La secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado ha remitido un oficio a los fiscales superiores en el que traslada la necesidad de tener “información de mayor calidad” sobre las investigaciones abiertas en torno a las muertes de ancianos en las residencias durante la pandemia de COVID-19. Un oficio en el que el teniente fiscal Diego Villafañe pide datos sobre el número de diligencias que hay en marcha y en el que pide que los familiares de los fallecidos, a quienes considera “víctimas indirectas”, sean escuchados a lo largo del proceso y se les tome declaración.
En las primeras semanas de pandemia la Fiscalía General puso en marcha diversas investigaciones tanto desde el punto de vista penal como también desde la jurisdicción civil después de que diversas informaciones desvelaran no sólo el fallecimiento de personas de avanzada edad en estos centros, sino el estado en que se encontraban algunos de ellos. Residentes conviviendo con cadáveres, por ejemplo, fueron algunas de las cosas que los miembros de la Unidad Militar de Emergencias encontraron en algunos de estos centros.
El Ministerio Público llegó a contabilizar más de dos centenares de investigaciones abiertas por todo el país y en torno a una decena permanecen judicializadas. Ahora reclama a las fiscalías territoriales que actualicen esos datos en el plazo de un mes e insta a que lo sigan haciendo de manera trimestral. Tanto las causas tramitadas por el Ministerio Público como las tramitadas en los juzgados como también el número de denuncias y querellas recibidas.
Este oficio también da orden a los fiscales para impulsar las causas y que los familiares de los fallecidos tengan un mayor protagonismo a la hora de aportar información sobre lo que sucedió esas semanas en las residencias de todo el país, donde fallecieron miles de ancianos. Solicita que sean escuchados cuando la investigación esté en manos de la Fiscalía y también cuando el caso se judicialice. Considera a los familiares “víctimas indirectas” de lo ocurrido.
Para la Fiscalía General, “resulta de especial importancia proporcionar a las víctimas y sus familiares la atención y tutela que el Ministerio Fiscal les debe dispensar, garantizando su protección procesal”. Para conseguir esto, sigue Villafañe en el oficio difundido este viernes, la Fiscalía debe asegurarse de que los familiares “sean oídos e informados en el curso de las diligencias de investigación y del procedimiento penal y que, en su caso, puedan aportar las fuentes de prueba y la información que estimen relevante para el esclarecimiento de los hechos”.