La Oficina de Conflicto de Intereses, dependiente del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, ha rechazado la solicitud del teniente general Ignacio Azqueta, exDirector General del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), centro dependiente del Ministerio de Defensa, para fichar por el departamento de relaciones públicas del grupo Airbus. Los detalles del veto a esa contratación han llegado a eldiario.es tras una petición de información enviada a través del Portal de Transparencia.
La resolución de incompatibilidad, fechada en abril de 2018, se justifica por incumplimiento del artículo 15 de la ley de regulación de altos cargos aprobada en 2015. Este artículo establece que estos últimos “no podrán prestar servicios en entidades privadas que hayan resultado afectadas por decisiones en las que hayan participado” durante los dos años siguiente a su cese como responsable público.
Durante su periodo como máximo responsable del INTA entre 2013 y 2017, Azqueta adjudicó dos contratos por 1,2 millones de euros a Airbus Defense & Space, una de las filiales del grupo aeroespacial. Ambas licitaciones, firmadas por el director general del organismo, fueron adjudicadas sin concurso público y tenían como concepto el mantenimiento de las plataformas aéreas del centro.
Además, el centro dependiente del Ministerio de Defensa es el encargado de proporcionar el certificado técnico a los aviones de transporte militar A400M, uno de los buques insignia de la compañía aeroespacial comprados por el Ejército español a través de los programas de armamento.
Fuentes de Airbus consultadas por eldiario.es afirman que la compañía cumple “con la legalidad y que ”sus procesos de selección atienden a criterios de conocimiento y experiencia“ pero rechazan realizar comentarios sobre la resolución de incompatibilidad de la Oficina.
Se trata de una resolución excepcional del organismo que se encarga de fiscalizar las puertas giratorias de los altos cargos del Estado. Por primera vez desde 2006, el Gobierno deniega la compatibilidad de un ex alto cargo de Defensa para fichar por una empresa de armas.
En la última década, 22 ex altos cargos de Defensa recibieron 34 autorizaciones de la Oficina de Conflicto de Intereses para fichar por el sector privado, según la base de datos única con todas las autorizaciones creada por eldiario.es. De esos, once han recibido el visto bueno para cruzar la puerta giratoria hacia empresas de armamento o relacionadas con la industria de Defensa.
La Oficina no halló incompatibilidad en ninguno de los once casos por trabajar para una empresa dedicada a la producción de armamento o la industria de defensa justo después de haber desempeñado un puesto de alta responsabilidad en el Ministerio.
Entre ellos está Jose Manuel García Sieiro, predecesor de Azqueta como Director General del INTA entre 2008 y 2013. Entonces, la Oficina de Conflicto de Intereses sí autorizó en este caso a García a trabajar para Airbus a través de una empresa de consultoría.
Aunque el organismo fiscalizador no identificó incompatibilidades en este caso, García Sieiro sí participó en decisiones que afectaron directamente al grupo empresarial. En diciembre de 2012, adjudicó a dedo un contrato por 600.000 euros a Airbus para el mantenimiento de las plataformas aéreas del INTA.
Airbus recibió 206 millones de Defensa
La compañía aeronáutica Airbus, principal contratista del Ejército del Aire, percibió 206 millones de euros en 108 adjudicaciones de Defensa durante el periodo en el que Azqueta ocupó puestos de responsabilidad en el Ministerio, según datos de la Plataforma de Contratación del Estado y el BOE recopilados por eldiario.es.
El teniente general Azqueta fue Segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire entre agosto de 2012 y noviembre de 2013, cuando fue nombrado máximo responsable del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, hasta su cese en diciembre de 2017.
De los 206 millones adjudicados por el Ministerio de Defensa a Airbus, 165 millones se tramitaron por el procedimiento más opaco posible: el contrato negociado sin publicidad. Esta fórmula permite al Gobierno realizar adjudicaciones sin concurso público y negociando directamente con las empresas en circunstancias especiales.
Una regla más que habitual en los contratos del ministerio, según desveló una investigación del proyecto Quién Cobra la Obra, de la Fundación Civio. El 70% de las adjudicaciones de Defensa en 2014 se hicieron a través de ese procedimiento excepcional.
En 2015, Ignaco Azqueta defendió la fiabilidad del Airbus A400M, uno de los buques insignia de la compañía, y afirmó que estaba “perfecto de diseño” tras un accidente que causó la muerte a cuatro trabajadores del grupo aeroespacial. Estos aviones de transporte se adquirieron a través de los programas de armamento y tuvieron un coste final de 5.000 millones de euros, tal y como reveló eldiario.es.
Fundada en 1923 con la inauguración de dos fábricas de aviones, Construcciones Aeronáuticas (ahora Airbus Defense & Space) estrechó lazos con la dictadura franquista tras el final de la Guerra Civil. En 1943, el Estado adquiere el 33% de la empresa y prosigue ampliando su participación hasta ser propiedad casi estatal en décadas posteriores. En 1999 fue privatizada por el Gobierno de Aznar, al ser vendida al consorcio europeo Airbus y pasar a denominarse EADS CASA.
Del Ejército a trabajar para una empresa de armas
El caso de Ignacio Azqueta es único en la historia de la Oficina de Conflicto de Intereses. Por primera vez en 12 años, un ex alto cargo de Defensa recibe la negativa de la Oficina de Conflicto de Intereses para trabajar en el sector privado. Desde la creación del organismo, en 2006, la regla ha sido la contraria.Tal y como publicó eldiario.es, los Gobiernos de Zapatero y Rajoy permitieron a siete ex altos responsables de Defensa a trabajar para compañías como Airbus, Santa Bárbara, Indra o Explosivos Alaveses entre 2007 y 2015.
Una lista a la que se añaden tres generales de la cúpula del Ejército del Aire, que ficharon por empresas de armas que recibieron 700 millones en contratos de Defensa. Aunque la ley establece que los altos cargos “no podrán prestar servicios” en empresas “afectadas por decisiones en las que hayan participado”, la Oficina permitió que se incorporaran a contratistas habituales de la cartera ministerial.