El pasado lunes, 2 de septiembre, concluyó por jubilación la segunda y última temporada de Manuel García Castellón en la Audiencia Nacional, a donde regresó en 2017 después de 17 años disfrutando de destinos tan anhelados por sus compañeros como París y Roma. El juez apenas ha pisado el juzgado desde el pasado 8 de julio, fecha en la que acató la orden de la Sala de lo Penal de archivar el caso Tsunami, la herramienta que utilizó en su último intento de interferir en la política española desde la silla de su juzgado.
Manuel García Castellón se ha jubilado a los 72 años, después de pedir la prórroga de dos que el Consejo General del Poder Judicial concede de forma casi automática. El juez ha aprovechado hasta el final el poder que otorga un juzgado de instrucción de la Audiencia Nacional. Tras cuatro años de instrucción, García Castellón pensó que podía imputar un delito de terrorismo con resultado de muerte al ex president de la Generalitat Carles Puigdemont.
La despedida de García Castellón estuvo a la altura de su combate contra los que la derecha considera “enemigos de España”. Según el juez, el turista que murió de un infarto intentando acceder al aeropuerto de El Prat durante las protestas por la sentencia del procés fue víctima del acto de una organización terrorista dirigida, entre otros, por Puigdemont.
El movimiento del juez tenía por finalidad que Puigdemont no pudiera acogerse a una ley de Amnistía que excluyera los delitos graves de terrorismo. El terremoto que produjo en plena negociación la decisión del juez tuvo un resultado próximo al bochorno: García Castellón había dictado una prórroga fuera de plazo, las defensas se percataron, y la Audiencia Nacional tumbó toda la instrucción. Por el camino, cascadas de titulares en los medios de comunicación y el aplauso de la derecha política y mediática. Al cierre de esta edición, la ley de Amnistía sigue su recorrido judicial y Puigdemont continúa fugado de la justicia.
Pablo Iglesias, libre de acusación
Libre de acusación está Pablo Iglesias Turrión. El que fuera líder de Podemos y vicepresidente segundo del Gobierno de España fue acusado formalmente por el juez García Castellón de los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, daños informáticos y acusación y denuncia falsa. Elevó exposición razonada ante el Alto Tribunal después de convertir una de las piezas más insignificantes del caso Villarejo en el caso Pablo Iglesias. El Supremo rechazó imputarle.
Iglesias había guardado durante meses una copia de la tarjeta del móvil que una ex colaboradora denunció que le habían robado. A Iglesias la copia se la facilitó un grupo mediático alegando que le afectaba. La principal perjudicada exculpaba a Iglesias, pero a García Castellón eso no le resultó relevante.
Jaleado por la derecha, García Castellón intentó retirar la condición de perjudicado al vicepresidente segundo del Gobierno, ordenó a su exasesora Dina Bousselham que dejara de compartir abogada con Iglesias, planeó viajar a Gales para interrogar a un técnico informático que había intentado recuperar la información de la tarjeta y aparcó el resto de investigaciones del caso Villarejo para centrarse en una pieza consistente en un posible delito de revelación de secretos y en otro de daños informáticos.
Durante meses, García Castellón facilitó titulares y más titulares contra Podemos e Iglesias. Cuando el Tribunal Supremo le dijo que no había indicios para imputar al vicepresidente segundo alargó la investigación, olvidándose de Villarejo, en cuya casa habían aparecido copias de la tarjeta, por lo que la Fiscalía siempre consideró al policía el principal sospechoso de la filtración, y no a Pablo Iglesias. Cuando la Sala de lo Penal le obligó a cerrar la pieza, García Castellón dedujo testimonio para que continuaran investigando juzgados locales.
Entretanto, el magistrado reabrió una causa sobre la financiación de Podemos pese a que en 2017 se había archivado por basarse en recortes del pseudoinforme PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima). Y ahí incorporó unas acusaciones sin pruebas de un ex general venezolano, el Pollo Carvajal, reclamado por Estados Unidos por narcotráfico y otros graves delitos. García Castellón utilizaba un montaje de la brigada política del PP para impulsar su penúltima embestida contra Podemos.
La Fiscalía se escandalizó por el carácter prospectivo de las pesquisas y la vulneración de derechos fundamentales de los fundadores de Podemos, investigados en secreto y nunca imputados. Y cuando la Sala también obligó al juez a cerrar esta causa, García Castellón dedujo testimonio contra Juan Carlos Monedero por blanqueo de capitales y malversación, sin que se conozca a día de hoy acusación firme alguna contra el profesor universitario.
Doble rasero con el PP
El ímpetu de estas investigaciones contra los “enemigos” de España contrasta con la actuación de García Castellón en otro de sus casos más importantes, el espionaje parapolicial a Luis Bárcenas con fondos reservados en tiempos del PP. La brigada política intentó sabotear la causa judicial de la financiación irregular del PP y que sus políticos quedaran a salvo de la acción de la justicia.
Manuel García Castellón eligió el último día laborable antes de las vacaciones de agosto de 2021 para anunciar sorpresivamente que había finalizado su investigación y que la causa quedaba archivada para la secretaria general del PP en el momento de los hechos, María Dolores de Cospedal.
En septiembre, Anticorrupción presentó su recurso. En él aparece una de las censuras más contundentes que se han dado a la labor de un juez instructor: la Fiscalía acusaba a García Castellón de imponer “una línea roja” que evitaba investigar a la dirección del Partido Popular. El espionaje a Bárcenas, había concluido el juez, fue una idea del ministro del Interior Fernández Díaz, amigo íntimo de Rajoy, y del número dos del departamento.
La Sección Tercera de la Sala de lo Penal, que preside el magistrado Alfonso Guevara, rechazó el recurso de la Fiscalía. Guevara y el resto de jueces han corregido en varias ocasiones las desviaciones de García Castellón, pero en este caso, como ocurriría después con el archivo de las causas contra Repsol e Iberdrola, dieron la razón al magistrado. Fue la misma Sala que después ordenaría cerrar la instrucción contra Puigdemont.