Ocho años después, un Gobierno de la Comunidad de Madrid admite que existió espionaje político durante el mandato de Esperanza Aguirre y que las vigilancias a sus enemigos internos del PP se hicieron utilizando fondos de la Administración. Así consta en el escrito que el letrado que representa a la Comunidad de Madrid remitió el pasado 28 de junio al juzgado número cinco de Madrid que instruye el caso y que ha revelado este lunes la Cadena SER.
En dicho documento, de siete páginas, los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid dan por hecho que entre marzo y mayo de 2008 -cuando Esperanza Aguirre presidía el Gobierno regional- “se llevó a cabo una actividad por parte de personas vinculadas a la Adminstración Regional que se separó objetivamente de las legítimas atribuciones y competencias que les competía con ocasión de sus cargos”. “Esas personas”, continúa el escrito del Letrado de la Comunidad de Madrid, “desarrollaron la actividad anómala en el marco de la entonces Dirección General de Seguridad de la Comunidad de Madrid”.
Dicha acusación se refiere a los seguimientos de los que fueron objeto por parte de personal de la Administración regional durante el año 2008 Manuel Cobo, que en aquel momento vicealcalde del Ayuntamiento de Madrid y mano derecha de Alberto Ruiz-Gallardón, y Alfredo Prada, exconsejero de Justicia y diputado del Partido Popular en la Asamblea de Madrid. Aquel espionaje que el propio Cobo llegó a bautizar con el nombre de “gestapillo” tuvo lugar en el contexto de la batalla fratricida que se había destapado en el Partido Popular después de la segunda derrota de Mariano Rajoy contra el candidato socialista, José Luis Rodríguez Zapatero. El sector de Aguirre se había conjurado para descabalgar a Rajoy de la presidencia del PP dentro de una operación apadrinada por sus medios de comunicación afines.
El Gobierno de Cifuentes, quien llegó a calificar este caso de “montaje”, rectifica ahora y no solo admite que existieron los seguimientos -el sumario acumula partes que coinciden con la agenda de Cobo de aquellos días- sino que atribuye a sus responsables el delito de malversación de caudales públicos tipificado en el artículo 433 del Código Penal y pide sentar en el banquillo a los seis funcionarios que presuntamente los realizaron. Dos de ellos ocupaban durante aquellos meses de 2008 cargos de responsabilidad en el Gobierno de Aguirre. Se trata de Sergio Gamón, director general de Seguridad de la Comunidad de Madrid entonces, y su “persona de confianza, el subdirector general Miguel Castaño Grande”. Ambos, según el escrito de acusación del Gobierno de Cifuentes, “encomendaron u ordenaron la realización de intervenciones o actividades ajenas al desempeño normal de sus respectivos puestos a los subordinados de la referida área administrativa, y que consistieron en tareas de seguimiento y control de personas que ostentaban cargos públicos en diferentes administraciones”.
La tesis del actual Gobierno de Madrid es que “los teléfonos móviles corporativos y los vehículos oficiales” que la Administración puso en manos de estos trabajadores públicos “no fueron aplicados lealmente y con ocasión de sus leales funciones por los acusados”. Junto a los cargos de seguridad de Aguirre, el Ejecutivo de Cifuentes también acusa a tres guardias civiles y a otro funcionario público, que “cumplieron las órdenes dadas por su superior desvirtuando así el legísimo uso” de los teléfonos y vehículos de la Comunidad de Madrid.
El escrito de acusación de la Comunidad de Madrid no entra a valorar si hubo órdenes políticas de más arriba y señala como máximo responsable de las vigilancias a Gamón, para el que pide la suspensión de empleo y sueldo durante tres años y una multa de 18.000 euros, al aplicarle un agravante ya que “como Director General de Seguridad impartió las órdenes, dirigió de forma determinante la operativa antijurídica y fue el artífice de la disposición de los medios de la Administración Regional para sus subordinados”.
La pena que solicita para el lugarteniente de Gamón es también de tres años de inhabilitación, aunque en este caso el escrito de calificación rebaja la multa a 9.000 euros. Para el resto de acusados las penas son menores. Con este escrito, el caso entra ya en su recta final, después de que la jueza que lo instruye, Carmen Valcárcel, intentase cerrarlo hasta en tres ocasiones y después también de que la Audiencia Provincial forzase la reapertura de la causa otras tantas veces.
La actitud del Gobierno de Cifuentes ante el juzgado choca con lo que han hecho con este caso sus antecesores en la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre e Ignacio González. Ambos han intentado enterrar el escándalo e incluso el anterior grupo del PP en la Asamblea de Madrid impuso su tesis en una comisión de invetigación y concluyó que el espionaje no existió. Todavía este sábado la propia Aguirre negaba a preguntas del director de eldiario.es, Ignacio Escolar, en el programa La Sexta Noche que emite La Sexta que se hubiesen dado esos seguimientos.
“Es una falsedad como un pino. Si ha sucedido, ni yo lo he conocido ni yo lo he aprobado y el que dice lo contrario miente. Nadie ha dicho que hayan existido esos espías”, alegó Aguirre en dicho espacio televisivo. Preguntada sobre si Gamón, que se encargó de su escolta cuando era ministra del Gobierno de Aznar y fichado posteriormente durante su mandato como director general de Seguridad de la Comunidad de Madrid era una persona de su confianza, Aguirre admitió que había trabajado para ella pero volvió a despejar la cuestión: “Desconozco que este señor haya tenido que ver en esto, en las cosas que están sub iudice me gustaría que hablasen los jueces”.