El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata debe decidir en las próximas horas si sigue adelante en la investigación de la caja B o pone fin a la instrucción de la causa que indaga en la financiación irregular del PP nacional. Este miércoles finaliza la última prórroga concedida como causa declarada compleja y la acusación popular de Izquierda Unida ha solicitado una nueva de otros seis meses. La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto porque da por agotada la instrucción, han informado a eldiario.es fuentes jurídicas.
La fecha de celebración del juicio de la caja B del PP es hoy una incógnita. La numeración de las piezas separadas de Gürtel apuntaba su arranque a después del juicio de la Primera Época, cuya sentencia se conoció el pasado 24 de mayo. A día de hoy, sin embargo, no hay siquiera tribunal para juzgar la causa. El magistrado Juan Pablo González se convirtió en el tercer juez apartado por su proximidad al PP el pasado 27 de abril y el progresista José Ricardo de Prada ha solicitado una excedencia para integrar el Tribunal Penal Internacional de La Haya. El único miembro fijo del tribunal de caja B es, hoy por hoy, la presidenta de la Sección Segunda, María José Rodríguez Duplá.
La eventual decisión de De la Mata de prorrogar la instrucción no daría respiro en los tribunales al Partido Popular, que ha visto como la sentencia de Gürtel hace taxativas afirmaciones sobre la existencia de una financiación irregular en el seno de la formación política durante más de veinte años. Su contenido fomentó la moción de censura que ha desalojado al PP del poder y ha provocado la retirada de la política de Mariano Rajoy, anunciada este mismo martes. Los posibles avances en la investigación de la caja B coincidirán, por tanto, con la batalla interna en el PP por la sucesión del ya expresidente del partido y el Gobierno.
El caso de la caja B entró en fase de juicio oral hace ya tres años, en mayo de 2015. Sin embargo, las revelaciones en el primer gran juicio de Gürtel decidieron al juez De la Mata a revertir el archivo de la causa dictado contra la veintena de empresarios acusados de entregar dinero negro al PP a cambio de adjudicaciones. La inexistencia del delito de financiación irregular en el momento de los hechos y la imposibilidad de demostrar que las donaciones eran finalistas, esto es, a cambio de adjudicaciones concretas, había provocado ese archivo para ellos.
Las confesiones del juicio de Gürtel
Con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción, De la Mata ordenó la reapertura del caso de la caja B e intentó que Francisco Correa ratificara sus afirmaciones durante el juicio de Gürtel, entre ellas el sistema que anidó en el Consejo de Ministros durante el Gobierno de Aznar, consistente en adjudicar la gran obra pública a cambio de mordidas de entre el 2 y el 3% que se repartían entre los intermediarios y la contabilidad paralela del PP. Pero el cabecilla de Gürtel eludió hacerlo ante el juez encargado de la investigación.
En el mismo auto de reapertura, De la Mata también consideró imputado al constructor Alfonso García-Pozuelo que, tras llegar a un pacto con Anticorrupción, reconoció en el juicio haber entregado dinero negro con destino a “organismos centrales” del PP. Otro intermediario, Plácido Vázquez, volvía a tener la condición de imputado.
El afán investigador de las acusaciones populares y del propio De la Mata no decayó. Las revelaciones sobre la financiación irregular del PP que han surgido en otros casos como Lezo han motivado que sus protagonistas sean llamados a declarar por el magistrado instructor de la caja B. Es el caso del empresario Javier López Madrid, yerno de Villar Mir e imputado en Púnica o Lezo por la financiación irregular del PP de Madrid. Ante De la Mata han desfilado Eduardo Zaplana o Ignacio González, igualmente por los descubrimientos en la instrucción de Lezo.
Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción considera que sus medidos testimonios no han aportado información relevante como para seguir estirando la instrucción y por eso se han opuesto a la prórroga que solicita Izquierda Unida. Esos testimonios, añaden las fuentes consultadas, son relevantes para las causas en las que se produjeron, pero apenas han aportado nada al caso de la caja B y a la convicción, trasladada en el escrito de acusación presentado hace tres años, de que esa contabilidad paralela existió y que de ella salió el dinero de la reforma de Génova.
Ignacio González, por ejemplo, acusó en su declaración en caja B al fallecido Álvaro Lapuerta, en su momento tesorero nacional del PP, de querer controlar las adjudicaciones de obras que se daban por la Comunidad de Madrid.
En las grabaciones del caso Lezo apareció un comentario de Ignacio González en el que aseguraba que el responsable de Intereconomía, Julio Ariza, había intentado chantajear a Mariano Rajoy con un vídeo en el que un empresario confesaba haber entregado dinero al expresidente del PP y el Gobienro. Todos los implicados en ese asunto han declarado ante el juez De la Mata. El magistrado también ha incorporado la confesión de Ricardo Costa acerca de las mordidas de empresarios al PP valenciano durante el juicio de la pieza valenciana de Gürtel.
Aún está pendiente que De la Mata se pronuncie sobre la última petición de IU dentro de esta reapertura de la caja B, la declaración del empresario Vicente Cotino, cuya empresa aparece como donante del PP. Vicente Cotino fue detenido el pasado 22 de mayo en el marco de la Operación Erial, en la que también fue arrestado Eduardo Zaplana.