El juez envía a prisión al candidato a president, Jordi Turull, y a Forcadell, Romeva, Bassa y Rull

El juez Pablo Llarena ha dictado esta tarde prisión provisional contra el candidato a president de la Generalitat, Jordi Turull, así como contra Carme Forcadell, Raül Romeva, Dolors Bassa y Josep Rull. El magistrado del 1-O atiende así la petición de la Fiscalía y de la acusación popular, que ejerce el partido de ultraderecha Vox.

Todos ellos están procesados por rebelión, según el auto que les ha notificado este viernes el juez Llarena. A cuatro de ellos -Rull, Turull, Bassa y Romeva, que formaban parte del Govern- les añade además el delito de malversación por haber desviado dinero público para la celebración del referéndum.

Sendos furgones de la Guardia Civil conducirán a los tres hombres procesados a la cárcel de Estremera en los próximos minutos. Las mujeres, Forcadell y Bassa, serán conducidas a Alcalá Meco, informan fuentes penitenciarias.

Los argumentos de Llarena para dictar prisión aparecen al final del auto de prisión. El juez argumenta la “gravedad” de las actuaciones que atribuye a los cinco procesados y “las expresiones generales del largo tiempo que ha precedido a la investidura” y que arrojan “la previsión de retomar la actuación que contiene el Libro Blanco”.

Llarena justifica también justifica el envío a prisión de los cinco procesados en que no ve signos de que vayan a despertar, ahora y en el futuro, sus decisiones judiciales. “Puede concluirse que no se aprecia en su esfera psicológica interna un elemento potente que permita apreciar que el respeto a las decisiones de este instructor vaya a ser permanente”, escribe el magistrado en el auto de prisión.

El instructor de la causa llega a esta conclusión por “su consideración general al papel de la justicia” y porque no aceptan “la presunta ilegalidad de la conducta que determina la restricción de sus derechos”.

En cuanto a la posibilidad de que se les permitiera acudir mañana sábado a la sesión de investidura, el juez afirma en el auto: “Aunque cualquier ciudadano tiene el reconocimiento de optar a una investidura democrática y representativa, la facultad no desactiva la obligación judicial de velar porque el ejercicio del derecho por aquel a quién se atribuye una grave actuación delictiva, no ponga en riesgo facultades de mayor relevancia y más necesitadas de protección”.

A la vistilla no se ha presentado Marta Rovira, que ha anunciado por carta que huye de España: “El exilio será un camino duro pero es la única forma que tengo de recuperar mi voz política”. El auto la acusa de rebelión por su “participación esencial” en los mecanismos diseñados para alcanzar la independencia de Catalunya.

Según fuentes jurídicas, la Fiscalía ha argumentado que se ha visto “agravado” el riesgo de fuga por la huida de Rovira. Los fiscales Fidel Cadena y Jaime Moreno también han argumentado que existe riesgo de reiteración delictiva, que no disminuye con la dimisión como diputados. Recuerdan que así lo ha puesto por escrito el Supremo en el auto por el que mantiene en prisión al exconseller de Interior Joaquin Forn.

Cabe recordar que Turull tiene previsto comparecer este sábado ante el Parlament para someterse a la segunda votación de su debate de investidura, y que Rull y Romeva mantienen el acta de diputado, a diferencia de Bassa y Forcadell, que junto a Rovira renunciaron este jueves.

Fuentes presentes en la declaración han indicado que la defensa de los exconsellers ha replicado a las acusaciones aduciendo la llamada al diálogo al Gobierno como línea de actuación política y su alejamiento de la vía unilateral, en línea de lo expresado por el exconseller Turull en su discurso de investidura de este jueves. Rull, además, ha reprochado al juez Llarena que tiene conocimiento de sus resoluciones a través de la prensa en vez de por su abogado.

Durante la vistilla, la Fiscalía del Supremo ha argumentado que debe “actuarse conjuntamente” contra todos los procesados, se hayan presentado a las citaciones o hayan huido. En su opinión, no hay razón alguna que justifique un trato diferencial en este momento del proceso, algo que no descartan en un futuro.

Llarena citó el pasado miércoles a todas las partes para entregarles este viernes el auto de procesamiento, donde se concretan las acusaciones contra los casi 30 investigados en esta causa. Ahora las defensas tienen tres días para recurrir ese escrito, que acerca el final de la causa.

La providencia que dictó Llarena convocaba a los letrados de todos los abogados, pero mencionaba expresamente a seis investigados: Carme Forcadell, Raül Romeva, Dolors Bassa, Marta Rovira, Josep Rull y Jordi Turull. Con los indicios presentes en la causa hasta ahora, Llarena ha preguntado a la Fiscalía y a la acusación popular -que ejerce Vox y que ha anunciado que pide prisión para todos-, si deben modificarse las medidas cautelares, esto es, si consideran que se dan los supuestos para que ingresen en prisión o, en su defecto, rebajarles o aumentarles la fianza e igual con las comparecencias en el juzgado.

Rovira ya ha anunciado que huye de España y que no se presentará a la citación. La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que el riesgo de fuga es motivo para dictar la prisión provisional y ésta, a su vez, se asocia a la posibilidad de ser condenado a muchos años de cárcel. Los abogados de la defensa temen que sus representados sean procesados por rebelión y, a partir de ahí, se desate la citada asociación de riesgos.