El PP admite que ha presionado al Gobierno para suavizar la reforma de la ley del aborto
Las voces en el PP que no están conformes con la reforma del aborto que impulsa Alberto Ruiz-Gallardón son muchas, pero sólo algunos barones y la diputada Celia Villalobos lo han hecho en voz alta. Pero en la congelación a la que el Gobierno sometió el anteproyecto con la excusa de recabar informes a distintos organismos, también ha tenido que ver la cúpula de Génova. Fuentes del PP reconocen que han presionado para que el texto inicial cambie sustancialmente su contenido.
Aunque los miembros de la dirección del partido no quieren ser muy explícitos, sí reconocen que han presionado al Gobierno para que dé marcha atrás en la admisión de la malformación fetal como causa para interrumpir el embarazo, tal y como informa El País.
Según fuentes del PP, el consejo trasladado al ministro de Justicia consistió en “invitarle a que se volviera a leer el anteproyecto” antes de que se remita al Congreso para su tramitación. Sin embargo, en Génova no saben aún si el borrador inicial se convertirá en proyecto de ley en el Consejo de Ministros de este viernes o en el del 11 de julio, y hasta dónde llegará la revisión de los ministros respecto al texto original.
Varios puntos polémicos y ¿revisables?
En concreto, el Gobierno estaría dispuesto a dar marcha atrás en su decisión de excluir el supuesto de malformación fetal entre los casos de abortos despenalizados. En el anteproyecto que impulsa Alberto Ruiz-Gallardón las mujeres deberían, además de demostrar que el feto sufre alguna anomalía grave o incompatible con la vida, contar con el certificado de un médico que acreditara el daño psíquico o físico que le provocaría continuar con ese embarazo.
Pero la rectificación, tal y como han dejado entrever fuentes del Ministerio de Justicia, no sería muy evidente. El supuesto de malformación no existiría como tal, sino que en esos casos se daría por supuesto el daño psíquico para la mujer, por lo que no haría falta ese segundo dictamen sanitario.
Aunque a María Dolores de Cospedal se le ha preguntado en rueda de prensa por esta ley, la secretaria general del PP no ha querido entrar en el contenido de la reforma y se ha limitado a señalar que es una cuestión del Ministerio de Justicia. La excusa oficial ha sido la habitual: “Todavía el Gobierno no ha presentado su proyecto”.
El último trámite por el que ha pasado el anteproyecto ha sido el de someterse a los consejeros de Sanidad de las CCAA. El 10 de junio, los consejeros del PP dieron su visto bueno al dictamen del Ministerio de Ana Mato, en el que se insiste en que la reforma no afectará a la salud de las mujeres, se destaca que regula aspectos como la objeción de conciencia y su inclusión en las prestaciones sanitarias básicas.
Fuentes del entorno de Ana Mato añaden que no será el único cambio sustancial que sufrirá la reforma, porque se producirán más cuando llegue a las Cortes y se negocie. Todo esto será, previsiblemente, después del verano, con el objetivo de aprobar la ley definitivamente antes de Navidad, y así separarla lo máximo posible de las elecciones municipales y autonómicas de 2014. “Estamos abiertos a bastantes cosas durante su trámite en el Congreso”, explica.
Además del supuesto de malformación, que vuelve este proyecto más restrictivo que la ley de 1985, hay más asuntos polémicos. Por ejemplo, el que ha destacado en sus conclusiones el Consejo General del Poder Judicial: la necesidad de contar con los dos dictámenes médicos, de profesionales que pertenezcan a centros sanitarios diferentes al que practicará el aborto. Esto es, para muchas asociaciones de defensa de los derechos femeninos y para el propio CGPJ, complicar el acceso de las mujeres a la interrupción de su embarazo.
En el caso de del Consejo Fiscal, la objeción se centra en que un juez pueda decidir en el caso de una menor de edad que quiera abortar en el caso de que sus padres no apoyen esa decisión. Para los fiscales, se debe respetar la decisión de las jóvenes, ya que “judicializar toda discrepancia con la mujer puede no ser recomendable en el caso de las menores emancipadas, o de 16 o 17 años, a quienes se debe reconocer un grado de autonomía superior”.
Dado que el Gobierno no tiene pensado enviar el anteproyecto al Consejo de Estado, como ocurrió con la ley de plazos y como en principio estaba previsto, el texto saldrá del Consejo de Gobierno con las modificaciones que se asuman de los informes jurídicos. Y con las reflexiones surgidas de esa “relectura” pedida por el propio PP.
