Una sala de reuniones de apenas 20 metros cuadrados situada en uno de los edificios oficiales del Ministerio de Justicia en Madrid se convirtió los últimos tres días en el cuartel general del comité de huelga de los funcionarios de las oficiales judiciales, que están en pie de guerra desde abril para reclamar mejoras laborales y retributivas. Este encierro de casi 70 horas, al que pusieron fin en la tarde de este viernes, es el penúltimo capítulo de un choque con el departamento que dirige Pilar Llop y que ha llegado incluso al Tribunal Supremo, donde los sindicatos han denunciado a la ministra y a su ‘número dos’, Tontxu Rodríguez, por supuesta vulneración del derecho a la negociación colectiva.
Son los últimos pasos que han dado las organizaciones profesionales ante la “cerrazón” de los altos cargos del Ministerio de Justicia, a los que acusan de “clasismo” por el “agravio comparativo” que supone haber pactado mejoras salariales con letrados, jueces y fiscales −funcionarios del grupo A1, con retribuciones más elevadas− mientras siguen sin hacer una oferta en firme a los los 45.000 funcionarios que se encargan de la atención al público y de otros asuntos clave en los juzgados −como registrar y tramitar documentos o notificar diligencias y sentencias− y cuyos sueldos son mucho más bajos.
“No han tenido nunca ninguna intención de negociar las justas y razonables reivindicaciones de los trabajadores y, en cambio, se han colocado siempre confrontando con quien representa la base social en la Administración de Justicia, mientras aceptaban y consolidaban las demandas de las élites judiciales”, afirmaron este viernes los sindicatos convocantes en un comunicado en el que anunciaban que ponían fin al encierro iniciado el pasado martes aunque advertían de que “el conflicto continúa”.
Gestores, tramitadores, auxilios o forenses vienen realizando paros intermitentes desde abril y están en huelga indefinida desde el 22 de mayo, lo que está provocando que cada día se aplacen miles de procedimientos cuando los juzgados y tribunales todavía no habían empezado a recuperarse de los dos meses de huelga de los antiguos secretarios judiciales, que dejaron 350.000 juicios y vistas suspendidos. Una situación que, sin duda, contribuirá a incrementar el estado de saturación endémica de la Justicia y que tiene efecto sobre los ciudadanos y sobre otros colectivos profesionales como los abogados, que cobran sus honorarios conforme avanzan los procedimientos.
Los últimos movimientos de los sindicatos han estado encaminados a focalizar su protesta contra la ministra Llop y su ‘número dos’. Este viernes, denunciaron a ambos ante la Fiscalía del Supremo por una supuesta vulneración de la regulación sobre relaciones de trabajo, que establece que desde el momento del preaviso y durante la huelga, las partes “deberán negociar para llegar a un acuerdo”. El escrito presentado señala que “a sabiendas de esta obligación de negociar desde el momento de preaviso y durante la huelga, lo han evitado no convocando ninguna reunión desde el 24 de abril hasta el 6 de junio, y dando por finalizadas las negociaciones aunque la huelga continúa y no se ha alcanzado ningún acuerdo para su convocatoria”.
“Hostigamiento absolutamente antisocial”
El fracaso de ese último encuentro −que se prolongó durante ocho horas− llevó a los funcionarios a encerrarse en el Ministerio como medida de presión. “La reunión la interrumpió el secretario de Estado, quien parece preferir que se mantenga la huelga a seguir negociando. Es un ejemplo más de la indiferencia que este Gobierno dispensa a parte de los empleados públicos y a los ciudadanos que se ven perjudicados por la prolongación del conflicto”, afirma Luis Calero, portavoz de Justicia de CCOO y uno de los huelguistas que estuvieron enclaustrados durante casi 70 horas en la sede ministerial.
El encierro elevó en los últimos días la tensión entre las partes, con graves acusaciones de los sindicatos a los dirigentes de Justicia por impedir el acceso de alimentos a los huelguistas. En el comunicado en el que anunciaron que abandonaban la sede ministerial, el comité de huelga criticó “el hostigamiento, absolutamente antisocial”, al que, según su criterio, los altos cargos del Ministerio habían sometido a los huelguistas. Consultado por elDiario.es, un portavoz de Justicia declina hacer comentarios sobre el encierro.
Los funcionarios rechazan la última oferta del Ejecutivo, que se comprometió a “continuar el diálogo tras el período electoral, en un necesario marco de sosiego y estabilidad nacional y autonómica”, según detalló el departamento en un comunicado. “Es un compromiso vacuo, no hay ninguna certeza de que este equipo vaya a estar con el nuevo Gobierno. Tuvieron más de un mes para convocarnos desde el 24 de abril −cuando nadie esperaba el adelanto electoral− y no lo hicieron hasta esta semana. Son todo excusas, una mentira detrás de otra”, se queja este sindicalista.
Una subida salarial “digna”
Los funcionarios insisten en que no hay impedimento para llegar a un acuerdo porque sus reivindicaciones de subida salarial dependen únicamente del Ejecutivo central, que está en plenitud de funciones hasta que se celebren las elecciones. Así, reclaman una subida “digna” del llamado complemento general y la negociación de unas funciones adecuadas a la labor que desempeñan a través de la carrera profesional. “Son asuntos que se aprueban mediante real decreto, no hay obstáculo alguno”, insiste Calero.
En concreto, reclaman incrementos de 430 euros mensuales para médicos forenses y facultativos del Instituto Nacional de Toxicología (grupo A1), de 400 euros para gestores y técnicos especialistas de laboratorio (grupo A2), de 375 euros para tramitadores y ayudantes de laboratorio (grupo C1) y de 350 euros mensuales para los auxilio (grupo C2). Es, a juicio del comité de huelga, “una propuesta de subida salarial justa”.
A este respecto, recuerdan que el Ministerio logró salvar la amenaza de huelga de jueces y fiscales con un acuerdo para subir sus salarios una media de 450 euros al mes y que, previamente, también había pactado con los letrados otra subida similar. Son incrementos retributivos que el Gobierno vinculó a la ley de eficiencia organizativa que se estaba tramitando en el Congreso y que ha decaído tras la disolución de las Cortes por el adelanto electoral. Pese a ello, el departamento de Llop ha asegurado que esas subidas salariales están “pactadas” y que se van a “llevar a efecto” independientemente de que esa y otras reformas ya no vayan a ver la luz esta legislatura.
“Es curioso que el Gobierno ahora ponga como excusa que nuestras reivindicaciones están ligadas a la reforma de la ley de eficiencia, cuando fueron ellos los que vincularon las subidas de jueces, fiscales y letrados a esa nueva reforma y, a pesar de ello, van a mantenerlas”, afirma Javier Jordán, vicepresidente del sector de Justicia del sindicato CSIF. “Si hubiera voluntad, este conflicto se podría solucionar poniendo una autorización de crédito encima de la mesa”, añade Jordán, que cita el ejemplo de los trabajadores de la Seguridad Social, que desconvocaron la huelga que habían anunciado para los próximos meses tras llegar a un acuerdo con los sindicatos para reforzar la plantilla con 3.525 nuevos efectivos.
Durante el fin de semana, las cuatro organizaciones sindicales convocantes de la huelga harán propuestas de movilizaciones para las próximas fechas y la previsión es celebrar asambleas en los centros de trabajo de toda España durante la semana que viene para “aunar fuerzas”. Entre tanto, juzgados y tribunales volverán a abrir el próximo lunes con sus 45.000 funcionarios llamados a la huelga.