Las sospechas que cercan al presidente de la Comunidad de Murcia tanto en el caso Púnica como en Auditorio no son suficientes como para que Génova frene su candidatura a presidir el PP murciano en el próximo congreso. La dirección de Génova mantiene que sin una imputación formal, Pedro Antonio Sánchez tiene todo el derecho a presentar su candidatura. Sólo un nuevo movimiento judicial la pondría en peligro y precipitaría que el PP nacional buscara otro candidato con menos polémicas judiciales.
Una vez celebrado el congreso nacional que revalidó a Mariano Rajoy como líder indiscutible de los conservadores, ahora es el turno de los congresos regionales. El plazo para anunciar las candidaturas termina el 1 de marzo y la fecha escogida por Génova para que el PP murciano celebre su congreso es la misma que en el PP de Madrid: el fin de semana del 18 y 19 de marzo.
La seguridad de que no aparecerá ningún contrato firmado con la trama Púnica es la tesis que mantiene el PP. El afectado ha llegado a adelantar en medios de comunicación información reservada sobre su caso, ya que tuvo conocimiento del decreto de la Fiscalía General, cuyo titular es José Manuel Maza, en el que se opone a la imputación formal. En una entrevista, Sánchez llegó a explicar que cuatro fiscales del Supremo eran contrarios a que se le acusara.
El propio ministro de Justicia, Rafael Catalá, prefirió cargar contra las fiscales que han hecho constar su desacuerdo por que no se le impute. “La Fiscalía debe funcionar con mayor discreción”, reconvenía el titular de Justicia, que reconocía en una entrevista en la SER su disgusto con la posición de las fiscales: “Yo no sé dónde hay que poner la verdad, si en las fiscales o en los jefes, yo me pongo más del lado de sus jefes, ¡qué quiere que diga!”.
El presidente autonómico insiste en que nunca llegó a firmar el contrato en cuestión aunque sí se hicieron todos los preparativos pertinentes. El plan inicial era mejorar su reputación en internet gracias a empresas como las de Alejandro de Pedro, uno de los conseguidores de la Púnica. Al no concretarse, se considera que no llegó a haber perjuicio para las arcas públicas.
El acuerdo para la investidura de Mariano Rajoy que firmaron PP y Ciudadanos afecta a los cargos nacionales, pero en la comunidad autónoma la exigencia fue la de la apertura del juicio oral. Aunque el partido de Albert Rivera insiste en que Sánchez tendrá que renunciar si es imputado formalmente, Ciudadanos se ha quedado por el momento en ese punto.
En la cúpula del PP, recientemente retocada con el ascenso de Fernando Martínez-Maillo a coordinador general, aseguran no estar preocupados aunque admiten estar preparados para reaccionar en caso de sorpresa.