La Fiscalía Anticorrupción ha pedido que se incluya como investigado al exconsejero de Empleo andaluz Manuel Recio en la pieza de los cursos de formación de Ángel Ojeda, en la que ya está incluido Antonio Fernández y en la que se investiga el uso de 33,3 millones tras la crisis de Delphi.
La petición de la Fiscalía se ha remitido al juzgado de instrucción 6 de Sevilla dentro de una causa que abrió la juez Mercedes Alaya y que ahora instruye su sucesora en el órgano judicial, María Núñez Bolaños, que aún no se ha pronunciado sobre esa solicitud, han informado a Efe fuentes judiciales.
La Fiscalía quiere incluir como investigado a Recio, que fue consejero entre marzo de 2010 y mayo de 2012, porque durante su mandato se concedieron la tercera fase de las ayudas formativas tras la crisis de la multinacional Delphi, que se dieron entre 2009 y 2010.
En la gestión de esos fondos se habrían producido, según la Fiscalía, irregularidades por parte de Recio tanto en su concesión como en su justificación.
Esta pieza de los cursos de formación es una de las nueve en las que la juez Núñez dividió en diciembre de 2015 esta macrocausa.
En ella está imputado el exconsejero Fernández, el precedesor de Recio y uno de los principales acusados en el caso de los ERE, y se analiza la acciones formativas del también exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda, que ocupó el cargo en 1987.
En la pieza sobre al entramado empresarial de Ojeda se investiga la actividad desarrollada por empresas integradas en el Grupo Prescal, que habría recibido, con cargo al programa 32D y dentro del dispositivo de Delphi por parte de la Consejería de Empleo, 33,3 millones de euros.
Ese dinero se concedió en concepto de subvenciones excepcionales a la formación y a la contratación a través de las asociaciones controladas por Ojeda (AEA, Humanitas, Innova y Natura), que fueron otorgadas en los años 2009 y 2010, según la juez.
Existen indicios de que buena parte de los fondos percibidos por Ojeda, en lugar de destinarlos a la realización de cursos para capacitarlos en orden a una posterior contratación, se simulaban contratos de trabajo con los antiguos empleados de Delphi, afirma la instructora.
Además, había una contratación irregular, no con terceros, sino con empresas del mismo grupo, subcontratación irregular que se habría efectuado con la finalidad de desviar los fondos a otras empresas y dificultando su seguimiento, añade la juez.
Cuando declaró en la comisión de investigación del Parlamento andaluz, en mayo de 2016, Recio dijo que el programa de ayudas a Delphi se había impulsado antes de su llegada y que él se dedicó solo a “culminar” el proceso que se había pactado.
En relación con las ayudas concedidas a Ojeda, al que aseguró que no conocía, Recio subrayó que “todas y cada una” de las ayudas que firmó tuvieron fiscalización previa, “independientemente del tipo que fueran”, por lo que a él le llegaban ya “con todos los requisitos legales” exigidos.
La juez investiga, además del entramado formativo de Ojeda, los de José María Pérez González y Rafael Velasco Sierra, que fue vicesecretario general del PSOE de Andalucía.
También existen otras piezas sobre cuatro consorcios creados por la Junta de Andalucía con entes locales: Ciomijas, Formades, Forman y CTI.
Junto a estas piezas, la juez tiene abierta otra que afecta a la Fundación Pública Andaluza de Formación y Empleo (FAFFE), y archivó en octubre pasado, tras la petición de la Fiscalía, una más relativa al Servicio Andaluz de Empleo (SAE), que es la denominada política y en la que había 24 ex altos cargos acusados.