El gerente de Ciudadanos admite errores de gestión que el PP ve ilegalidades

En su comparecencia ante la comisión de investigación de financiación de partidos del Senado, el gerente de Ciudadanos, Carlos Cuadrado, ha admitido una serie de “errores” en asuntos financieros como pagos de sedes o contratación de personal que el PP no ha dudado en calificar abiertamente de “ilegalidades”.

En solitario, por el plante de los demás grupos, el PP ha interrogado al secretario de Finanzas de Ciudadanos sobre pormenores de la gestión económica del partido naranja, como el mecanismo para trasferir fondos a la cuenta del partido desde los grupos municipales o la financiación de algunas sedes de la formación.

En varias ocasiones, el compareciente ha justificado como “errores” o “errores administrativos” detectados por el propio partido algunas anomalías concretas que ha sacado a colación el portavoz del PP, Luis Aznar, durante una extensa comparecencia.

Así se ha referido a una sede de Huelva sufragada con fondos del grupo de la Diputación Provincial o la contratación de una persona por parte el grupo municipal del Ayuntamiento de Logroño, prácticas no permitidas legalmente y sobre las que Aznar ha puesto énfasis.

El propio portavoz del PP ha remarcado después que él considera “ilegalidades claras” todos los errores reconocidos por Cuadrado y ha hecho hincapié en que el 67 por ciento de todas las irregularidades detectadas en financiación de partidos por el Tribunal de Cuentas corresponden al partido de Albert Rivera.

En rueda de prensa, Aznar ha considerado “curioso” que la formación que “lleva la bandera de la limpieza en España y nos fustiga a todos”, agrupe este amplio porcentaje de irregularidades.

Buena parte de sus preguntas al secretario de finanzas se han centrado en el modo en que los grupos municipales de Ciudadanos transfieren fondos a la cuenta del partido.

Cuadrado ha negado tajantemente que se hagan estas transferencias directas y mucho menos por un porcentaje fijo, pero sí ha admitido que a través de un “acuerdo marco” de servicios sí se han realizado pagos. “Sólo si se recibió un servicio a cambio”, ha declarado.

En este sentido, ha aclarado que a veces los grupos municipales no tienen medios que precisan para su labor, como ordenadores o salas de reuniones, y que por ello se sufragan desde el partido, siempre dentro de este acuerdo marco.

En este punto, ha señalado que existe un conflicto entre la Ley de Bases de Régimen Local, que sólo admite subvenciones finalistas a los grupos -no se pueden transferir después-, y la Ley de Financiación de Partidos, que reconoce la posibilidad de que las formaciones reciban precisamente dinero de estos grupos.

Por ello ha pedido una modificación legal que “deje todo claro y transparente”.

Mientras tanto, ha explicado que hay partidos que siguen criterios diferentes, hasta el punto de que unos consignan el Código de Identificación Fiscal (CIF) del partido y otros el del grupo municipal a la hora de realizar las mismas operaciones.

La comparecencia no ha estado exenta de tensión por los esfuerzos de Aznar por hacer patentes sus contradicciones y por descender a detalles como la negociación que el propio Cuadrado llevó a cabo con una inmobiliaria para alquilar la sede central del partido por 30.000 euros al mes.

Además, para reforzar sus planteamientos ha hecho que la comisión escuchara dos grabaciones con conversaciones entre cargos del partido sobre una supuesta aportación obligatoria del 30 por ciento de los presupuestos de los grupos municipales o la fórmula seguida para contrataciones con cargo a estos grupos.

Sin embargo, el gerente se ha defendido recordando al senador que Ciudadanos tiene reconocido “un diez sobre diez” en transparencia. Y ha apostillado: “Ya me gustaría que otros partidos también lo consiguieran”.

Luis Aznar ha concluido el interrogatorio advirtiendo de que la comisión analizará “con lupa” todos los errores reconocidos mediante el análisis de la documentación contable que se ha requerido al partido, cuyo presidente, Albert Rivera, también serán convocado para aclarar algunos aspectos relativos a la financiación.