El Gobierno central ha autorizado que la tramitación de cada ERTE se pueda hacer de manera exprés y en tan solo cinco días. La Xunta, sin embargo, asegura que en ese plazo no tiene tiempo suficiente para estudiar la multitud de solicitudes presentadas por las empresas gallegas. El Gobierno gallego adoptó un acuerdo el pasado 31 de marzo en el que dobla el tiempo necesario para resolver y notificar los procedimientos de suspensión temporal de contratos. Mientras tanto, Feijóo acusa a Madrid de no pagar a tiempo a cada uno de los trabajadores afectados por un ERTE, cuando en realidad la burocracia gallega también está contribuyendo a dilatar el proceso. La decisión adoptada por Galicia también ha sido puesta en marcha por otras comunidades como Asturias o Valencia.
La orden de la Xunta publicada en el boletín oficial de la comunidad autónoma el pasado 2 de abril dice así: “El volumen de las solicitudes presentadas en Galicia hace imposible la resolución de los procedimientos en el plazo de cinco días”. Galicia ha dedicido darse el doble de tiempo que el resto para tramitar cada ERTE, un supuesto que el Gobierno permite aunque no recomienda con carácter general. Se trata de 10 días naturales, lo que en la práctica se acaba convirtiendo en medio mes para tramitar y aceptar los despidos temporales de cuya resolución dependen los ingresos en cuenta que esperan los afectados.
En su justificación, el Gobierno gallego asegura que “los procedimientos de regulación de empleo tienen un impacto negativo sobre la economía y por este motivo la administración debe ser rigurosa en su aplicación”. Pese a esta afirmación, Galicia está rechazando menos del 1% de los ERTE presentados por la empresas. Según datos del departamento de economía del gobierno gallego, a día de hoy “está resuelto el 89% de los ERTE presentados en Galicia” desde el inicio del estado de alarma.
La medida aplicada por el Gobierno gallego hace que los trabajadores cobren más tarde y los empresarios asuman menos riesgos de ser investigados. El Gobierno central permitió, tras la declaración del estado de alarma, que la resolución de cada ERTE se produjese en cinco días, dejando para después la inspección sobre cada caso para detectar el fraude. Con el plan de la Xunta, los ERTE se tramitan de manera más lenta pero se dejan cerrados. Así, la dificultad de imponer posteriormente multas a los empresarios que se hubieran aprovechado de la situación de pandemia para despedir a sus plantillas sin justificación es mucho mayor. A todo ello hay que sumar el atasco que el SEPE también está asumiendo en la gestión y pago de las partidas vinculadas a los despidos temporales.
Paralelamente al freno burocrático que la Xunta ha impuesto sobre los ERTE, la Administración gallega se ha lanzado a buscar fuera al culpable en el retraso de los pagos a cada trabajador afectado por un despido temporal. “Queremos que el Gobierno nos diga cuando van a cobrar los afectados por los ERTE”, aseguró Feijóo durante una de sus ruedas de prensa para evaluar el estado de las cosas en torno al coronavirus.
El Ministerio de Trabajo desconoce el porcentaje exacto de ERTE que Galicia ha aprobado en este periodo, porque la Xunta no les envía la información. Así lo aseguran a eldiario.es fuentes del departamento que dirige Yolanda Díaz. Mientras tanto, el equipo de Feijóo deposita la responsabilidad en Madrid y exige que Pedro Sánchez ofrezca una cifra sobre el número de prestaciones que se abonaron en la comunidad autónoma en los primeros días de la crisis.