La Fiscalía investiga si el decano de la Abogacía madrileña pagó 100.000 euros a un colaborador en un despido simulado

La Fiscalía Provincial investiga si el decano del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón, destinó alrededor de 100.000 euros a pagar la indemnización por el despido del director de los servicios jurídicos cuando en realidad se trataba de un acuerdo encubierto con Pedro Lescure para que dejara el ICAM con una generosa e ilegal gratificación, a tiempo de regresar a su puesto en la Abogacía del Estado poco antes de alcanzar la edad de jubilación.  

La apertura de diligencias de investigación, a cuyo decreto ha accedido elDiario.es, responde a una denuncia de la Asociación Libre de la Abogacía (ALA), que atribuye indiciariamente a Ribón un delito de administración desleal o, alternativamente, de malvesación de fondos. 

Entre otros argumentos, ALA expone en su denuncia que el despido con indemnización se anunció en la Junta General Ordinaria del 20 de marzo de 2024, pese a que su salida había sido acordada por la Junta de Gobierno ICAM mucho antes, el 19 de julio de 2023. Aquel día se informó en el seno del órgano de gobierno del ICAM de un “Plan estratégico de sucesión Secretaría General [de servicios jurídicos]”, el puesto de Pedro Lescure. 

En consecuencia, el fiscal de la Sección de Delitos Económicos requiere en su decreto que el ICAM aporte el “plan estratégico de sucesión” del director de los servicios jurídicos que debe estar recogido en el acta de la reunión de ese día. El representante del Ministerio Público requiere igualmente el contrato de Pedro Lescure y “toda la documentación” relativa a su cese y pago de indemnización, así como el acuerdo o resolución por el que se acordó su despido. 

El relato que hace ALA en su denuncia abunda en una relación entre el ICAM y Lescure difícil de identificar con un despido. Se refiere, por ejemplo, a la medalla al honor por su “trayectoria y dedicación profesional” que el ICAM le concedió en septiembre de 2023, antes de despedirle. Tras su cese, Lescure fue invitado a participar en el acto sobre el 50 aniversario de la Ley de Colegios Profesionales que organizó el ICAM. Durante el mismo fue presentado como “abogado del Estado en ejercicio y ex secretario del ICAM”.

Tras el supuesto despido del ICAM, del que se tiene noticia en marzo de 2024, Pedro Lescure se reincorporó a su plaza en la Abogacía del Estado, donde ingresó el 14 de enero de 1986. Con 64 años apenas restaban unos meses para su jubilación. Fue destinado a una plaza que había sido ofertada el mes de febrero anterior, concretamente en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 

La Asociación Libre de la Abogacía destaca igualmente que no hay rastro de que se abordara el despido del director de los servicios jurídicos en el seno de la Junta de Gobierno del ICAM. Contrasta con lo ocurrido con ocasión de otros ceses en el Colegio de Abogados de Madrid, como el de un director general y una directora de comunicación, en enero de 2023 ambos, o de otra directora general, en septiembre de 2018.

ALA concluye en su denuncia que “existen sólidos indicios de que la baja de D. Pedro Lescure Ceñal en el ICAM no obedece a un despido improcedente o indemnizado, sino una baja de carácter voluntario”. Se trataría, añade, de “una conjunción ilícita de voluntades entre el decano del ICAM y su Junta de Gobierno, de un lado, y D. Pedro Lescure, Ceñal, de otro”.

Perjuicio a los colegiados

A continuación, la Asociación Libre de la Abogacía señala el perjuicio que dicha indemnización ha supuesto a los más de 75.000 colegiados que tiene el ICAM. “Supone que el ICAM, y en particular su representante el Decano [Eugenio Ribón] hayan incurrido en un gasto respecto del que no existía obligado y que ha generado un correlativo perjuicio para la institución colegial, minorando así el patrimonio de las personas colegiadas, lo cual tiene indiciariamente relevancia penal”.

Los denunciantes alegan además que Ribón quiso blindar la indemnización a Pedro Lescure en un acto de conciliación ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la Dirección General de Trabajo de la Comunidad de Madrid “a fin de simular el reconocimiento de la improcedencia del despido y el abono de una indemnización vinculada a ese reconocimiento. 

