El cerebro del fraude de los cursos de formación en Madrid, José Luis Aneri, logró salir de prisión en mayo de 2014 tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía de Madrid –que entonces dirigía Manuel Moix– que le exigió autoinculparse en la red, delatar a dos de sus colaboradores, además de aportar 500.000 euros para resarcir parte del daño causado.
El pacto con el ministerio público, que el acusado calificó como “maravilloso convenio”, incluía un cuarto requisito: que Aneri evitase acusar al Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido entonces por Ignacio González. Era la Administración de donde salieron parte de los 17 millones de euros defraudados y la responsable de supervisar el destino de ese dinero público.
La estafa consistió en fabricar listas de cientos de alumnos ficticios para quedarse los fondos de formación de parados a través de cursos que nunca se impartieron. Así se hizo la red de Aneri con 17 millones de euros de ayudas públicas que transitaron a través de más de 60 empresas pantalla.
Los detalles del acuerdo que alcanzó Aneri con la fiscalía de Madrid en abril de 2014 para evitar la prisión los detalló el cabecilla de la red este jueves en el juzgado de Instrucción número 9 de Plaza de Castilla que instruye el caso.
Nada más comenzar su declaración, imputado por los delitos de fraude de subvenciones, falsedad y estafa, quiso aclarar “el magnífico convenio” al que había llegado con la Fiscalía. El primero de los “pilares fundamentales” de ese acuerdo para salir de la prisión provisional en la que había entrado el 1 de marzo, dos días después de ser detenido el 27 de febrero de 2014, pasaba por no acusar a la Comunidad de Madrid, entonces presidida por Ignacio González. Lo que sigue es el comienzo de su testimonio, al que ha tenido acceso eldiario.es.
“El magnífico convenio al que llegué con la fiscalía pilotaba en cuatro pilares fundamentales. Uno era exculpar a la Comunidad de Madrid. En aquel momento, cuando yo hago esa declaración, yo no sé nada de esto. Entonces no me retracto en lo que digo ahí. También me piden que eche mierda a [Alfonso] Tezanos y a [Víctor] Porta [dos excargos de la patronal madrileña y de la Cámara de Comercio de Madrid] que eran mis exsocios. No me retracto de lo que dije en esa declaración porque lo que dije es lo que yo sé de Víctor Porta, de Tezanos... Sé muchas más cosas pero fiscalía quería que dijera cosas que realmente inculparan, entre comillas, a estos señores. El tercer pilar era que que ingresara en la cuenta del juzgado como resarcimiento del daño la cantidad de 500.000 euros. Y hay un cuarto pilar que es el que, por supuesto, me retracto, porque yo quiero seguir colaborando con la justicia para que se sepa la verdad, y es que Fiscalía me pidió que me autoinculpara en un porcentaje de alumnos falsos”.
Según lo declarado por Aneri ante el juez este jueves, el imputado decidió seguir el acuerdo planteado por la Fiscalía de Madrid, presidida entonces por Manuel Moix, hoy fiscal jefe de Anticorrupnción. Moix negó ayer a El Mundo que ese acuerdo pasase por su manos.
Fuentes de la Fiscalía de Madrid en aquella época aseguran que todos los pactos de calado –el llamado caso Aneri investiga una estafa de 17 millones de euros de dinero público con conocidos dirigentes de la patronal madrileña implicada– pasaban por las manos del fiscal jefe.
Aneri ratificó todos los extremos del pacto que le permitió salir de prisión, salvo lo que atañe a su inculpación. Explicó que durante los años en que tuvo lugar el fraude él sufría una grave adicción a la cocaína, pero negó ser el responsable de la estafa.
El cerebro de la red destacó el papel que jugaron en el fraude los que eran sus socios, Alfonso Tezanos, el empresario y entonces vocal de la patronal madrileña CEIM, también detenido en este caso, y Víctor Porta, entonces con un cargo en la Cámara de Comercio de Madrid.
Desde que llegó a ese acuerdo con el ministerio público en marzo de 2014, Aneri evitó implicar en la trama a la Comunidad de Madrid, cuya exdirectora general de Formación, Patricia Herrero, continúa imputada. Herrero fue el mando que ordenó en un correo electrónico a uno de sus subordinados “no notificar nada” de las irregularidades detectadas en los cursos de formación. En otra ocasión pidió a un cargo de su departamento “no meter a la Fiscalía a remover mierda”.
El papel del Gobierno regional desde que estalló el escándalo es controvertido. El alto cargo de la Consejería de Empleo del Gobierno de Ignacio González que contó con pelos y señales la trama a la policía fue destituido dos días después de prestar declaración.
La juez que instruye el caso, Esperanza Collazos Chamorro, decidió expulsar a la Comunidad de Madrid como acusación particular por si en el futuro se le considera “responsable subsidiaria” del fraude.
Los investigadores han aludido reiteradamente a la labor obstruccionista de algunos altos cargos de la Comunidad de Madrid e indagan sobre si estas maniobras seguían órdenes de sus mandos políticos, vistos los vínculos que algunos de los supuestos implicados, como el directivo de la agrupación de comerciantes CEIM, Alonso Tezano, tenía con importantes dirigentes del Partido Popular de Madrid.