La Fiscalía de Madrid ha presentado una querella contra el juez Elpidio José Silva por prevaricación, retardo malicioso en la Administración de Justicia y por dos delitos contra la libertad individual durante su instrucción del caso Blesa. El fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, considera, al querellarse por dos delitos contra la libertad individual, que el envío a prisión del expresidente de Caja Madrid fue ilegal.
El escrito remitido a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid denuncia que Silva faltó a sus “deberes legales” al dictar prisión para Miguel Blesa en dos ocasiones: la primera, bajo fianza de 2,5 millones de euros y, la segunda, tres semanas después incondicional sin fianza porque consideró “no creíble” la versión del exbanquero sobre la compra del City Bank de Florida.
En esta segunda ocasión, Blesa salió de la cárcel de Soto del Real después de que la Audiencia Provincial estimara la petición del Ministerio Público y declarara nula la causa abierta por el expresidente de Caja Madrid por la concesión de un crédito de 26,6 millones de euros al expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, cuando era consejero de la entidad.
El fiscal jefe de Madrid insiste en que Silva reabrió la causa a pesar de que no había nuevas pruebas contra Miguel Blesa y considera que las actuaciones del juez se tomaron a instancias de las peticiones de la asociación ultraconservadora Manos Limpias que, a su juicio, no estaba correctamente personada en la causa. También considera que las medidas cautelares establecidas por Silva al enviar a Blesa a prisión no eran acordes a Derecho “pues ni había riesgo de fuga ni constaba peligro alguno de afectación de las fuentes de prueba”.
En cuanto al “retardo malicioso”, la Fiscalía considera que Silva retrasó algunas actuaciones y trámites para “disponer de tiempo para realizar una instrucción de carácter prospectivo”. En concreto, el Ministerio Público destaca que el juez tardó seis meses en pronunciarse sobre el recurso interpuesto contra la providencia dictada el 7 de diciembre de 2012 en la que se abrían las actuaciones ahora anuladas. También señala que no dio trámite hasta abril de 2013 “a los recursos interpuestos contra el Secreto de las actuaciones” acordado un año antes “con el fin de impedir a las defensas acceder al procedimiento, procediendo a levantar de motu proprio dicho secreto el 29 de abril de 2013 sin haber resuelto sobre los recursos interpuestos”.
El juez Elpidio José Silva ha denunciado “todo tipo de presiones” e “injerencias” desde que inició la instrucción del Caso Blesa e incluso presentó una denuncia y solicitud de amparo ante el Consejo General del Poder Judicial, que la institución inadmitió a trámite.
En 2009 la asociación ultraconservadora Manos Limpias presentó una querella contra el expresidente de Caja Madrid y el de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, por un presunto préstamo irregular que la entidad concedió al Grupo Marsans, del que Ferrán era consejero delegado, que ascendía a 26,6 millones de euros. El juez Silva ejecutó las actuaciones pertinentes, que le llevaron al sobreseimiento provisional de la causa en febrero de 2010.
La misma organización presentó dos años después una nueva querella ante la Audiencia Nacional contra Miguel Blesa y Rodrigo Rato por la gestión de Caja Madrid y Bankia. El tribunal admitió la denuncia contra Rato pero se inhibió de la actuación contra Blesa en favor del juzgado de instrucción número 9 de Madrid, el de Silva, porque ya tenía una investigación abierta -la de la querella presentada en 2009.
A raíz de esa querella, el juez Silva reabrió en noviembre las diligencias previas. La instrucción del caso siguió adelante, a pesar de la oposición de la Fiscalía que requirió a la Audiencia Provincial la anulación del caso. Sin embargo, la Audiencia no se pronunció y tanto Blesa como Ferrán tuvieron que comparecer ante el juez al que dijeron que el préstamo se había realizado con todas las garantías.
Meses más tarde, en mayo de 2013 Silva, a partir de las nuevas pruebas que había aportado la acusación particular, tomó declaración a Blesa sobre la compra del banco americano. El magistrado consideró que había cometido un delito societario, falsedad en documento público y apropiación indebida y decretó prisión provisional bajo fianza de 2,5 millones de euros, que el expresidente de Caja Madrid pagó tras pasar 24 horas en la cárcel.
Dos semanas después, el juez citó a declarar con carácter urgente a Blesa tras la recepción de correos electrónicos que le hicieron pensar que existía un “significativo agravamiento de la pena imputable”. Tras la declaración, Silva decretó prisión sin fianza para el expresidente de Caja Madrid. La Fiscalía solicitó de nuevo a la Audiencia Provincial que anulara la causa y, en esta ocasión, el tribunal emitió un auto en el que anulaba la reapertura de la investigación e instaba al magistrado a volver a la situación procesal de febrero de 2010 al entender que no existían nuevos indicios que justificaran la reanudación de la investigación y al considerar que las decisiones del juez eran una “causa general” contra los culpables de la crisis.