La estrategia es clara pero no conjunta. Los exconsellers en prisión han decidido pasar al ataque contra el juez del Supremo Pablo Llarena a la vez que tratan de centrar el debate en la falta de garantías democráticas y el menoscabo de sus derechos fundamentales. Joaquin Forn, sin embargo, ha decidido desmarcarse de esa estrategia. El antiguo titular de Interior ha exhibido un tono muy distinto al de sus compañeros de gabinete en un nuevo intento de que Llarena le deje salir de prisión antes del juicio.
Las declaraciones indagatorias tenían este martes como protagonistas al propio Forn, a Raül Romeva y a Josep Rull. Este último ha sido el más duro dentro de la sala de declaraciones a la hora de afear al magistrado su forma de llevar la causa. Ha hablado de un “proceso político”, una instrucción que responde a lo que ordene el poder Ejecutivo, con una conclusión ya decidida. El proceso es “un mero trámite” para alcanzar una sentencia condenatoria, según Rull.
El exconseller de Territorio ha dado así continuidad a la estrategia que ayer ya exhibieron Oriol Junqueras, Jordi Sánchez y, en menor medida, Jordi Cuixart. En vez de centrarse en los hechos del auto de procesamiento, cargaron contra la causa por considerar que buscaba anular el movimiento independentista y criminalizar sus ideas políticas. Rull ha añadido hoy el componente de la inexistente separación de poderes, al considerar que Llarena actúa al dictado del ministro de Justicia, Rafael Catalá.
Romeva ha estado mas comedido, pero también ha cargado contra Llarena. En la línea de Junqueras, ha dicho ser víctima de un proceso sin garantías instruido por un tribunal que no es competente. Los dos han evidenciado un cambio de tono respecto a las declaraciones en las que se jugaban la libertad, donde se mostraron más conciliadores y obviaron los ataques contra la instrucción y el propio juez.
Forn ha preferido no participar en esa estrategia. Ha sido el primero en declarar este martes y ha centrado buena parte de su tiempo en discutir la acusación de rebelión y en argumentar que no hay riesgo de fuga ni de reiteración delictiva, por lo que no hay motivo para que se le mantenga en prisión. Así se lo ha dicho directamente a Llarena, a quien ha pedido salir en libertad para poder defenderse desde fuera, con acceso total a la causa y en comunicación constante con su abogado.
Esta petición de Forn se produce después de que haya estado cerca de salir en libertad. Al menos, consiguió que la Fiscalía pidiese para él una fianza mientras mantenía la prisión para Sánchez. El juez no accedió, pero el exconseller sabe que tiene al Ministerio Público de su parte para, al menos, tener una fianza que poder afrontar para salir de la cárcel en la que lleva confinado desde principios de noviembre.
Este distanciamiento coincide con el cambio de abogado. Su nuevo letrado, Xavier Melero, que también defiende a otros procesados, ha evidenciado ese distanciamiento a las puertas del Supremo cuando le han preguntado si su cliente se había sumado a la denuncia de que este era un proceso político: “Estoy seguro de que el señor Forn se solidariza con lo manifestado, pero hoy ni era el día ni era la ocasión para repetir argumentos”.
Un proceso sobre derechos democráticos
El resto de abogados de la defensa han continuado con la táctica de sus clientes. A las acusaciones contra Llarena se suma la denuncia de que la investigación del Alto Tribunal está vulnerando los derechos fundamentales de los investigados. El escrito del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que insta a España a respetar los derechos políticos de los procesados, ha impulsado esta estrategia.
Andreu van den Eynde, abogado de Junqueras y Romeva, ha dicho que ve “incómodas” a las acusaciones porque el caso ha girado hacia los derechos fundamentales, y ya no se centra en el independentismo. Es un debate sobre la democracia y sobre cómo se trata a los imputados, ha dicho. En los mismos términos se ha expresado Jordi Pina, abogado de Josep Rull, que ha incidido en que su cliente ha puesto el énfasis en que este es un proceso con injerencias políticos.
La acusación que ejerce Vox tiene su propia teoría y enmarca este tono más duro en la percepción de los procesados de que ya no van a salir de prisión. Explican que, según ellos, los siguientes pasos serán, una vez que haya condena, acudir a instancias internaciones en las que denunciar que esta ha vulnerado sus derechos fundamentales.
Para este miércoles están citados Jordi Turull, Dolors Bassa y Carme Forcadell. Tendrán que decidir si optan por la estrategia de afear a Llarena su forma de llevar la investigación, o si eligen el tono conciliador de Forn con esperanza de que el magistrado les deje salir de prisión antes del juicio.