La Fiscalía ha pedido que no se suspenda de manera cautelar el proceso de colaboración entre la Justicia española y la de Andorra en el marco de la investigación sobre la 'Operación Cataluña' en la que está imputado el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy. El Ministerio Público de Madrid se ha opuesto a la petición cautelar de Rajoy de suspender la comisión rogatoria enviada por la jueza de Andorra que investiga el caso, después de que la Justicia española sí haya aceptado dejarlo en suspenso durante unos días de forma cautelarísima.
Esta comisión rogatoria fue enviada por una jueza de Andorra el pasado mes de junio y en ella se anunciaba la imputación de Mariano Rajoy, los exministros Montoro y Díaz y varios antiguos altos cargos políticos y policiales del Gobierno del PP en el marco de una investigación sobre presuntas coacciones al gobierno andorrano para obtener datos bancarios sobre la familia del expresident Jordi Pujol.
Rajoy inició entonces una batalla legal contra el curso de esta comisión rogatoria, centrada en comunicarles su imputación y que dejaba la puerta abierta a la posterior gestión de sus declaraciones como imputados. El Tribunal Superior de Madrid aceptó suspenderla de forma cautelarísima pero ahora ha sido la Fiscalía la que, en fase de cautelares, ha pedido que el proceso siga adelante.
Para la Fiscalía de Madrid, el “cuestionamiento” que hace Rajoy de la actuación de la Dirección General de Cooperación Internacional sería, en su caso, “un examen de legalidad ordinaria, no susceptible de evaluarse por el procedimiento especial de derechos fundamentales” y rechaza que el proceso de tramitación de la comisión rogatoria se vea paralizado.
A lo largo de este proceso, Rajoy ha alegado entre otras cosas “falta de control de legalidad de conformidad con la legislación nacional y convencional en materia de cooperación internacional”. Muchas de estas gestiones ya se habían realizado, reconoce, pero pedía la suspensión de “la tramitación de la Comisión Rogatoria Internacional paralizando el envío de la información recibida del Juzgado de Instrucción 32 a las autoridades andorranas”.