La Audiencia Nacional, a petición de la Fiscalía, ha decidido enviar a prisión preventiva al exjuez Fernando Presencia, condenado por prevaricar e investigado por enriquecerse con noticias y denuncias falsas. El Ministerio Público ha solicitado al juez Gadea que tome esta medida contra Presencia después de que ayer no se presentara a su cita con el magistrado que le investiga desde hace más de un año. Los ultras Alberto y Santiago Royuela y el periodista Juan Martínez Grasa, acusados de formar parte de su grupo de difusión de noticias falsas, fueron enviados ayer a Soto del Real.
La Fiscalía lo ha pedido este mediodía al entender que hay riesgo de que Presencia se fugue, destruya pruebas y de que siga delinquiendo si no es llevado a Soto del Real. Ahora el juez entiende que su incomparecencia del miércoles evidencia “su intención de obstaculizar la labor judicial” y el riesgo de fuga que existe. Y se sorprende el juez Gadea de que Presencia, condenado por prevaricar dos veces y expulsado de la carrera judicial, siga afirmando que es magistrado en activo: “Lo más llamativo es que une a esta condición de magistrado un halo de impunidad, que se presenta especialmente incoherente con quien se encuentra frente a una Asociación que pretende luchar contra la corrupción”, reprocha.
Presencia fue juez decano de la localidad de Talavera de la Reina hasta que el Tribunal Supremo confirmó dos condenas para él por prevaricación que le apartaron de manera permanente de la carrera judicial. Dos condenas por favorecer a amigos y conocidos desde su juzgado en diversos pleitos que él, desde entonces, atribuye a una conspiración judicial y política contra él por denunciar la corrupción y, en su momento, haber promovido la dación en pago.
Presencia ha dedicado los últimos años a denunciar masivamente a vocales, jueces, funcionarios y políticos que en algún momento hayan fallado en contra de sus intereses, acusándoles a veces de tener dinero oculto en paraísos fiscales y a veces de formar parte de una organización internacional de asesinos. Para esto se ha aliado con Alberto y Santiago Royuela, ultraderechistas barceloneses conocidos por haber impulsado el conocido como 'Expediente Royuela': miles de documentos supuestamente falsos para acusar en masa a jueces y fiscales de asesinar a gente en secreto.
Todos llevan más de un año bajo la lupa de la Justicia por la difusión masiva de estas noticias falsas y la interposición de denuncias que la Audiencia Nacional y la Fiscalía consideran igualmente falsas. Por difundirlas y por lucrarse con ellas, consiguiendo que la gente done dinero para la causa a través de una asociación, ACODAP, que en realidad según los investigadores solo servía para canalizar miles de euros a los bolsillos de Presencia y algunos de sus socios.
El juez pisó el acelerador del caso cuando la semana pasada decidió llamarles a todos a declarar para decidir si tomaba algún tipo de medida preventiva contra ellos. La razón: un año después del arranque de la causa y múltiples advertencias y cautelares después, las noticias y denuncias falsas seguían fluyendo, como seguía fluyendo el dinero por las cuentas de ACODAP y Presencia. Este jueves, el fiscal del caso ha afirmado ante el juez que Presencia se “cobija” en esa pasada condición de juez para conseguir una “inmunidad” que no tiene “ni el Jefe del Estado”.
Los Royuela, encarcelados
Presencia no acudió ayer a la citación de Gadea, pero sí lo hicieron tres de sus colaboradores: Alberto Royuela, Santiago Royuela y Juan Martínez Grasa. El instructor les envió a prisión provisional a petición de la Fiscalía alegando, entre otras cosas, que el entramado que investiga había seguido funcionando a pleno rendimiento desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista informativo.
En los autos de prisión conocidos el miércoles, Gadea afirmó que Presencia “habría puesto en marcha una estructura exclusivamente encaminada al enriquecimiento ilícito propio y de algunos de los miembros más cercanos de la organización mediante la difusión de noticias falsas”.
La asociación ACODAP, según este magistrado de la Audiencia Nacional, no es sino una tapadera para vestir el enriquecimiento personal de Presencia. Es, según el instructor, “el medio corrupto por el que, al parecer, se enriquecerían sus miembros y parientes, empezando por su presidente, Fernando Presencia Crespo, quien una vez separado de la Carrera Judicial carecía de ingreso alguno, y que la pretendida intención de actuar contra la corrupción no sería más que un falso reclamo para atraer aportaciones y donaciones anónimas”.
Sus denuncias, basadas en supuesta documentación bancaria obtenida por Alberto Royuela, han llevado a varios colaboradores de Presencia a un nuevo frente judicial: Eva Kaili, ex vicepresidenta del Parlamento Europeo acusada de participar en una trama de sobornos procedentes de Qatar, ha denunciado a Royuela y a Martínez Grasa por dirigir contra ella una de sus múltiples denuncias falsas.