En el Gobierno y en el Congreso se han dado los primeros pasos para regular las relaciones que mantienen diputados, miembros del Ejecutivo y altos cargos de las administración con lobistas. En los últimos meses, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública y el PSOE han impulsado iniciativas encaminadas a regular los grupos de interés en la línea en la que quedó plasmado en su programa electoral y en el acuerdo programático suscrito con Unidas Podemos. El PP también ha presentado una proposición para reformar el reglamento del Congreso e incluir este asunto.
El Consejo de Europa ha planteado en varias ocasiones la necesidad de impulsar esa regulación de los lobbies en el marco de su fiscalización sobre la lucha contra la corrupción. El paquete normativo está dirigido, por un lado, a controlar las presiones en el ámbito parlamentario y, por otro, en el de la Administración General del Estado. No obstante, el marco legal no estará listo en el corto plazo.
Los colectivos que agrupan a profesionales que se dedican a los asuntos públicos y a las relaciones institucionales llevan reclamando desde hace años que se controle su labor. “Para los lobistas, la regulación de las relaciones entre los poderes públicos y los grupos de interés en el poder legislativo traerá un impacto positivo, ya que garantizará la transparencia en la toma de decisiones, reforzará la seguridad jurídica de las normas y facilitará la igualdad de trato y acceso a los representantes públicos bajo unos mismos criterios éticos para todos los grupos de interés”, apuntan desde la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI).
El Ministerio de Política Territorial y Función Pública sacó a consulta pública hasta el 28 de mayo un Anteproyecto de Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés. Es el primer paso para que una nueva norma vea la luz. Una vez culminado el plazo, tiene que analizar las propuestas que hayan llegado y elaborar un borrador que irá en primera vuelta al Consejo de Ministros antes de que acabe el año, pero después tendrá que pasar por instituciones como el Consejo de Estado antes de ser remitido a las Cortes.
Un registro de lobbies adscrito a la Oficina de Conflictos de Intereses
La intención del departamento que dirige Miquel Iceta es impulsar una definición formal de quiénes son los grupos de interés para crear un registro que dependerá de la Oficina de Conflictos de Intereses. La pretensión es, además, elaborar un código de conducta en el que se establezcan los deberes y obligaciones de los lobbies en su relación con los altos cargos. Entre las medidas que están en estudio se encuentra dar transparencia a las reuniones, controlar los regalos que se reciben y limitar las puertas giratorias.
Más concreta es la propuesta del PSOE a nivel parlamentario, aunque una vez admitida a trámite será sometida a cambios. Los socialistas defendieron modificar el Reglamento del Congreso con la intención de regular la relación de los parlamentarios con los lobistas, aunque aprovechan para plantear sanciones a los diputados que mientan en sus declaraciones de bienes o intereses. Estas podrían conllevar incluso la retirada de cargos y complementos que vayan más allá del sueldo base.
Al igual que en el caso del Ministerio, el PSOE quiere crear un registro de grupos de interés y un código de conducta. La idea es que la interlocución y el contenido de los contactos de los diputados con los lobbies sean públicos para que su influencia quede registrada. También se incluye un régimen sancionador para los lobistas que incumplan las normas. Entre las graves están la utilización de información falsa, mentir sobre el interés que representan o mantener reuniones sin inscribirse en el registro, entre otras. Los castigos aparejados van desde el apercibimiento a la suspensión de inscripción en el registro hasta un máximo de diez años o la prohibición indefinida de inscribirse en él.
Admitida a trámite la propuesta del PSOE
“Somos los primeros que debemos cumplir con nuestros deberes”, expresó el diputado socialista Julio Navalpotro en el debate de la iniciativa que superó por amplia mayoría -solo con el voto en contra de Vox- el paso de la admisión a trámite, aunque la mayoría de grupos advirtieron de que requería cambios. Ciudadanos planteó un registro compartido para el Parlamento y la Administración General del Estado; BNG y Junts propusieron que no tengan los mismos requisitos los lobbies estables que plataformas puntales; y el PNV se abstuvo al considerar que es una medida “buenista” que puede “entorpecer la comunicación” entre algunos grupos y los diputados.
El PP también votó en blanco porque, dice, está en contra régimen sancionador para los diputados que propone el PSOE. En todo caso, la propuesta que los conservadores volvieron a registrar esta legislatura es más laxa que la de los socialistas al plantear solo sanciones para los lobistas y tiene algunas diferencias como que sean estos y no los parlamentarios los que dejen constancia de sus reuniones.
