Un juzgado de Madrid ha admitido a trámite la denuncia presentada por la falsedad del máster de Cristina Cifuentes, y ha decidido imputar a Enrique Álvarez Conde, el responsable del máster de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Además, tomará declaración a una docena de testigos entre los que están los profesoras Clara Souto, Alfredo Allué y Laura Nuño, además de nueve de los diez alumnos a los que se convalidaron asignaturas. La expresidenta madrileña es la única de esa lista de beneficiados por las convalidaciones que no ha sido citada.
La denuncia que investiga ese juzgado la presentó Ángela Figueruelo, una de las profesoras cuya firma falsificada aparece en el acta de convalidación de notas, y que también está citada a declarar. Figueruelo, que también es miembro del instituto que impartía el curso, aparecía como miembro de la comisión de calidad del máster que validó las convalidaciones de tres asignaturas a Cristina Cifuentes y un grupo de alumnos de su promoción (algunos de ellos reconocieron no haber cursado el máster tras matricularse).
La firma de esta profesora estaba en las actas junto a las de los profesores Enrique Álvarez Conde, Cecilia Rosado, Laura Nuño o Alfredo Allué. Esta catedrática de la Universidad de Salamanca, que no ha contestado a las preguntas de eldiario.es sobre este asunto, estuvo en el tribunal por el que la profesora Alicia López de los Mozos obtuvo su plaza fija. López de los Mozos fue una de las docentes nombradas en el acta falsificada del trabajo de fin de máster de Cifuentes. Admitió en la investigación interna de la Universidad Rey Juan Carlos que no había firmado y que no había participado en ningún tribunal evaluador de la expresidenta de Madrid.
El caso lo investigará la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid. La jueza ha inadmitido la parte de la denuncia que se dirige contra la Universidad Rey Juan Carlos y contra el Instituto Universitario de Derecho Público “al no incardinarse la falsificación documental dentro del catálogo de delitos que pueden ser cometidos por personas jurídicas”.
La jueza reclama el expediente de los alumnos
Así, ha citado para el próximo 6 de junio a la denunciante, la profesora Figueruela, y al Álvarez Conde, este en calidad de investigado. Ese mismo día están convocados también los testigos. También reclama al Instituto de Derecho Público de la URJC que remita antes del próximo 5 de junio los originales de las actas extendidas en Madrid en 24 de mayo de 2012 sobre la convalidación de notas, el listado de alumnos que cursaron el máster y copia de sus expedientes.
La Fiscalía de Móstoles ha archivado esta mañana la investigación que había abierto y la remite ahora a ese juzgado, donde se ha presentado una querella por los mismos hechos, y reconoce que durante estas semanas de investigación no han podido determinar de manera “concluyente” siquiera dónde se cometió el delito. La denuncia que investiga ese juzgado la presentó Ángela Figueruelo, una de las profesoras cuya acta falsificada aparece en el acta de convalidación de notas, y que también declarará.
Según informan fuentes de la Fiscalía de Madrid, ha decidido inhibirse, como es preceptivo, en la investigación de “las presuntas alteraciones materiales de los documentos, actas y expedientes de un máster del Instituto de Derecho Público, dependiente de la URJC”. La Fiscalía señala que ya hay una querella “por hechos que pudieran ser constitutivos de un delito de falsedad documental, presuntamente cometidos en el Instituto de Derecho Público de Vicálvaro, sede subordinada de la URJC”. Para evitar la “duplicidad” en la investigación, la Fiscalía se desentiende de ella.
Durante las semanas en las que ha estado investigando la denuncia, la Fiscalía admite que “no se ha podido determinar de manera concluyente el lugar de comisión del delito”, dado que la Universidad tiene también un campus en Vicálvaro, donde se impartió el máster.
La denuncia, presentada inicialmente en la Fiscalía Provincial de Madrid, recorre todos los hechos acaecidos tras la noticia de eldiario.es, y reclamaba que Cifuentes sea citada en calidad de investigada para que aporte las pruebas que dice tener sobre la obtención del máster. Señalan que obtuvo un “beneficio directo” cuando tenía una posición de poder que le permitía ofrecer recompensas a quienes acometiesen esos cambios en su expediente. Algunos de ellos, recuerdan, vinculados con el PP.