.
Ahora, la Fiscalía replica que esas diligencias ordenadas por el juez “poco o nada tienen que ver con el esclarecimiento de un hecho delictivo, mientras que otras resultan improcedentes por su propia redacción”. “La asunción sin filtro alguno de tales diligencias instructoras supone un sesgo en el instructor que parece asumir la tesis del querellante”, añade el escrito del fiscal Francisco Javier Montero Juanes, teniente fiscal en Extremadura y designado para representar al Ministerio Público en la causa contra sus compañeros.
“En el sentido que se ha expuesto, ni la querella explica el fundamento y finalidad de esas diligencias interesadas, ni el instructor hace ningún razonamiento sobre su pertinencia, necesariedad o relación inmediata con los hechos objeto de la querella. Es más, lo que hace el Magistrado instructor en su resolución es admitir todas y cada una de las diligencias solicitadas, sin alterar una sola coma o vocablo respecto a la propia exposición de la querella”, continúa.
El TSJM admitió a trámite el pasado 7 de mayo la querella presentada por la pareja de Isabel Díaz Ayuso contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal del caso, Julián Salto, tras la nota de prensa en la que el Ministerio Público informaba sobre los contactos con el abogado de Alberto González Amador y que inició el abogado de éste.
La Fiscalía desmentía así el bulo difundido por Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de la presidenta madrileña, acerca de que fue la Fiscalía quien ofreció un pacto a González Amador, y que fue replicado por varios medios. Los jueces del Tribunal Superior de Madrid consideraron que debía “indagarse si se ha excedido el límite permitido penalmente en el ámbito del derecho a la información y en qué medida han podido perjudicarse los derechos constitucionales” de González Amador.
Medios ignorando el desmentido verbal de la Fiscalía
En su petición de archivo, la Fiscalía alude a la difusión de ese bulo. “Hemos de hacer notar que durante la noche del 13 de marzo y la madrugada del 14 de marzo de 2024 la confusión de los medios era total sobre cuál era la noticia real y veraz, sin que los desmentidos a través de la dirección de comunicación de la Fiscalía General del Estado y de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid fueran atendidos ni fueran suficientes para acabar con el intento de intoxicación informativa al que fue sometido el actuar de la Fiscalía española”, recoge el escrito.
“Ningún indicio o prueba material existe de que la filtración de los correos electrónicos fuera realizada desde el ámbito de la Fiscalía, sino que más bien parece que se hizo desde el entorno de la defensa”, añade el Ministerio Público, que recoge extractos de medios de comunicación que citaban “fuentes próximas a la defensa” en los textos que acompañaban a los correos electrónicos intercambiados entre el abogado de González Amador y el fiscal del caso.
La Fiscalía destaca cómo el querellante, y también el juez al ordenar diligencias, ignora las informaciones que dieron pie al desmentido de la Fiscalía que se investiga y que recogían el citado bulo de que fue el fiscal quien ofreció un pacto al abogado y no al revés. También cita el fiscal el mensaje en X de Miguel Ángel Rodríguez la misma noche de los bulos y el desmentido con la tesis de que la iniciativa había partido de la Fiscalía.
El fiscal general del Estado se ha responsabilizado publicamente de la publicación de la nota de prensa, tal y como recoge el escrito que pide el archivo. El juez pedía identificar al “máximo responsable” de su difusión, lo que para el Ministerio Público supone incurrir en una investigación prospectiva de algo que además ni tan siquiera es delito. “Ningún secreto desvelaba ese comunicado en tanto en cuanto el contenido de todos los correos electrónicos a los que en él se hacía referencia había sido ya divulgado por numerosos medios de comunicación”, añade.