La encarcelación y puesta en libertad del expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, dos veces en un mes ha revolucionado los juzgados en las últimas semanas, ya que ha provocado un intercambio de opiniones opuestas entre el juez instructor del caso, Elpidio José Silva, la Fiscalía y la Audiencia Provincial de Madrid, que ha culminado con la liberación de Blesa y una declaración del magistrado en la que reconoce que no sabe si parte de la causa está anulada o no.
Para entender el embrollo judicial, es necesario remontarse al año 2009, cuando la asociación ultraconservadora Manos Limpias presentó una querella contra el expresidente de Caja Madrid y el de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, por un presunto préstamo irregular que la entidad concedió al Grupo Marsans, del que Ferrán era consejero delegado, que ascendía a 26,6 millones de euros. Los demandantes consideraban que se había incurrido en los presuntos delitos de estafa, societario y falsedad documental.
El juez Silva ejecutó las actuaciones pertinentes, que le llevaron al sobreseimiento provisional de la causa en febrero de 2010. Esta decisión se toma “cuando no resulte debidamente justificada la perpetración del delito que haya dado motivo a la formación de la causa”, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero no supone el archivo definitivo de la misma ante la posibilidad de que aparezcan nuevas pruebas.
La misma organización presentó dos años después una nueva querella ante la Audiencia Nacional contra Miguel Blesa y Rodrigo Rato por la gestión de Caja Madrid y Bankia. El tribunal admitió la denuncia contra Rato pero se inhibió de la actuación contra Blesa en favor del juzgado de instrucción número 9 de Madrid, el de Silva, porque ya tenía una investigación abierta -la de la querella presentada en 2009.
A raíz de esa querella, el juez Silva reabrió en noviembre las diligencias previas. La instrucción del caso siguió adelante, a pesar de la oposición de la Fiscalía que requirió a la Audiencia Provincial la anulación del caso. Sin embargo, la Audiencia no se pronunció y tanto Blesa como Ferrán tuvieron que comparecer ante el juez al que dijeron que el préstamo se había realizado con todas las garantías.
Meses más tarde, en mayo de 2013, con Díaz Ferrán en la cárcel por otra causa -el vaciamiento de Marsans-, Silva, a partir de las nuevas pruebas que había aportado la acusación particular, tomó declaración a Blesa sobre la compra del banco americano. El magistrado consideró que había cometido un delito societario, falsedad en documento público y apropiación indebida y decretó prisión provisional bajo fianza de 2,5 millones de euros, que el expresidente de Caja Madrid pagó tras pasar 24 horas en la cárcel.
Dos semanas después, el juez citó a declarar con carácter urgente a Blesa tras la recepción de correos electrónicos que le hicieron pensar que existía un “significativo agravamiento de la pena imputable”. Tras la declaración, Silva decretó prisión sin fianza para el expresidente de Caja Madrid. La Fiscalía solicitó de nuevo a la Audiencia Provincial que anulara la causa y, en esta ocasión, el tribunal emitió un auto en el que anulaba la reapertura de la investigación e instaba al magistrado a volver a la situación procesal de febrero de 2010 al entender que no existían nuevos indicios que justificaran la reanudación de la investigación y al considerar que las decisiones del juez eran una “causa general” contra los culpables de la crisis. Sin embargo, desde Manos Limpias, que ejerce la acusación particular, denuncian que “la Audiencia ha falseado el auto porque no tiene en cuenta que hay una nueva querella y nuevos elementos”. “Elabora un auto a la medida para hacer ver que el juez ha cometido errores procesales y eso no es así. En la nueva querella metimos más cosas, entre ellas las preferentes”, señala un portavoz de la acusación.
Ante el varapalo de la Audiencia, el juez Silva, que ha denunciado “presiones e injerencias”, emitió un auto en el que acataba las órdenes y dejaba en libertad al exbanquero, aunque admitió, en una entrevista con eldiario.es, no saber si volver a la situación de 2010 implica también que la causa del banco de Florida, por la que Blesa entró en prisión, “está anulada”.