La ley de amnistía a los procesados y condenados por el procés ya está en vigor tras su publicación en el BOE. La norma se adentra ahora en el complejo escenario de su aplicación por parte de los jueces que, como paso previo, han empezado a pedir a las partes que se pronuncien sobre su incidencia en cada supuesto. Ese movimiento ya ha tenido réplicas en la Fiscalía, donde el fiscal general, Álvaro García Ortiz, reclamó a los fiscales que participaron en el juicio del procés que realizaran un informe procesal y sin “consideraciones políticas” sobre la ley, de acuerdo a las fuentes consultadas.
La petición se produjo en el marco de una reunión mantenida con los fiscales Javier Zaragoza y Jaime Moreno, encargados de promover la acusación pública en las dos grandes causas abiertas en el Tribunal Supremo: la relativa a los ya condenados y la de los fugados, como el expresident Carles Puigdemont. La cita tuvo lugar después de que el Alto Tribunal diera cinco días a las partes para posicionarse sobre la aplicación de la ley.
La demanda del fiscal general se produjo después de que ambos le trasladaran que ya habían realizado un informe sobre la aplicación de la amnistía. En ese documento, difundido apenas unos minutos después de que la norma fuera aprobada en el Congreso y cuando todavía no había entrado en vigor, se mostraban contrarios a aplicar la ley de amnistía por el delito de malversación. E incluían consideraciones que excedían el ámbito jurídico, con alusiones al supuesto “ampliamente mayoritario” rechazo popular de la ley o el “brusco e inesperado cambio de opinión” del PSOE en relación a este asunto, entre otras. De ahí que el fiscal general les haya reclamado un nuevo “informe procesal”, no “genérico” como lo fue ese, y que conteste únicamente a lo que reclama el Supremo, dicen las mismas fuentes.
En ese texto, los fiscales del procés también dejaron por escrito su tesis de que el desvío de fondos para la realización del referéndum del 1-O no entra en las exclusiones previstas en la ley, que contempla que quedarán amnistiados los delitos de malversación “siempre que no haya existido propósito de enriquecimiento”. Así, defendían que Puigdemont, Junqueras y el resto de condenados o procesados por este delito se enriquecieron de forma “personal” al entregar a terceros dinero público para sufragar esa consulta.
Las fuentes consultadas insisten en que García Ortiz no ha dado a estos fiscales “ninguna indicación” sobre el nuevo informe. Hasta el momento, el fiscal general ha rechazado pronunciarse sobre la amnistía porque a su juicio, supondría “interferir” en el Poder Legislativo. Pero en su entorno afirman que, en principio, su postura es que los líderes independentistas no se enriquecieron personalmente, por lo que esa conducta sí quedaría amparada por la norma.
Esta probable disparidad de criterios anticipa un posible conflicto en la Fiscalía que podría llevar a los fiscales del procés a activar el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Ese artículo prevé la reunión de la Junta de Fiscales de Sala cuando un inferior discrepe de la decisión de un superior. La posibilidad de invocar este procedimiento se planteó en la reunión, según las fuentes jurídicas consultadas. No obstante, la votación no es vinculante para el jefe, que puede mantener su criterio. Y, en todo caso, la última palabra sobre la aplicación o de la amnistía será de los jueces.