El segundo informe del médico forense adscrito al Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid afirma que “la hecatombe en España” que ha devenido en la crisis sanitaria por la pandemia de coronavirus “se veía venir” desde semanas antes del 8 de marzo y que tanto el ministro de Sanidad, Salvador Illa, como el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, conocían la situación.
“Un tsunami se prevé, se sabe que va a venir porque ha existido un fenómeno previo, terremoto con epicentro en el fondo del mar, que así lo indica. La situación de hecatombe en España se veía venir. No sólo porque 'a posteriori' es más fácil de analizar, soy consciente de ello, sino porque quien sabe sobre epidemiología -los profesionales del CCAES- y se dedica a ello domina los parámetros predictivos y no es algo imprevisible, como afirmó una destacada dirigente en una entrevista”, explica el forense, sin especificar a qué dirigente se refiere.
Así consta en el segundo informe forense firmado por el médico forense Julio Lorenzo Rego, con fecha de 8 de junio y al que ha tenido acceso Europa Press, dentro de la investigación dirigida por la titular del Juzgado de instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, que investiga un posible delito de prevaricación por el que ha imputado al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco.
Julio Lorenzo Rego no es experto en epidemiología. En su web se define como médico psicoterapeuta especializado en personas con problemas afectivos o emocionales y las que padecen síntomas de ansiedad o depresión. Como médico forense, dice, ha podido “conocer y valorar la psicología y la psicopatología de cuantas personas realizan actos ilegales, cuántas veces influidos por afecciones psíquicas, muchas veces emocionales, que siempre han de ser tenidas en cuenta antes de enjuiciar”.
El forense comienza su informe diciendo que la causa es “delicada” porque afecta al delegado del Gobierno “en un momento de especial sensibilidad derivada de la pandemia del COVID-19 y sus devastadoras consecuencias”. También porque el caso “se ha transformado en mediático”, por lo que añade, para insistir en su imparcialidad, en que su máxima es “aborrece el delito, compadece al delincuente”, y que mantiene la presunción de inocencia sobre los investigados.
Por último, debo afirmar con alivio que ni este médico forense ni ninguna persona de mi amplia familia (madre, suegra, mujer, cuñados, hijos, nietos, hermanos, tíos ni sobrinos) han sufrido ni el más síntoma del COVID-19. Lo digo por si alguien pudiera pensar que podría existir el más remoto conflicto de intereses“, añade.
A partir de ahí el forense lista los documentos que ha analizado y hace un pequeño recorrido cronológico por los hechos más relevantes antes de exponer algunas de sus consideraciones. En ese relato señala que el primer fallecido en España se produjo el 13 de febrero, aunque el médico no menciona que el caso no se confirmó hasta el 3 de marzo.
Además, el forense asume una de las conclusiones incluidas en un informe de la Guardia Civil: que la Delegación del Gobierno se puso a desconvocar manifestaciones “por teléfono, a veces oculto”. Los trabajadores ya han negado que se ocultasen las llamadas.
Además, también como los agentes, incluye en su exposición de hechos el off the record de Irene Montero. “Las tomo como ejemplo del sentir popular, como ejemplo del conocimiento del pueblo llano sobre la capacidad de contagio del coronavirus del COVID-19, puesto que ella carece de conocimientos epidemiológicos demostrados. Es un testimonio muy válido por espontáneo y sincero, precisamente por esa espontaneidad”, sostiene el forense para apuntalar el hecho de que el Gobierno conocía los riesgos de la pandemia.
El documento señala que el haber evitado manifestaciones como la del 8M habría frenado una “amplia difusión” de la Covid-19, “de igual modo que de haberse advertido a la población sobre el gran riesgo de contagio” habría facilitado que los ciudadanos “adoptaran las medidas higiénicas necesarias para su protección en relación a la gravedad de la enfermedad”.
En el mismo documento se dice que “no es posible saber si una persona que haya asistido a cualquiera de las manifestaciones” antes del estado de alarma decretado el 14 de marzo y que resultara infectado por el Covid-19 “lo haya sido en esas concentraciones masivas de personas o en otro lugar, transporte público, establecimientos públicos, etc.”.
“En cambio”, añade el informe, “no se instó a que quienes comunicaban manifestaciones o concentraciones en la vía pública en el periodo objeto de investigación que dispusieran la evaluación del riesgo sanitario que dichas manifestaciones comportaban, como recomienda la OMS -y además es lógico y natural-- desde que se instauró la epidemia”.
Conocimientos de Sanidad y la Comunidad de Madrid
En doce puntos de conclusiones, el médico forense califica de “elevada” la posibilidad de contagio en manifestaciones donde los “participantes podían estar contagiando la enfermedad sin ser conscientes de ello, aun cuando aún no tuvieran síntomas”.
“Entre estas recomendaciones cobra especial interés la medida de distanciamiento social”, continúa el forense en su punto octavo de conclusiones, donde sostiene: “Estas cuestiones previas y el exacto estado en que nos encontrábamos en cada momento eran conocidos por las autoridades sanitarias nacionales y de la Comunidad de Madrid”.
Más adelante, en el epígrafe denominado 'Consideraciones médico forenses', Lorenzo resume en un índice los apartados a examinar, entre ellos cuestiones relativas a su informe anterior, a “días clave” o a “advertencias de organismos internacionales”.
En este punto, el forense afirma que a finales de febrero “se notaba la tensión” en el CCAES, una conclusión a la que llega por el “estudio de los correos electrónicos” de personal de este centro. Cita algunos nombres y expresiones supuestamente utilizadas en esos e-mails para hablar de “evolución galopante” de la epidemia“. ”Imagino los semblantes de preocupación de estos profesionales analizando la situación. Por eso he titulado 'el tsunami que viene'“, añade.
Seguidamente, el experto dedica todo un epígrafe a uno de los recursos de la Abogacía del Estado, en los que la defensa de José Manuel Franco, a la que reprocha que diera a entender que no se produce difusión de la enfermedad causada por el coronavirus en la protesta feminista.
“Hasta la ministra Irene Montero lo reconocía”
En este punto cita un documento de la OMS de 14 de marzo -y por tanto posterior a la manifestación- donde se dice que las reuniones masivas pueden ampliar la propagación de enfermedades para añadir que “no haría falta recurrir a la cita anterior ni al estudio científico para demostrarlo, y hasta la ministra Irene Montero lo reconocía en varias ocasiones durante su espontánea -y por lo tanto sincera- manifestación ante unas cámaras de televisión el día 9 de enero”.
“No quiero pensar, pero debo decirlo (...) que nos estábamos acercando al famoso 8M y el primer supuesto, el sí a las medidas de distanciamiento social, habría impedido la celebración de esa tan deseada manifestación, no quiero pensar que se haya acomodado el texto para tener argumentación en pro de la no cancelación”, concluye en este punto.
Añade que “puede pensarse que todas las personas que acuden a esos eventos son extremadamente solidarias y al menor síntoma de covid dejan de acudir. Seamos realistas, eso es casi ilusorio. Es tal el grado de motivación precisamente para las manifestaciones como la del 8 de marzo o de otro tipo, como las de Vox”, subraya.
En su opinión, “no es casualidad” que un “número indeterminado de las personas” que estuvieron el 8M, como “ministras y demás personajes públicos”, contrajeran coronavirus, aunque “el estar en una manifestación y tener la enfermedad no es signo inequívoco de haberla contraído allí”.