De este modo, añade ALA, “se hurtó a la Agencia Tributaria la retención por IRPF de una indemnización injustificada, pues no existe despido, sino acuerdo de abono irregular de una indemnización por una baja voluntaria”.

La Fiscalía Provincial de Madrid considera que “la denuncia presenta unos hechos y actuaciones susceptibles de integrar los preceptos invocados, y que podrían motivar el ejercicio de la acción penal”. Y añade: “No obstante, es preciso aun acreditar previamente ciertos los hechos y afirmaciones contenidos en la denuncia”.

El fiscal advierte de que desconoce “la forma en la que se adoptaron las decisiones en el ICAM”, qué personas intervinieron en ellas y el “carácter y naturaleza” de los fondos empleados en el presunto delito. En este sentido, añade el fiscal, no cabe “aún otorgar la condición de sospechoso” al denunciado, Eugenio Ribón, si bien considera que debe ser informado de la denuncia y las diligencias abiertas.

Consultado el ICAM por la denuncia de ALA y la apertura de diligencias de investigación por parte de la Fiscalía, un portavoz oficial ha dicho que se trata de “una asociación minoritaria de abogados, de marcado signo político” y que, ante la misma, “el Colegio va a articular su defensa con absoluta contundencia por lo que considera unos hechos manifiestamente infundados”. “Pretender transformar un acto de conciliación por despido, enmarcado en la absoluta normalidad en las relaciones laborales, en indicios penales, supone tergiversar la realidad jurídica de lo acontecido con claros fines espurios”, añade.

Contra el fiscal general

Eugenio Ribón fue elegido decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid en diciembre de 2022. Su candidatura, una de las de definido corte conservador que se presentaron, obtuvo 3.680 votos de los 5.598 votos emitidos. La escasa participación es tónica habitual en las convocatorias electorales del ICAM, a las que los colegiados deben acudir para depositar su voto de forma presencial. El ICAM es el órgano de representación de abogados con más colegiados de Europa, cerca de 73.000.

El mandato de Ribón está marcado por la presentación de una denuncia por revelación de secretos en relación con la publicación de una nota de prensa por la Fiscalía General del Estado en el marco del caso del defraudador confeso Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.

La nota de prensa desmentía informaciones falsas que aseguraban que la Fiscalía provincial de Madrid había ofrecido un pacto a González Amador para que reconociera sus dos delitos fiscales y devolviera el dinero, a cambio de solicitar una pena que no supusiera su ingreso en prisión. Algunas de esas informaciones añadían que esa oferta fue retirada con posterioridad por orden de la Fiscalía General. 

Ribón convocó una rueda de prensa para anunciar una denuncia del ICAM y durante la misma el decano afirmó que se trataba de hechos de “extrema gravedad” que suponían “una ruptura del secreto profesional que ampara las comunicaciones de letrados”. La denuncia fue admitida y terminó derivando en la imputación del fiscal general, Álvaro García Ortiz, y de la fiscal jefe provincial, Pilar Rodríguez. 

Sin embargo, el Tribunal Supremo determinó que aquella nota de prensa que indignó a Ribón no suponía ninguna revelación de secretos, aunque continuó adelante con la causa por la publicación de un correo electrónico que apuntalaba que las informaciones que atribuían a la Fiscalía la oferta del pacto eran un bulo. El ICAM de Ribón sigue siendo parte activa del proceso contra el fiscal general pese a que en su declaración como testigo reconoció en el Supremo que el Colegio de Abogados solo consideró delictiva la nota de prensa y no la publicación del correo.

El ICAM relaciona la denuncia por las presuntas irregularidades en la salida del anterior director jurídico con su denuncia por revelación de secretos. “El Colegio no va a cesar en su tarea de defender el derecho de defensa y las prerrogativas asociadas, como es el secreto profesional, sin que este tipo de iniciativas tendenciosas vayan a desviar un ápice los fines y funciones de la Junta de Gobierno que otorga y encomienda la ley”, ha añadido a preguntas de elDiario.es.