El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha señalado hoy que la ampliación de la justicia gratuita no supondrá una merma de la financiación de las comunidades autónomas.
Durante el debate de las seis enmiendas a la totalidad al proyecto de ley de asistencia jurídica gratuita en el Pleno del Congreso, Ruiz-Gallardón ha explicado que el incremento de gasto y el coste efectivo de la justicia gratuita en España estará cubierto por su “vinculación” a las tasas judiciales.
Ruiz-Gallardón ha subrayado que la relación entre la ley de justicia gratuita y la ley de tasas es de “vinculación” y no de “afectación”, para garantizar la prestación de este servicio en un momento de crisis.
Las comunidades autónomas “no tendrán que aportar ni un euro más” como consecuencia de la ampliación de los beneficiarios de justicia gratuita, ha recalcado el ministro de Justicia, quien ha indicado que la cuantía máxima de la aportación estatal no supondrá más del triple de la desviación media en las cinco comunidades gestionadas por el Ministerio de Justicia.
Tras analizar los datos correspondientes a 2012 y 2013, la Ley de Presupuestos Generales del Estado recogerá los importes que se abonarán a cada una de las comunidades autónomas, ha apuntado.
“La ampliación de los beneficiarios de la justicia gratuita no va a suponer una merma de financiación de las comunidades autónomas como consecuencia de la aprobación de la ley de tasas”, ha resaltado Ruiz-Gallardón.
El titular de Justicia ha anunciado que las entidades medioambientales tendrán derecho a la justicia gratuita, con independencia de sus ingresos, en virtud de una enmienda que presentará el PP.
De esta forma, las organizaciones medioambientales se equiparan a las asociaciones de víctimas del terrorismo, de consumidores y usuarios, de discapacitados, los sindicatos, representantes de los trabajadores, Cruz Roja, las entidades gestoras de la Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo.
En otra enmienda se fijará que las personas jurídicas con este derecho y los trabajadores solo serán condenados en costas cuando el tribunal aprecie temeridad o mala fe.
Además, se incorporará otra enmienda para posibilitar que las administraciones competentes puedan suscribir convenios con los colegios de abogados para establecer en los centros penitenciarios un servicio de orientación jurídica dirigido a potenciales beneficiarios de la justicia gratuita.
Ruiz-Gallardón ha destacado que este proyecto se inspira en la “solidaridad”, al ampliar la justicia gratuita con el fin de incluir “nuevas y dolorosas realidades sociales”, cuyas víctimas merecen amparo, y elevar los umbrales de renta para aspirar a este servicio.
El proyecto amplía el número de beneficiarios de la justicia gratuita al incorporar, con independencia de su renta, a las víctimas de la violencia de género, terrorismo y trata de seres humanos, así como los menores y discapacitados psíquicos víctimas de abusos.
Además, prevé incrementar los umbrales de renta familiar hasta ahora vigentes para evitar que pueda verse limitado el acceso a la tutela judicial efectiva de quienes carecen de recursos para litigar.