La negativa del juez Manuel García Castellón a aceptar una acusación popular en la trama de narcotráfico y blanqueo de capitales a la que pertenecen presuntamente el hijastro y el marido de Ángeles Muñoz, la alcaldesa de Marbella, cierra por el momento la posibilidad de investigar una posible corrupción política, como advirtió la unidad especializada que se podía estar produciendo en el marco de la causa contra la citada organización criminal.
La fiscal Antidroga María Dolores López Salcedo informó el pasado lunes en contra de que José Bernal, el líder del PSOE en Marbella, fuera admitido como parte en la causa. Un día después, García Castellón asumió los argumentos de López Salcedo uno por uno. La fiscal del caso fue clave para que la propuesta de la Policía no prosperara hace tres años, cuando los agentes captaron al hijastro de la alcaldesa jactándose del poder omnímodo del PP en la zona donde él hacía negocios e, incluso, los agentes identificaran una supuesta adjudicación irregular y a sus protagonistas.
Ahora, López Salcedo insiste en su postura a través de un escrito contrario a la personación de los socialistas. La diferencia entre aquella negativa de 2019 a investigar la posible corrupción y la de ahora es que, tras el reciente levantamiento del secreto de sumario, se conocen los indicios recogidos de presunta cohecho, tráfico de influencias y prevaricación, como los calificó la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en su atestado. En aquel momento todo fue decidido en secreto entre ella y el juez instructor de entonces, Alejandro Abascal.
Los tiempos son fundamentales en esta causa para orillar una investigación por corrupción, tal y como explica en su auto el propio García Castellón. “El solicitante [Bernal, PSOE] pretende personarse en un momento en que ya se ha dictado el auto de procesamiento, que ha trascendido a los medios, pero no precisa por qué hechos pretende personarse”, escribe el juez.
El auto de procesamiento contra la organización de narcotráfico fue revelado por elDiario.es el 23 de octubre, una vez fue levantado el secreto de las actuaciones. La personación como acusación popular solo podría haberse solicitado, según el razonamiento de García Castellón y López Salcedo, con las actuaciones bajo secreto, cuando nadie sabe bien qué se investigaba ni a quién. La posibilidad de que fuera aceptada entonces es remota.
El juez aceptó a Vox en su causa secreta contra Podemos
Sin embargo, las instrucciones de casos con connotaciones políticas del juez García Castellón recogen hechos inusuales, como cuando aceptó la personación de Vox estando bajo secreto el caso de la supuesta financiación irregular de Podemos. El partido de ultraderecha pudo apoyar su escrito de personación en las numerosas informaciones en los medios cuando solo el Juzgado de García Castellón y la Fiscalía tenían acceso a la causa.
García Castellón aprovecha el auto de rechazo de la acción popular para dejar claro que en su auto de procesamiento “no se menciona a ningún cargo público que, por acción u omisión, pudiera tener relación con los delitos mencionados, ni se menciona tampoco la existencia de ningún destino irregular de fondos públicos. Tampoco afirma en dichos hechos que el Ayuntamiento de Marbella haya sido utilizado para la realización de un posible blanqueo de capitales”.
Dicho auto de procesamiento fue dictado el pasado 29 de septiembre, tres años después de que su compañero Abascal, con el apoyo de la fiscal antidroga, desechara la nueva línea de investigación que les proponía la Policía. Fiscal y magistrado tampoco dedujeron testimonio a otro juzgado competente para investigar la posible prevaricación, el tráfico de influencias y cohecho.
“La ciudad es nuestra”
En los pinchazos telefónicos con autorización judicial, Joakim Broberg decía: “Porque ahora hemos ganado nosotros también. Porque ahora tenemos la Junta de Andalucía. Tenemos Marbella. Tenemos Estepona. Tenemos todo. La ciudad es nuestra. Básicamente, tenemos toda la jodida Andalucía”. La conversación se produce tres días después de las municipales de 2019, donde Muñoz gana por mayoría absoluta, y tiene como protagonista a Broberg y a uno de sus “socios”. El primero cuenta que está en un bar sentado al lado de un “el calvo” que les había concedido a ambos una adjudicación pública y que, según averiguó la UDEF, resultó ser un responsable de Urbanismo de Benahavís.
Posteriormente, los policías escribieron: “De las conversaciones telefónica interceptadas a Joakim Broberg se desprende la gran influencia que tiene el sueco en las decisiones del Ayuntamiento de Benahavís sobre cuestiones urbanísticas y esto es debido a las relaciones de parentesco con la regidora marbellí, localidad limítrofe y de la cual también fue alcaldesa [en realidad teniente de alcalde] en el pasado (entre los años 95 y 98). Esta influencia la utilizaría en su propio beneficio, contando con la colaboración de personas de su círculo cercano”.
En los escritos posteriores de la Fiscalía Antidroga y autos de los distintos jueces de instrucción no se vuelve a mencionar a Ángeles Muñoz, ya sea por su nombre o por sus cargos, el actual o anteriores, siempre en las filas del Partido Popular. El argumento de que Muñoz no está investigada y tampoco ninguna actuación administrativa del Ayuntamiento de Marbella ha servido al equipo de la alcaldesa Muñoz y a ella misma para rechazar cualquier responsabilidad política y denunciar una campaña contra ella.
Fuentes fiscales han trasladado a elDiario.es las discrepancias con la decisión de María Dolores López Salcedo. El grueso de la investigación de Antidroga se produjo mientras era jefe de la fiscalía especializada José Ramón Noreña, quien accedió al cargo en 2006, el mismo año en que López Salcedo accedió a su plaza.
El último escrito de María Dolores López Salcedo llega con una nueva fiscal jefa Antidroga, Rosa Ana Morán, quien tomó posesión del cargo el pasado mayo. El criterio de Antidroga respecto a los indicios de corrupción en la causa “de los suecos”, como se la conoce en la Audiencia Nacional, no ha cambiado bajo su mandato.
En el atestado de julio de 2019, la UDEF escribió: “Dados los hallazgos resultantes de la intervención del teléfono de Joakim Broberg que se comunican en el presente, se solicita que se amplíe la investigación a los delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias”. En lo referente a este punto, el atestado se convirtió en papel mojado.