La Fiscalía Europea ha emitido un comunicado en el que insiste en hacerse con la investigación del contrato que afecta al hermano de Isabel Díaz Ayuso, pero en el que también abre una puerta a enviar el caso a Luxemburgo: que sea el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el que decida qué Fiscalía, si la española o la europea, debe hacerse cargo de las pesquisas. Este mismo lunes la fiscal general, Dolores Delgado, reúne a la junta de fiscales de sala para decidir si pelea porque el caso se quede en Anticorrupción o si permite que sea la Fiscalía Europea la que se haga con la investigación por un posible fraude a los fondos europeos.
La investigación arrancó en la Fiscalía Anticorrupción después de que PSOE, Podemos y Más Madrid denunciaran el contrato revelado en noviembre por elDiario.es: un contrato por el suministro de mascarillas de más de 1,5 millones de euros adjudicado por vía de urgencia por la Comunidad de Madrid en las primeras semanas de la pandemia. Un contrato por el que, como terminó reconociendo la propia Isabel Díaz Ayuso, su hermano Tomás cobró una comisión.
Mientras la existencia de este contrato derivaba en una crisis interna del Partido Popular y en la salida de Pablo Casado al frente del partido, Anticorrupción abría unas diligencias que recientemente ha reclamado la Fiscalía Europea. Este organismo, que empezó a funcionar hace menos de un año, reclamó sin éxito la investigación a sus colegas españoles al entender que, entre otros delitos, pudo existir una malversación de fondos de la Unión Europea.
Anticorrupción entiende que esto no es una opción porque la malversación no es un delito que esté siendo investigado y este lunes la fiscal general, Dolores Delgado, reúne a la junta de fiscales de sala para tomar una decisión. Unas pocas horas antes de la reunión, la Fiscalía Europea ha emitido un comunicado en el que defiende su competencia para investigar el caso: “El Reglamento de la Fiscalía Europea establece una competencia preferente para que la Fiscalía Europea investigue todos los hechos relacionados con un posible fraude que afecte a los intereses financieros de la Unión Europea”, dice el organismo.
El comunicado también plantea una opción a Delgado: que sea el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el que decida si el caso se investiga en Madrid. “La Fiscalía Europea quiere recordar que en una situación de conflicto de competencias siempre debe considerarse la posibilidad de recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por ello, esta mañana la Fiscalía Europea ha solicitado a la Fiscal General del Estado que considere esta opción”, dice el comunicado difundido en su página web.
El resultado, en caso de optar por esa vía, resultaría en primer lugar en un retraso en el desarrollo de las diligencias. En caso de acabar en manos de la Fiscalía Europea, también supondría un cambio de foco en la investigación. En su primer comunicado, Anticorrupción dejó claro que las pesquisas no salpicaban de ninguna manera a la presidenta de la Comunidad de Madrid y que se pondrían diligencias en marcha para comprobar si la adjudicación había sido correcta, pero sin poner en ningún momento la malversación encima de la mesa.