La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide que Josep Lluis Trapero, exmajor de los Mossos, 11 años de prisión por un delito de rebelión. Solicita la misma pena exdirector de los Mossos Pere Soler y al exsecretario general de Interior de la Generalitat César Puig. Para la intendente Teresa Laplana pide cuatro años de prisión por un delito de sedición. El escrito señala que la cúpula de los Mossos se sumó al plan secesionista “poniendo a disposición de este la actuación del cuerpo policial de Mossos d'Esquadra”.
El ministerio público considera que Trapero y sus superiores cometieron un delito de rebelión al tratar de declarar la independencia de una parte del territorio y al “sustraer cualquier clase de fuerza armada a la obediencia del Gobierno”. En su escrito, la Fiscalía recuerda que el Código Penal castiga a “los que ejerzan un mando subalterno, con la de prisión de diez a quince años” de prisión.
En su escrito, la Fiscalía repasa los hechos del 20 y 21 de septiembre de 2017, cuando la Guardia Civil desplegó en Catalunya una operación contra los preparativos del referéndum y se encontraron con una manifestación en la calle: “La muchedumbre, ya desde por la mañana, rodeó los vehículos de la Guardia Civil que terminaron devastados y destrozados, interior y exteriormente, incluidas las armas que se encontraban en su interior”.
La Fiscalía recuerda que la letrada de la Administración de Justicia tuvo que abandonar la Consellería de Economía, donde se realizaban registros, por un edificio anexo debido a la concentración de manifestantes que había a las puertas. A pesar de que se informó a los superiores de los Mossos de esos incidentes, añade el escrito, no se adoptaron medidas para “proteger a quienes estaban cumpliendo el mandato judicial”.
Asi, acusan a Trapero y Laplana de “cooperar de forma decisiva, consciente e intencionada con los fines perseguidos por las instituciones catalanas”, para lo que impidieron las diligencias judiciales y “propiciando con su deliberada pasividad, la concentración durante horas de una gran masa de personas en actitud obstaculizadora y hostil”. Laplana, intendente de los Mossos, rechazó en varias ocasiones enviar apoyo a los agentes de la Guardia Civil, según la Fiscalía, que destaca la interlocución constante de Trapero con los líderes de ANC y Òmnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.
Todos se sumaron al “plan secesionista”
Según la Fiscalía, tanto Trapero como Puig y Soler “se sumaron al plan secesionista, poniendo a disposición de este la actuación del cuerpo policial de Mossos d'Esquadra”. Según el escrito entregado ya en la Audiencia Nacional, los acusados “alertaban de la actuación de otros cuerpos policiales y facilitaron información a los impulsores del proceso para garantizar el buen fin del mismo, al tiempo que daban a estos cobertura y protección”.
En concreto, sobre Trapero, la Fiscalía de la Audiencia Nacional señala que diseñó “de forma deliberada unos mecanismos de actuación que impidieron que los agentes de los Mossos pudieran cumplir con las instrucciones dadas por el Ministerio Fiscal y con las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña”, que ordenó cerrar los colegios electorales e impedir que se utilizasen como centros de votación para el 1-O. Soler y Puig, destaca el escrito, eran conocedores de esta orden y estaban advertidos de sus responsabilidades penales si no cumplían con sus obligaciones.
Además, añaden que por su relación con los políticos independentistas “el responsable de los Mossos empleaba su máxima autoridad para informar de las investigaciones judiciales y policiales que estaban realizando”.
El escrito también hace mención a las distintas reuniones de coordinación con la Fiscalía de Catalunya y los responsables de la Policía y Guardia Civil. Sin embargo, argumenta la Fiscalía, los acusados idearon junto al exconseller Joaquín Forn -al que la Fiscalía del Supremo pide 17 años de prisión- “los pasos a seguir durante los días 29 de septiembre hasta el día 1 de octubre”.
“Aparentando el cumplimiento de las órdenes recibidas del Ministerio Fiscal y del Poder Judicial, diseñaron un plan de actuación fraudulento, en cuanto que deliberadamente ineficaz. De esta forma se promovió la inacción y dejación de funciones por parte de los miembros del cuerpo de los Mossos d'Esquadra, contribuyendo de forma decisiva a la movilización ciudadana que, con su fuerza coactiva, pretendían el cumplimiento de los objetivos secesionistas”, añade la Fiscalía.
Un dispositivo insuficiente para el 1-O
La Fiscalía dedica una parte de su escrito a lo ocurrido durante la jornada del referéndum. Señala que se diseño un dispositivo que contemplaba un binomio de agentes por cada centro de votación para impedir que esta se celebrase, “lo que claramente resultaba insuficiente a los fines de lo ordenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC)”.
Los Mossos no desplegaron a sus unidades de orden público. Además, destacan que en solo 24 locales se impidió la votación, pero añade la Fiscalía que “la mayoría de centros de votación que formalmente fueron cerrados por los Mossos d’Esquadra se trataba de centros que no habían llegado a abrir o donde la votación ya había concluido cuando los agentes intervinieron”.
En general, los Mossos mantuvieron “una actitud pasiva e intencionadamente tolerante con la votación. Incluso, en algunas ocasiones, se produjeron enfrentamientos con los agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil para impedir o dificultar que estos cumpliesen con lo ordenado por la autoridad judicial”. En algunos puntos, los ciudadanos entregaron a los Mossos las urnas “cuando ello ya no afectaba al éxito de la votación”.
“En definitiva, la presencia de agentes de este cuerpo fue, por indicación de los acusados, voluntariamente pasiva, como ya se ha dicho reiteradamente, sin que en ningún caso los mismos mostraran una actitud de colaboración hacia la actividad que realizaban los funcionarios de la Policía Nacional y la Guardia Civil en cumplimiento de lo ordenado en el Auto del Tribunal Superior de Justicia, y sí de activa oposición en algunas ocasiones”, resume la Fiscalía.
De la sedición a la rebelión
Hasta ahora, la Fiscalía de la Audiencia no había acusado de rebelión, un delito castigado con hasta 30 años de cárcel, a los acusados en este proceso. La primera querella se presentó por un delito de sedición, y así se ha mantenido durante toda la instrucción.
De hecho, la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela dictó auto de procesamiento el pasado 5 de abril por los delitos de organización criminal y dos delitos de sedición por los hechos ocurridos el 20 y 21 de septiembre frente a la Consejería de Economía -cuando una concentración dificultó una operación policial contra los preparativos de referéndum- en Barcelona y la jornada del 1 de octubre.
Además, la magistrada procesó por organización criminal y un único delito de sedición, por el 1 de octubre, al ex director de los Mossos Pere Soler y al exsecretario general de Interior de la Generalitat César Puig. La intendente Teresa Laplana fue también procesada por un delito de sedición, en su caso por los hechos del 20 y 21 de septiembre.