La Fiscalía considera que el primo del alcalde de Madrid, Carlos Martínez-Almeida, no debe declarar en el caso mascarillas ni como testigo ni como imputado. En un escrito al que ha tenido acceso elDiario.es, el Ministerio Público reconoce que él fue el enlace entre el Ayuntamiento y los empresarios, pero entiende que su declaración como investigado es “irrelevante” para la investigación. También pide que se mantenga la declaración como testigo de Elena Collado, alto cargo del Ayuntamiento que gestionó la compra de material sanitario que Alberto Luceño y Luis Medina trajeron desde China.
Se trata de un escrito fechado ayer mismo que va en la línea de lo mantenido hasta ahora por la Fiscalía, que nunca llamó a declarar al primo del alcalde durante su año y medio de investigación. Lo mismo sucede con Elena Collado, coordinadora de presupuestos, a quien el fiscal Luis Rodríguez Sol tomó declaración como testigo en 2021 y cuya imputación habían pedido las acusaciones populares.
El juez decidió preguntar a las partes hace unos días si Carlos Martínez-Almeida debía declarar como testigo o como imputado. El sumario revela que Luis Medina contactó con él para intentar llegar hasta el Ayuntamiento y que él le proporcionó el correo electrónico de la alto cargo, Elena Collado, que gestionaba en esos momentos la compra de material sanitario.
Esa declaración, dice la Fiscalía, “resulta irrelevante a los efectos de investigar los presuntos delitos que son objeto de la presente causa, pues se cometieron con posterioridad a la intervención de Carlos Martínez-Almeida”. Tampoco hay indicios de que interviniera en un delito de tráfico de influencias, pero reconoce que su conducta se limitó a “facilitar los datos de contacto de la persona que gestionaba la compra de material sanitario”.
Han sido varias acusaciones las que han pedido que Elena Collado comparezca como imputada y no como testigo y el juez decidió suspender la testifical que estaba programada para el próximo 9 de mayo. En su declaración ante el fiscal Rodríguez Sol, Collado aseguró que había sido engañada por los empresarios y que en sus múltiples conversaciones con Luceño nunca mencionó que ellos fueran a cobrar una comisión de más de la mitad del precio del total de los contratos.
Sobre Collado, la Fiscalía descarta rotundamente que se le pueda imputar un delito de malversación de caudales públicos. “Los hechos podrían revelar, a lo sumo, una conducta negligente de la señora Collado, pero para cualquiera que analice objetivamente las diligencias, resulta evidente que no tuvo en ningún momento intención de causar un quebranto al erario público”, dice la Fiscalía. Además ella no tenía poder para disponer de esos fondos.
Tampoco se le puede atribuir ningún delito relacionado con la estafa que se atribuye a Luceño y Medina. Ella, dice la Fiscalía, fue “la persona principal y directamente engañada por los investigados”.