La Fiscalía pide cerrar webs del referéndum y fianzas para miembros del Govern

La Fiscalía ha pedido el cierre de las webs a través de las que se está impulsando y dando “una apariencia de cobertura legal” al referéndum de independencia y que impongan fianzas si es necesario a los miembros del Govern para asegurar sus responsabilidades pecuniarias.

Esas son algunas de las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía en la querella que hoy mismo ha presentado contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el resto de miembros del Govern por posibles delitos de desobediencia, prevaricación y malversación por firmar la convocatoria del referéndum.

También ha reclamado que se aperciba a los alcaldes para que impidan que se facilite cualquier tipo de recurso o local para el referéndum y que se inste a todas las Fuerzas de Seguridad (Guardia Civil, Policía y Mossos) a que adopten las medidas necesarias para impedir el 1-O.

Asimismo, quiere que se aperciba a todos los medios de comunicación públicos y privados para que no inserten publicidad o propaganda sobre el referéndum.

El Ministerio Público solicita esas medidas para evitar la celebración del referéndum, dado que “parece obvio que la progresión de la conducta de los querellados no deja lugar a dudas sobre la verdadera intención de que se celebre un referéndum que tiene por finalidad desmontar todo el orden constitucional”.

Por ello, solicita el cese de actividad de las webs garanties.cat y https://connectat.voluntariat.gencat.cat/referendum207 desde las que se impulsa y da “apariencia de cobertura legal y normalidad” al referéndum y añade que esa medida cautelar se adopte para cualquier otro medio de comunicación, web o red social que realice la misma actividad.

Si el prestador de servicios está radicado fuera de España, se requerirá a los prestadores de servicios de intermediación que se impida acceder a esas webs desde España.

En cuanto a los medios de comunicación, solicita que se envíe un oficio a los directores de todos los que tengan sede en Cataluña, ya sean escritos o audiovisuales, públicos o privados, apercibimientos legales para que impidan la inserción de cualquier tipo de publicidad institucional o propaganda sobre el 1-O.

Algo parecido reclama para los alcaldes, en este caso con la petición de que no faciliten medios humanos y materiales, incluyendo locales, para ese objetivo.

Otra de las medidas solicitadas es el aseguramiento de que los querellados aseguren las responsabilidades pecuniarias en las que puedan incurrir, incluyendo la exigencia de fianzas “y, en su caso, el embargo de bienes en la cuantía o por el valor que prudencialmente se fije”.

En la querella, se recalca que se ha iniciado un procedimiento que implica un “importante gasto público” y el uso ilegal de fondos públicos.

En cuanto a las Fuerzas de Seguridad, en la línea de la instrucción dada por el fiscal general del Estado a los fiscales de Cataluña, solicita que se reclame a la Guardia Civil, Policía y Mossos las medidas necesarias para impedir la promoción, organización y celebración del referéndum ilegal.

Para ello, deberán intervenir los efectos o instrumentos destinados a tal fin, como urnas, sobres electorales, manuales de instrucciones para los miembros de las mesas, impresos o elementos informáticos.

Con ese fin, pide que, si es necesaria, se acuerde la pertinente orden de entrada y registro en domicilios y otros lugares que requieran autorización judicial.