El frente judicial del virus: de las residencias a la protección de sanitarios

Tras días de críticas y reclamaciones, diferentes juzgados han comenzado a atender las demandas de los sanitarios al exigir a las autoridades que les doten de material de protección, al tiempo que la Fiscalía investiga el fallecimiento de ancianos a causa del coronavirus en algunas residencias.

En la segunda semana del estado de alarma se ha abierto un nuevo frente, el judicial, donde también ha llegado alguna denuncia contra líderes políticos por permitir manifestaciones como la del 8M.

Pero han sido principalmente los profesionales de la salud quienes, de la mano de representantes y sindicatos, han acudido a la Justicia para exigir protección para combatir el avance del coronavirus.

Varios juzgados del país han ordenado a las autoridades competentes que provean de equipos de protección a estos profesionales, que integran un sector especialmente golpeado por el virus con 9.444 contagios confirmados el pasado viernes. Algunas Comunidades Autónomas ya han anunciado su intención de recurrir.

Actuaciones que se unen a las de varias fiscalías, que vigilan la situación de otro colectivo duramente afectado por el COVID-19, el de los mayores en las residencias.

Algunas ya han abierto una investigación y otras han acordado recabar información sobre varios centros, mientras que la Fiscalía General del Estado anunció la apertura de diligencias para determinar si en algunas residencias hay ancianos enfermos en malas condiciones de salubridad, así como residentes fallecidos por el coronavirus.

Esta semana también han recalado en los tribunales dos denuncias de tono político. Un juzgado de Madrid abrió diligencias contra el delegado de Gobierno en la Comunidad, José Manuel Franco, por permitir manifestaciones como el 8M, a petición de un particular, que también dirigió la misma demanda contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Supremo.

Las acciones legales promovidas por los sanitarios, en primera línea contra el virus, han sido las que más trabajo han dado a los tribunales.

El miércoles, una jueza atendió la petición de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts) y ordenó a la Consejería de Sanidad madrileña dotar en 24 horas a los sanitarios de batas impermeables, mascarillas, gafas de protección y contenedores grandes de residuos.

A lo largo de la semana han hecho lo mismo juzgados de diferentes provincias (Valencia, Alicante, Castellón, León, Ávila, Salamanca, Segovia, Zamora, Toledo, Ciudad Real, Zaragoza) y han sido varias las Comunidades que han anunciado su intención de recurrir.

Entre ellas, Madrid y Castilla y León, donde la Junta dijo, en este último caso, que aportaría documentación que acredite todas las gestiones para la compra de material que se están llevando a cabo.

A nivel nacional, ayer sábado, por ejemplo, llegó un primer envío de 1,2 millones de mascarillas adquiridas por el Ministerio de Transportes para ser distribuidas entre profesionales de este sector, sanitarios y Fuerzas de Seguridad; y desde Sanidad se anunció el reparto este fin de semana de 1,5 millones de mascarillas para pacientes y 900.000 para profesionales.

La decisión de los juzgados contrasta con la tomada por el Tribunal Supremo, que desestimó la petición de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) para que ordenase a Sanidad que conceda medidas de protección a los centros sanitarios.

Consideró que no concurrían los “presupuestos” para estimar la medida cautelarísima (que implica no oír a la Administración) y que no constaba “ninguna actuación contraria” a la “exigencia evidente” de dotar de medios a los sanitarios, mientras que “sí son notorias las manifestaciones de los responsables públicos insistiendo en que se están desplegando toda suerte de iniciativas para satisfacerla”.

Pero este colectivo no ha sido el único que ha acudido a los juzgados. También lo han hecho profesionales de diferentes ámbitos que coinciden en una misma demanda: no hay suficiente protección.

Como ejemplos, el de las Fuerzas de Seguridad (la Justicia madrileña ordenó que se les dote de equipos de protección individual (EPI); el de la Justicia, donde letrados de la Administración de Justicia y fiscales también han pedido protección; o el de la ayuda a domicilio, en el que varios juzgados también han ordenado que se les proteja.