El pretendido “giro al centro” que acaba de emprender por enésima vez Pablo Casado, con la renovación de una parte de la cúpula del partido y la destitución de Cayetana Álvarez de Toledo como portavoz parlamentaria, ha sido recibido con una mezcla de expectación y escepticismo por los demás grupos del Congreso. Especialmente por parte del PSOE, donde esperan que no se trate de un mero lavado de cara y que en los próximos meses puedan entablar con ese nuevo PP negociaciones para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado de 2021, muy necesarios para la reconstrucción después de la pandemia, sobre todo después del acuerdo logrado en la Unión Europea y que procura una salida a la crisis radicalmente distinta a la emprendida tras el crack financiero de 2008.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sabe que tiene ante sí un reto complicadísimo pero no renuncia a buscar el mayor consenso posible para sacar adelante esas cuentas pese a las advertencias de sus socios y aliados contrarios contra la tentación de “pactar con las derechas”.
En su dura despedida tras ser destituida por el que fuera su mentor, Álvarez de Toledo deslizó que en su caída tuvo que ver también el inicio de la negociación presupuestaria a la vuelta del verano y otros pactos de Estado, como el de la Justicia. Según la versión de quien fue la portavoz parlamentaria durante el último año —negada este martes por Casado— el jefe de la oposición estaría dispuesto a llegar un acuerdo con el presidente del Gobierno para repartirse el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que está en funciones desde diciembre de 2018 y mantiene desde entonces una composición de mayoría conservadora heredada de la etapa en la que el PP gobernaba con mayoría absoluta.
El próximo jueves la Junta Directiva Nacional —que será telemática— ratificará como portavoz parlamentaria a Cuca Gamarra, la alcaldesa de Logroño, en sustitución de Álvarez de Toledo, mientras el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, será oficialmente portavoz nacional del PP, un cargo de nueva creación. Además, la expresidenta del Congreso, Ana Pastor, reconocida marianista, pasará a ser vicesecretaria de Política Social. Tanto Gamarra como Pastor van a ser a partir de ahora dos importantes pilares para Casado en el Congreso de cara al curso político que ahora se inicia.
La primera cita importante donde se podrá apreciar y visualizar si realmente hay un cambio de tono en el PP será la moción de censura de Vox —aún sin registrar y sin fecha para su debate—, una iniciativa que Casado rechazó apoyar nada más anunciarla Santiago Abascal. La estrategia del líder de la extrema derecha encontró una rápida respuesta desde Génova, la sede nacional del PP, donde se apresuraron a advertirle de que no contara con ellos para “salvar al soldado Sánchez” con una iniciativa abocada de antemano al fracaso.
Sin embargo, ese aparente deseo de Casado de escenificar una nueva etapa más “centrada y moderada”, tal y como le han venido demandando algunos de los barones del partido —como el gallego Núñez Feijóo y el andaluz Juan Manuel Moreno— no incluye la ruptura de los acuerdos que la formación conservadora mantiene con la extrema derecha de Abascal con el que, pese a no secundar su censura contra Sánchez, coincide en muchas de sus propuestas, como así lo ha demostrado a lo largo de esta larga crisis sanitaria.
De hecho, los de Casado dependen de Vox en varias autonomías e importantes municipios, incluida la capital de España. En Andalucía, el PP de Juan Manuel Moreno, uno de los barones encuadrado en el sector ‘moderado’ del partido, mantiene el pacto con Vox, un acuerdo que tuvieron que cerrar a dos bandas para poder gobernar en la Junta con Ciudadanos, cuyos dirigentes estuvieron esquivando la foto durante todo el tiempo que duraron las negociaciones.
La misma situación mantienen en Murcia en donde Vox condiciona con sus votos cualquier propuesta del Gobierno bipartito del PP y Ciudadanos que preside Fernando López-Miras. Allí pocos olvidan la polémica sobre el llamado ‘pin parental’, que defendía la formación ultraderechista, medida que fue al final aprobada para poder sacar adelante los presupuestos regionales.
