El Gobierno aprueba un plan para blindar los derechos humanos en España frente a la crisis climática y la precariedad

El Gobierno aprobará este martes en Consejo de Ministros el II Plan Nacional de Derechos Humanos. La presentación de este Plan coincide con el 75 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos y con la presidencia española de la Unión Europea, que tiene previsto comenzar el próximo 1 de julio. El adelanto electoral, sin embargo, puede condicionar el impacto de esta iniciativa del Gobierno de coalición, afectado por el resultado de los comicios del pasado 28 de mayo. 

España firmó por primera vez un compromiso internacional en materia de derechos humanos ante Naciones Unidas en 1993. La iniciativa actual del Ejecutivo de Pedro Sánchez busca “situar a España en un escalón superior como país”, según el borrador al que ha tenido acceso elDiario.es, “aspirando a un liderazgo internacional en materia de derechos humanos”. El Plan lo eleva al Consejo de Ministros el Ministerio de Presidencia, con Félix Bolaños a la cabeza.

El II Plan Nacional de Derechos Humanos llega casi 15 años después de su primera versión, que fue presentada por la entonces vicepresidenta socialista Teresa Fernández de la Vega en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York, en 2008. Ninguno de los gobiernos posteriores del PP renovaron esta declaración que establece los principios y los compromisos de nuestro país para garantizar el respeto y el cumplimiento de los derechos humanos. 

Según fuentes gubernamentales, el plan parte del diagnóstico de que existe “un combate cada vez menos soterrado entre la ultraderecha y la mayoría social”, en referencia a las diferentes iniciativas —tanto en España como en la UE— para impugnar la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o el Protocolo de Kioto. 

“Su verdadero objetivo son los derechos humanos, rompiendo todos los consensos de las democracias liberales”, señalan las mismas fuentes, que citan como ejemplos las leyes de Polonia para expulsar de la política a la oposición; las de Italia, que ya prohíben inscribir a hijos de parejas del mismo sexo, o el último intento para frenar una normativa europea sobre explotación laboral infantil, que ha contado con el respaldo del PP y de Vox.

El Gobierno parte de la base de que la salvaguarda del modelo político sobre el que se fundaron tanto la UE como la Constitución están en peligro. “Cuando se habla de políticas de igualdad, derechos medioambientales o trabajo digno, en el fondo, se habla de derechos humanos”, señalan las mismas fuentes. “Y España va a defenderlos”. 

Los cuatro ejes del II Plan Nacional de DDHH

Para lograrlo, el II Plan Nacional plantea más de 400 medidas que se pueden llevar a cabo durante los próximos cinco años y que están organizadas en torno a cuatro ejes principales: las obligaciones internacionales y de cooperación de España, la protección y el impulso de los DDHH, la igualdad entre mujeres y hombres y la garantía de la igualdad de trato, la no discriminación y la protección de grupos específicos de población. 

El borrador destaca, en su segundo eje de medidas, la necesidad de defender tanto los derechos civiles, políticos y sociales, que califica como “clásicos”, hasta los “nuevos derechos”. Aquí, el Gobierno reconoce la necesidad de proteger derechos como la protección del medio ambiente, de los datos personales ante la evolución de las nuevas tecnologías —incluida una mención a la inteligencia artificial—, o vulnerabilidades surgidas por el envejecimiento de la población y las nuevas demandas y formas de participación ciudadana en la vida pública. 

En este ámbito, las medidas propuestas por el Gobierno abarcan desde mantener el Salario Mínimo Interprofesional al menos en el 60% del salario medio del país, evitar la exclusión digital de las personas mayores, ampliar las protecciones ante los riesgos de la inteligencia artificial, garantizar el consumo de energía o cuidar la salud de los ciudadanos ante el cambio climático. 

El II Plan Nacional de DDHH incluye asimismo el compromiso de España con el refuerzo de los derechos de las víctimas de terrorismo, o el impulso de medidas de reconocimiento y acceso a la justicia restaurativa para víctimas de violaciones de derechos humanos durante la Guerra Civil y la Dictadura. En el ámbito de la Educación, busca el refuerzo de la enseñanza inclusiva y con equidad, así como la prevención del abandono escolar.

Ampliación de derechos sociales

El Plan Nacional incluye el impulso del “derecho a los servicios sociales para toda la población”. Estas medidas abarcan desde el establecimiento de unos mínimos de protección social para todo el país hasta el desarrollo del Sistema de Atención a la Dependencia. España se compromete así además a proteger los derechos de la infancia, erradicar la pobreza infantil y la violencia contra niños y adolescentes, además de garantizar los derechos de los menores extranjeros. 

El texto también ratifica el compromiso con el derecho a la vivienda, ingresos suficientes para vivir dignamente, así como “la promoción y disfrute de un medio ambiente adecuado”. En materia de igualdad, el compromiso de este plan es alcanzar “la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres en el mundo laboral”, así como hacer realidad la igualdad de trato y no discriminación de personas LGTBI, del pueblo gitano y de las familias en situación de vulnerabilidad. 

Las medidas incluidas en este compromiso del Gobierno con los DDHH serán aplicadas durante los próximos cinco años y contarán con un proceso de seguimiento que revisará tanto los avances como la gestión del presupuesto destinado a cada una de ellas. Cada seis meses, además, cada Ministerio deberá remitir un informe detallando si las medidas adoptadas se han aplicado y cuáles son sus recomendaciones. La evolución se podrá seguir además a través de una página web y diversos actos públicos. 

El II Plan Nacional de DDHH ha contado en su elaboración con aportaciones de 17 ministerios, una comisión asesora compuesta por expertos, el Congreso de los Diputados y el Senado, las Comunidades Autónomas, más de 50 organizaciones especializadas en defensa de DDHH, agentes sociales y miles ciudadanos que realizaron sus aportaciones mediante una consulta pública.