Enero de 2020. El primer Gobierno de coalición en 80 años se constituye en España. El PSOE lidera el Ejecutivo con apenas 120 diputados. Unidas Podemos aporta 35 (hoy, 34). 155 en total, a 21 de la mayoría absoluta. El PP, dirigido entonces por Pablo Casado, pensó que la debilidad parlamentaria haría caer a Pedro Sánchez muy rápido. Así lo dijo no pocas veces. Pero casi tres años después, el Congreso ha aprobado los terceros Presupuestos Generales consecutivos con una mayoría consolidada que roza los 190 diputados. Y todo pese a los augurios de la oposición, ahora liderada por Alberto Núñez Feijóo, que se empeña en señalar una supuesta “inestabilidad” que no se confirma en las votaciones.
El Gobierno de PSOE y Unidas Podemos no solo ha logrado sacar adelante sus terceras cuentas públicas, algo que no ocurría desde la mayoría absoluta del PP de Mariano Rajoy a mediados de la década pasada. Este jueves, en una maratoniana sesión que ha concluido en la madrugada del viernes, la Cámara Baja también ha dado vía libre, y ha remitido al Senado, el proyecto de nuevos impuestos extraordinarios a empresas eléctricas y a los bancos, además del impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas.
Asimismo, se dará el visto bueno a la ley de cooperación, que igualmente cogerá el camino de la Cámara Alta. Y la estrella de la jornada, además de los Presupuestos: la admisión a trámite de la derogación del delito de sedición.
El PP intenta exprimir al máximo el rechazo ciudadano a una reforma del Código Penal que, sin embargo, no está claro que tenga traslación a las urnas. “España no se acordará dentro de unos meses”, se lamentan en la dirección del partido.
El final del curso político, que desembocará en un 2023 que repartirá casi todo el poder institucional del país, ha confirmado la buena salud legislativa del Gobierno y la fertilidad de la alianza parlamentaria tejida tras la investidura, pese a sus evidentes problemas internos.
La votación que dio pie al segundo mandato presidencial de Pedro Sánchez se saldó con un ajustadísimo resultado: 167 votos a favor, 165 en contra y 18 abstenciones. Este jueves, el Ejecutivo se ha movido en una horquilla nunca por debajo de los 187 diputados en las votaciones de las diferentes secciones de los Presupuestos. Un número que se ha repetido de forma habitual no solo en las anteriores cuentas públicas, sino en diferentes proyectos legislativos.
Entre los votos favorables, los de las dos fuerzas de Gobierno, los nacionalistas e independentistas vascos y catalanes, así como fuerzas regionalistas de corte más conservador desde Cantabria y Teruel a Canarias.
Y todo pese a la pandemia, la guerra y sus consecuencias, los muchos problemas internos de una coalición inédita desde la restauración de la democracia y con un Congreso más fragmentado que nunca, con partidos provinciales, autonómicos, un escaño pendiente del Tribunal Constitucional (el de Alberto Rodríguez) y la ultraderecha marcando la línea en algunos debates trascendentales. Sin ir más lejos, el de los propios Presupuestos y los ataques machistas a la ministra de Igualdad, Irene Montero.
Desde 2020, el Gobierno ha vivido dos remodelaciones que han reconfigurado su dirección política, siempre con Pedro Sánchez al frente. La primera, con la destitución de Carmen Calvo, José Luis Ábalos e Iván Redondo. Por el camino, el PSOE ha tenido hasta tres portavoces parlamentarios, y otros tantos en la vertiente orgánica. La segunda crisis se produjo con la salida de Pablo Iglesias, sustituido por Yolanda Díaz. Un relevo que, lejos de salir bien, ha provocado una de las mayores crisis que ha vivido el espacio político armado desde 2014 alrededor de Podemos.
Han cambiado los negociadores, y también las materias de negociación. De las respuestas a la crisis sanitaria, primero, y social y económica, después, a la normalización de las relaciones con (y en) Catalunya. De la reacción a la escalada de precios provocada por la invasión rusa de Ucrania a las leyes feministas que, como la del solo sí es sí o la ley trans, han provocado fuertes y públicos enfrentamientos dentro y fuera de la coalición.
La tensión en el seno del Gobierno se ha incrementado, precisamente, en los últimos días por la revisión a la baja de algunas condenas a violadores o pedófilos por la nueva norma impulsada por el Ministerio de Igualdad, aunque en las últimas horas se ha reconducido el tono. También se ha acrecentado la división entre Yolanda Díaz y Podemos, que inquieta al PSOE, consciente de que necesita fuerte al espacio que tiene a su izquierda para retener el poder.
Pero precisamente los ataques de estos días a Irene Montero, especialmente los del miércoles, pueden revertir en la opinión pública las dudas por los problemas del Gobierno, como los de la ley del solo sí es sí. “Retrata” al PP, que es socio de la ultraderecha en diferentes comunidades y ayuntamientos y que, según todas las encuestas, no podrá gobernar sin Vox.
Los presagios del PP incumplidos
Y, pese a todo, el Gobierno podrá terminar tranquilamente la legislatura. Será Pedro Sánchez, por decisión propia, quien determine cuándo se celebran las elecciones generales, cuya fecha límite es diciembre de 2023. Y, pese a eso, desde el PP las acusaciones de inestabilidad son habituales. Este mismo martes Feijóo aseguró en una acto informativo junto al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda: “Frente al susto y la ocurrencia diaria, Galicia representa estabilidad y certezas”.
Es cierto que el PP domina Galicia casi de forma ininterrumpida desde los años 80, y de forma consecutiva desde que el propio Feijóo recuperó la Xunta en 2009. Pero en el resto de comunidades autónomas gobernadas por su partido desde 2019 ha habido mociones de censura, disolución de parlamentos y convocatorias de elecciones.
Fue el caso, por ejemplo, de la fallida moción de censura en Murcia que concluyó con la calificación como tránsfuga del presidente popular, Fernando López Miras, por parte del Congreso. O en Madrid, donde Isabel Díaz Ayuso adelantó las elecciones precisamente aprovechando lo ocurrido en Murcia para zafarse de Ciudadanos, que desapareció de la Asamblea. A punto de cumplir su cuarto año de mandato, Ayuso solo ha conseguido aprobar unos Presupuestos, los de este 2022. Y los de 2023 todavía no los tiene asegurados pese a tener casi la mayoría absoluta. O en Castilla y León, donde Alfonso Fernández Mañueco también disolvió las Cortes para fagocitar a Ciudadanos y se encontró con un Gobierno de coalición con la ultraderecha de Vox.
La de Ayuso es una de esas “mayorías suficientes y amplias” que la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, reclamó el pasado mes de octubre a los dirigentes regionales para “dar estabilidad” a gobiernos autonómicos y municipales tras las elecciones de mayo de 2023.
El PP ha vendido desde el inicio de su mandato a Feijóo como un garante de la “estabilidad” frente a un Ejecutivo central sumido, según el relato, en el caos total. Tras el Pleno de esta semana, el relato tiene menos sostén del que tenía en las últimas semanas.