El juez del 'caso Villarejo', Manuel García Castellón, ha acordado archivar la causa en la que investigaba presuntas presiones al extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas y su entonces abogado, Javier Gómez de Liaño, en el marco del caso 'Gürtel' al no apreciar que ninguno de los investigados llevasen a cabo “alguna actuación a fin de perturbarlo en su actuación como letrado”. La pieza, en la que llegó a declarar como testigo María Dolores de Cospedal, indagaba sobre una presunta trama de extorsión al letrado con el fin de que no aparecieran publicadas informaciones sobre la caja B del PP cuando representaba al extesorero.
En un auto, recogido por Europa Press, el magistrado de la Audiencia Nacional acuerda el sobreseimiento de esta pieza separada para el comisario jubilado José Manuel Villarejo, el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, el ex director adjunto operativo de la Policía Nacional Eugenio Pino, así como para los abogados José Aliste y Óscar Jiménez de la Rubia. García Castellón toma esta decisión después de que así lo solicitase la defensa de Martínez. La Fiscalía, por su parte, solicitó que se archivase la causa para todos ellos y que se inhibiese a los juzgados de Málaga.
En este sentido, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 acuerda la inhibición al Juzgado de Instrucción 2 de Marbella (Málaga) por ser el objetivamente competente para conocer de los hechos atribuidos a los investigados Salit Sahitaj, Juan Ramón Díaz Moro, José Luis Moreno Cela y Mónica Gil Manzano.
En su resolución, el juez sostiene que no se ha podido acreditar que los investigados hubiesen efectuado alguna actuación llevada sobre Javier Gómez de Liaño a fin de perturbarlo en su actuación como letrado de Luis Bárcenas en el conocido como 'caso Gürtel'.
“Sí se han puesto de manifiesto, cuando menos de manera indiciaria, las gestiones realizadas por Villarejo con objeto de obtener información sobre supuestos pagos recibidos de quien fue su cliente Kalashov por el letrado Javier Gómez de Liaño —verificadas por las anotaciones realizadas en sus agendas o diarios y reconocidas en su declaración judicial en calidad de investigado el 27 de noviembre de 2023—, y de las que habría podido dar cuenta a sus superiores en el Ministerio del Interior, los investigados Eugenio Pino Sánchez y Francisco Martínez Vázquez”, apunta el magistrado.
Sin embargo, añade, “no constan indicios de la comisión de delito en la ejecución de tales actuaciones y no consta siquiera que las mismas estuvieran conectadas o vinculadas con el papel que Javier Gómez de Liaño desempeñaba como letrado de Luis Bárcenas”. “Tampoco, con relación a los investigados José Aliste Martín y Oscar Jiménez Rubia, consta que tuvieran participación alguna en el envío del correo electrónico con los archivos de audio al despacho profesional de Javier Gómez de Liaño”, apunta.
El magistrado sostiene “que dichos hechos —el envío del correo electrónico a la dirección profesional de Javier Gómez de Liaño adjuntando archivos de audio de una conversación en la que se hace expresa referencia a pagos recibidos por el letrado en su actuación como abogado y a la posibilidad de incoar una investigación por delito fiscal y blanqueo de capitales para perjudicarle— pudieran ser constitutivos de un delito de coacciones o un delito de obstrucción a la Justicia”.
Los mismos, explica el juez, deben ser investigados “por el órgano competente, esto es, por el Juzgado de Instrucción de Marbella (Málaga) por haberse cometido allí el delito y ser además el primero que conoció de la causa”.