La Fiscalía de la Audiencia Nacional va a recurrir el auto de Manuel García Castellón en el que pide investigar al expresident de la Generalitat Carles Puigdemont con el argumento de que el magistrado instructor del procedimiento abierto contra Tsunami Democràtic ha introducido artificiosamente elementos del delito de terrorismo para arrogarse la competencia en la causa, han informado a elDiario.es fuentes fiscales. En su escrito, el Ministerio Púbico expondrá que los indicios descartan que pueda haber delito de terrorismo. Y que, al haber desaparecido del Código Penal el delito de sedición, la causa solo puede seguirse por desórdenes públicos y en los juzgados de Barcelona.
La Fiscalía preparaba un informe, solicitado por el juez el pasado viernes, sobre quién consideraba que debía ser imputado en esta causa. Sin embargo, el magistrado ha decidido no esperar a que el Ministerio Público concluyera su informe, coincidiendo su decisión con el momento álgido de la negociación para una ley de amnistía que facilite la investidura de Pedro Sánchez con el apoyo de los independentistas catalanes.
Tras recibir la semana pasada la Guardia Civil el informe definitivo del caso, se daba por descontada la imputación de Rovira. Pero el juez ha decidido ir más allá e incluir en las pesquisas a Puigdemont, a quien el instructor atribuye un “rol de liderazgo” en Tsunami en base a tres elementos: una conversación interceptada con otro investigado en la que hablan de la situación política y de las protestas y dos reuniones que aparecen en la agenda del director de su oficina de expresident, Josep Lluís Alay.
Por su condición de eurodiputado, el juez no pude imputar directamente a Puigdemont. En consecuencia, le ofrece declarar voluntariamente antes de “cursar el correspondiente suplicatorio” al Parlamento Europeo. Con todo, cabe recordar que el juez no puede enviar un suplicatorio a la Eurocámara, sino que tendría que hacerlo el Tribunal Supremo, órgano ante el que el expresident está aforado. Antes de ese paso, el instructor de la Audiencia Nacional debería mandar una exposición razonada al Alto Tribunal.
La decisión del juez llega después de días de pronunciamientos públicos contra la amnistía de los sectores conservadores de la judicatura y las fuerzas del orden. El magistrado abrió la causa de Tsunami en 2019 por terrorismo y la mantuvo secreta más de tres años, hasta que los magistrados que revisan sus decisiones le instaron a justificar por qué mantenía vedado el acceso a las actuaciones a las defensas. García Castellón también es conocido por las correcciones que ha recibido en otras causas que afectan a Podemos y por su negativa a sentar al PP en el banquillo por el caso Kitchen.
En la causa de Tsunami, el juez tendrá que abordar previsiblemente una petición de las defensas para que se aparte de la causa debido a sus declaraciones sobre la amnistía. Dijo que, como juez, no le era posible pronunciarse sobre la cuestión porque instruía causas relacionadas con el independentismo –las citadas CDR y Tsunami– pero adelantó que hablaría “como ciudadano”. “La amnistía no está prohibida en la Constitución, pero en la Constitución tampoco pone que esté prohibida la esclavitud”, afirmó en el Foro La Región.