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La fiscal general venezolana alerta de la “ruptura del orden constitucional”
La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, afirmó el viernes que la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en las que este asumió las funciones del Parlamento de mayoría opositora, representa una “ruptura del orden constitucional” en el país.
“En dichas sentencias se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución (...) lo que constituye una ruptura del orden constitucional”, dijo la fiscal durante la presentación de su informe anual en la sede del Ministerio Público.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela decidió el miércoles que asumirá las competencias de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, debido a la persistencia del “desacato”, un estatus que el Poder Judicial impuso a la Cámara por el incumplimiento de varias sentencias.
Luisa Ortega se refirió al asunto como, dijo, su “obligación” de manifestar ante el país su “alta preocupación por tal evento”.
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia decidió el miércoles asumir las competencias del Parlamento, que es controlado por la oposición, por persistir en el “desacato”, una decisión que ha sido recibida por los opositores como un “golpe de estado”.
Como máxima representante del ministerio fiscal, Ortega dijo que “llamamos a la reflexión para que tomemos caminos democráticos, y para que respetando al Carta Magna propiciemos un ambiente de respetó y pluralidad”. La fiscal general se refirió a la Constitución venezolana, elaborada hace 18 años en un proceso constituyente, como el “contrato social” de que participaron todos venezolanos.
La fiscal convocó a todos los actores políticos a conseguir “caminos institucionales que garanticen la paz, y que supere los obstáculos que impiden actualmente la calidad de vida que reclama nuestra población”, dijo.
Asimismo Ortega rechazó cualquier acción de injerencia en los asuntos internos del país caribeño, señalando que estos deben ser resueltos por las instituciones venezolanas y los actores políticos.
El Parlamento venezolano, controlado por la oposición al Gobierno de Nicolás Maduro desde el 5 de enero de 2016, fue declarado en desacato seis días después de asumir el poder por desconocer una decisión expresa del Supremo que ordenaba no investir a tres de los 112 diputados opositores que obtuvieron la victoria en las legislativas.
Los nuevos responsables del Legislativo decidieron que tomaran posesión esos tres parlamentarios –de la comunidad indígena– alegando que su investidura era un mandato popular alcanzado en las urnas, y que el máximo tribunal carecía de legalidad por haber sido designado en una sesión “exprés” hecha por los diputados chavistas después de saber que habían perdido la mayoría parlamentaria.
