La portada de mañana
Acceder
Sánchez rearma la mayoría de Gobierno el día que Feijóo pide una moción de censura
Miguel esprinta para reabrir su inmobiliaria en Catarroja, Nacho cierra su panadería para siempre
Opinión - Cada día un Vietnam. Por Esther Palomera

Los funcionarios de prisiones se movilizan por el aumento de las agresiones y las condiciones laborales

Los funcionarios de prisiones han protestado de nuevo a las puertas de las cárceles españolas este jueves para denunciar “la impunidad” con la que trabajan ya que se produce “una agresión al día” de media a los trabajadores, según Nacho Gutiérrez, portavoz de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias, uno de los sindicatos convocantes.

Los sindicatos señalan que entre 2015 y 2016 se produjeron 934 agresiones a trabajadores y trabajadoras de Instituciones Penitenciarias. El pasado año 2017, las lesiones graves sufrieron un incremento del 60% con respecto al año anterior. El pasado 23 de julio un funcionario tuvo que ser sometido a una cirugía plástica tras recibir el mordisco de un interno que le arrancó un trozo de oreja. 

Para mejorar la seguridad, proponen la redacción de un protocolo contra agresiones “que establezca medidas contundentes como la mejora de la clasificación de los internos” recuerda Gutiérrez, ya que el actual, elaborado hace un año y medio, únicamente “cumple una función estadística”, afirma. 

Con un paro de media hora frente a los centros penitenciarios, los funcionarios han reclamado que “de manera urgente sean considerados como agentes de la autoridad” y que “se ocupen las 3.400 vacantes que hay sin cubrir desde hace más cinco años” según ACAIP, ya que ven en la falta de medios una de las causas fundamentales de las agresiones. Consideran que las 800 plazas anunciadas para este año son “insuficientes”.

Además, el colectivo pide la equiparación salarial entre centros penitenciarios de España. En Cataluña, por ejemplo, las diferencias salariales oscilan de los 1.600 hasta los 25.000 euros según los puestos, gasto que le supondría al Estado 168 millones de euros.

El 20 de agosto se reúnen con el secretario general de Instituciones Penitenciarias y, si no hay novedades, el 1 de septiembre convocarán manifestaciones por todo el país.