En la Comunidad de Madrid la complicada cohabitación que mantienen con los de Arrimadas pende también de los designios de Vox al que ambas formaciones tienen que hacer constantes guiños para que no les dejen caer.
Más allá de estos tres grandes acuerdos, tras las elecciones de mayo de 2019, el PP también cerró pactos y alianzas con Vox en importantes municipios. En Madrid, en tres de los de mayor renta per cápita: Majadahonda, en donde ambos partidos gobiernan en coalición; y Pozuelo y Las Rozas, donde les sostiene la extrema derecha. Ambos partidos también han pactado en algunas localidades andaluzas como en Algeciras (Cádiz) y Nerja (Málaga). O en Roquetas de Mar y El Ejido (Almería), donde forman gobierno de coalición, aunque en este último municipio han terminado rompiendo el pacto. En Almería capital el PP también se mantiene en el Ayuntamiento gracias a los concejales de Vox.
Esta connivencia con la extrema derecha, a la que el PP nunca se ha opuesto argumentando que el de Abascal es un partido “constitucionalista”, le ha costado a Casado duros reproches por parte del PSOE y de otros partidos en el Congreso. El propio Pedro Sánchez le ha echado en cara ese mimetismo con el partido de Abascal. “Se retrata en su estrategia de oposición, seguidista del señor Abascal y de la ultraderecha. Ésa será su responsabilidad, hará más pequeño a su partido y más grande a la ultraderecha”, le advirtió el pasado junio. “Si usted habla como Vox, actúa como Vox y vota lo que Vox, podemos inferir que, si no es lo mismo, empieza a parecer lo mismo que la ultraderecha. Y eso es un problema para la democracia española”, les espetó Sánchez en otro de sus encontronazos parlamentarios.
Las tensas relaciones que han mantenido y mantienen el presidente del Gobierno y el jefe de la oposición no han impedido, sin embargo, que ambos partidos se hayan abierto a negociar la renovación algunos de los órganos institucionales que están en situación interina desde hace meses. Uno de estos acuerdos afecta al órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Según publicó El Mundo a primeros de agosto, Sánchez y Casado han mantenido este verano conversaciones “secretas” para negociar el reparto de sus miembros. El PP quiere 10 consejeros y otros 10 para el PSOE pero los socialistas exigen 11 para poder ceder dos: uno a Podemos y otro al PNV. Ciudadanos y Vox han cargado contra los dos grandes partidos por considerar el acuerdo un “cambalache” y un “cambio de cromos indecente”.
Inés Arrimadas, que acaba de incorporarse al trabajo después de varios meses de permiso de maternidad, criticaba hace unos días el acuerdo en su perfil de Twitter. “Los viejos partidos que no llegan a acuerdos de Estado para emprender otras reformas necesarias, se entiende perfectamente para repartirse los jueces. Y en plena pandemia”, denunciaba.
Sánchez mientras tanto ha apelado a la “responsabilidad” del PP como principal partido de la oposición para que no bloquee y se abra a negociar las cuentas de 2021, que urgen para afrontar las tremendas consecuencias tanto económicas como sociales de la COVID-19. O al menos para que aparezca como responsable del fracaso si las conversaciones caen en saco roto.
Ya sucedió durante el estado de alarma, contra el que el PP votó en contra cuando de él dependía limitar la movilidad entre territorios. Lo que hará Casado tras enmendarse a sí mismo en el segundo aniversario de su llegada a la presidencia del partido es una incógnita. De momento, ha decidido cambiar las caras de su proyecto por otras más amables. Sobre si ese supuesto giro del PP puede combinarse con pactos junto a la extrema derecha nadie se ha pronunciado en el partido, que precisa del apoyo de Vox para garantizarse el control de instituciones donde ha mandado durante las últimas décadas, como la Comunidad de Madrid, Castilla y León -donde no les necesitan- o Murcia.