- Evita referirse en una respuesta parlamentaria al fichaje como asesor en la Embajada de Jesús Figón cuando se jubiló de la Policía, como reveló eldiario.es
La contratación como asesor de la Embajada del comisario de Policía español que mató a su mujer en Brasil no existe en las explicaciones oficiales sobre el caso que ofrece el Gobierno español. El PSOE aguarda aún que el Ejecutivo responda a la batería de preguntas que presentó en el Congreso justo después de que eldiario.es revelara, en abril de 2016, la contratación de Jesús Figón una vez se jubiló de la Policía.
El Grupo Mixto ha tenido más suerte y el pasado 15 de diciembre, el Gobierno respondió a la pregunta que la diputada Marta Sorlí había hecho en octubre, pero en ningún momento alude en la misma al puesto de asesor con el que resultó agraciado Figón meses después del crimen.
Jesús Figón era el agregado de Interior en la Embajada española en Brasil y lo siguió siendo después de matar a su esposa, Rosemary Justino Lopes, el 12 de mayo de 2015 en la ciudad de Vitoria, en el Estado de Espirito Santo.
El 23 de enero de 2016, el comisario cumplió 65 años y se jubiló obligatoriamente. El Ministerio del Interior buscó entonces con el de Exteriores una solución para que Figón conservara un trabajo en Brasil, a la espera de juicio, y siguiera manteniendo la inmunidad de ejecución, esto es, la que le permitirá cumplir una eventual condena en España. A la inmunidad de jurisdicción ya había renunciado el Ejecutivo español, por lo que Figón sería investigado y juzgado en el país donde se cometió el crimen y cuya nacionalidad tenía la víctima.
La solución del Gobierno fue elegir un nuevo agregado de Interior y que Figón pudiera acudir con normalidad a diario a su puesto de trabajo en los últimos años, como asesor de su sucesor. En la respuesta a la diputada Sorlí, el Gobierno incide en que “el señor Figón está siendo procesado por los tribunales brasileños con plena normalidad, como cualquier otro ciudadano”.
El Ejecutivo también aprovecha su respuesta parlamentaria para “precisar” que “hasta donde se conoce, el señor Figón en ningún momento se ha declarado confeso del asesinato de una persona”, como recogía la pregunta de la diputada de Compromís. Al desmentir a la diputada, el Gobierno revela que el comisario cambió de versión en pocas horas. “Durante la instrucción de la causa se ha aducido la legítima defensa en un primer momento y la autolesión de la víctima en un momento posterior”, recoge la respuesta parlamentaria. “No puede hablarse, pues, de haberse declarado ‘confeso de asesinato’”.
Figón es defendido de forma gratuita por el despacho de abogados de Baltasar Garzón, con el que el policía mantiene una amistad desde hace años. En su respuesta, el Gobierno ilustra también sobre la relación que mantiene con los abogados del presunto homicida de su mujer. “Se han elaborado varias notas informativas sobre el desarrollo de las diversas reuniones informales que han tenido lugar en el citado Ministerio con los abogados del señor Figón, bajo la presidencia del sr. Subsecretario (de Exteriores)”, afirma.
Figón pertenece al círculo de amistades del antiguo director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, hoy cuestionado como artífice de una policía política en el seno del Cuerpo, pero que hasta su jubilación en junio pasado dirigió la institución con puño de hierro. El comisario Figón fue jefe de la comisaría de Alcalá de Henares (Madrid), la localidad donde reside Pino. Al poco de ser nombrado número dos de la Policía, Eugenio Pino envió a Figón a pasar sus últimos años en el Cuerpo a Brasil, de donde procedía su esposa, con la que mantenía una relación desde hacía 30 años.
Agente diplomático
El 15 de octubre de 2015, las autoridades brasileñas dictaron una medida cautelar por la que se prohíbe a Figón abandonar Brasil para “asegurar su presencia durante el desarrollo de las diligencias judiciales”, añade la respuesta parlamentaria. Lo que no explica el Gobierno es que la contratación de Figón le permite mantener su figura de “agente diplomático” y que, según el artículo 29 del Convenio de Viena, esa figura es “inviolable”. El mismo artículo añade que los agentes diplomáticos no pueden ser objeto “de ninguna forma detención o arresto”.
Por este motivo, Figón nunca ha estado detenido por la acusación de haber matado a su mujer. Al no perder su cargo de consejero de Interior primero y ser nombrado consejero asesor tras su jubilación, un juez no puede dictar prisión provisional contra el comisario. Fuentes de su defensa aseguran que no hay novedades en la investigación ni fecha sobre la celebración de juicio en Brasil.
Los abogados de Figón aseguran que la Fiscalía brasileña acusa al comisario de un delito de homicidio simple ante una “agresión ilegítima” de la mujer, quien habría atacado con un cuchillo al policía cuando éste la encontró durmiendo en el sofá de una casa que compartían, según esta versión. La misma fuente afirma que la mujer había consumido alcohol antes de dormirse y que su muerte se produjo mientras el policía se defendía.