Los de Casado están a favor de controlar los grupos de interés, de hecho impulsaron una iniciativa en 2017 que fue admitida, pero murió sin avances al disolverse las Cortes. El seguimiento de la actividad de estos grupos lleva décadas en el debate público. “Los primeros intentos de regulación del lobby parlamentario se remontan al año 1978, cuando a iniciativa de Manuel Fraga Iribarne se propone introducir la regulación del lobby en la Constitución Española, en ese momento en proceso de elaboración”, expone el docente de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense y miembro del Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid, Rafael Rubio, en un artículo académico. “La iniciativa fue rechazada por aquellos que entendían, por un lado, que la constitucionalización de su existencia suponía una suerte de legitimación y, por otro, por aquellos que veían en la figura sombras de las figuras de democracia orgánica del franquismo”, continúa.
Una propuesta recurrente
Este tema se retomó en la cuarta legislatura. En 1990 se presentó la primera proposición no de ley “relativa al establecimiento por el Congreso de los Diputados de un registro público de grupos de interés y un código deontológico de los mismos”, explica Rubio en una publicación titulada La nueva ola de regulación de los grupos de presión parlamentarios. Esta propuesta, “aprobada por unanimidad”, se tomó “en el contexto del escándalo Juan Guerra, el hermano del vicepresidente del Gobierno al que se acusaba de usar un despacho oficial y realizar servicios de influencia política”.
Desde entonces, el asunto ha vuelto a salir en reiteradas ocasiones sin que se haya llegado a un acuerdo. En conversación con elDiario.es, Rubio considera que no se ha conseguido controlar por una razón “muy básica”: la regulación implica una reforma del reglamento del Congreso y “desde la época de Manuel Marín ha ido engordando la lista de reformas pendientes”. “Cada vez que se habla de reformar el reglamento aparecen todas las reformas que están pendientes y eso lo acaba paralizando”, añade.
Por su parte, Joan Navarro, socio y vicepresidente de Asuntos Públicos de la consultora Llorente y Cuenca, indica que “nunca ha habido un impulso muy relevante ni por la mayoría del Congreso ni por parte del Ejecutivo para aplicar” las resoluciones en las que se instaba a regular los lobbies. “Creo que en esta ocasión tenemos una cultura cada vez más asentada de rendición de cuentas y de transparencia que va a hacer que la existencia de un registro de grupos de interés, y una serie de normas, se asuman con mucha naturalidad y normalidad”, detalla.
APRI recuerda que el lobby consiste en “cualquier actividad con objeto de influir directa o indirectamente en la elaboración o aplicación de políticas y en los procesos de toma de decisiones”. Para la organización Access Info Europe, el control de la labor de los lobistas es “una de las patas fundamentales para lograr la transparencia en cualquier sociedad democrática”, señala Patricia González, investigadora legal de la organización. “Creemos que es necesario tener elementos como un registro obligatorio, en el que se inscriban [los profesionales] con anterioridad a las reuniones. Hemos conocido casos en los que se reúnen y posteriormente se inscriben en el registro, por lo que esas reuniones no se pueden ver”, indica.
“Sin sanciones, la obligación queda sin efecto”
La organización que agrupa a los profesionales de los grupos de interés aboga por incluir varios aspectos en su propuesta de regulación. Además del registro, APRI propone la creación de una “huella legislativa”, que consiste en un informe que acompañe a cada decisión pública y en el que se detallen “las modificaciones” en las que ha intervenido un grupo de interés. Y vigilar las puertas giratorias y los conflictos de intereses. Para los primeros casos sugieren “una moratoria de tres años” para dar el salto del sector público al privado, o viceversa, siempre que se asuma un puesto “con responsabilidad directa sobre la misma materia” o para “defender la misma materia sobre la que ha tenido poder político”, explica Dolores González Pastor, vocal de estrategia de la organización.
Las propuestas presentadas por PSOE y PP recogen sanciones por incumplimiento, aunque los populares solo abogan por castigos contra los lobistas. Sobre este punto los expertos coinciden en destacar que si “no hay sanciones la obligación queda sin efecto” y recuerdan a la administración que para gestionarlas es necesaria una inversión en recursos. “Plantea una necesidad de gestión al otro lado que es enorme y que tienen que calcular”, apunta Rubio, que incide en la necesidad de que se “respeten las garantías jurídicas”. Finalmente, González también destaca la necesidad de acompañar estas propuestas con la aprobación de una partida presupuestaria que sustente el funcionamiento “de un mecanismo independiente que vigile el cumplimiento de las normas establecidas sobre registro de lobbies”.