El Gobierno de Cristina Cifuentes no ha entregado a la oposición las actas del Consejo de Administración del Canal de Isabel II. El argumento es que se han enviado al Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que instruye el caso Lezo, y que debido al carácter secreto de esa investigación no puede facilitarlas a los grupos de la Asamblea de Madrid, aunque la norma interna de esa cámara establece que los diputados tienen derecho a conocerlas.
Así consta en dos respuestas que ha dado el Gobierno regional a la oposición. La primera, a la Comisión de Investigación sobre corrupción política, que requirió una tanda de actas tras el estallido del caso Lezo. La segunda a Podemos, que se interesó por un acta en concreto: la que recogió el debate durante el Consejo de Administración del Canal en el que se creó la sociedad que iba a gestionar todos sus negocios, y en el que participó activamente Cifuentes.
Cifuentes defendió la creación de Canal de Isabel II Gestión, la matriz que luego controló todos los negocios de esta empresa pública en España y América Latina. Esa reunión estuvo presidida por Ignacio González, ahora en prisión provisional, y los encargados de hacer la exposición fueron el director gerente de la empresa, Adrián Martín, y el consejero José Manuel Serra Peris, ambos imputados en Lezo.
Podría “frustrar” la investigación
La dos respuestas del Gobierno regional para negar las actas se apoyan en un informe de la Abogacía de la Comunidad de Madrid, al que ha tenido acceso eldiario.es. Se trata de un documento de 10 páginas fechado el pasado 23 de mayo que repasa las razones para entregar esa documentación a los diputados, como parte de su labor de control al Ejecutivo, pero que termina rechazando sus peticiones en base al secreto de sumario.
El documento, que se ha adjuntado a las dos respuestas, repasa la doctrina del Tribunal Constitucional para concluir que los diputados tiene derecho a reclamar esa información. Sin embargo, recuerda que, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las diligencias de investigación “serán reservadas y no tendrán carácter público hasta la fase de juicio oral”.
Tras abundar en este punto, el informe recupera las conclusiones de otro informe anterior de la misma Abogacía que señalaba que el secreto del sumario se fundamenta en que “podría frustrarse la propia investigación” o “también podría producirse un juicio paralelo de una persona que Juego podría resultar absuelta”. “No podemos sino reiterar la conclusión alcanzada en el referido Dictamen”, añade el informe.
Así, concluye que el Gobierno de Cifuentes no facilitará esas actas hasta que no se decrete la apertura de juicio oral en el caso Lezo, una circunstancia que podría demorarse años. Por ejemplo, el primer gran juicio de Gürtel comenzó siete años después de que estallase la operación. Púnica se desató en 2014 y aún se está investigando, sin que por ahora se vislumbre la celebración del juicio.
El argumento es “una barbaridad”
Expertos en derecho penal consultados por eldiario.es rechazan la argumentación del gobierno regional. Señalan que “la naturaleza del documento no se desvirtúa” porque se incorpore a una investigación. Si su acceso esta abierto a, por ejemplo, los diputados de la Asamblea, tiene que seguir así aunque se haya incorporado a una causa judicial. Solo tendría sentido si solo existe una copia, apunta un catedrático de Derecho Penal.
Ponen varios ejemplos de documentos habitualmente reclamados por juzgados durante sus diligencias: las cuentas de una empresa, información del registro mercantil o listados de llamada. Todos esos documentos siguen siendo accesibles “para el titular del derecho” a consultarlos aunque formen parte de una investigación. El argumento en el que se apoya la Comunidad de Madrid “es una barbaridad”, apunta un fiscal consultado.
El PP ha respondido a través de Twitter con el argumento de que el Gobierno de Cifuentes ha contestado a más de 600 peticiones de información “hasta que llega la Operación Lezo”. Ahora, continúa el partido, se “ha pedido al juez instructor que determine si se debe reenviar la documentación y el juez todavía no ha dado permiso”.
Autorización al juez de caso Lezo
Fuentes de la Comunidad de Madrid confirman que, tras las negativas a los grupos, se envió una carta al juez del caso, Manuel García Castellón, para pedirle autorización para entregar a la oposición las actas del Canal, “siguiendo la recomendación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)”.
Esas mismas fuentes aseguran que el juez no ha contestado a esa carta, enviada a principios de julio, y que esa circunstancia ha sido interpretada como una negativa a autorizar el envío de las actas. Sin embargo, las fuentes jurídicas consultadas aseguran que el magistrado no tiene que dar su consentimiento para remitir esa información, que se ha pedido a la Comunidad de Madrid, y no a él.
Desde el Gobierno regional añaden que ellos quieren remitir todas las actas que pidan los diputados, pero que la falta de respuesta del juez se lo impide.