El Gobierno busca una “reparación moral” de EEUU para los Couso tras recurrir la indemnización de 182.000 euros

El Ministerio de Exteriores estudia si “existiría la posibilidad” de que la mujer e hijos de José Couso, el cámara de Telecinco asesinado en Iraq en 2003 por tropas norteamericanas, obtuvieran algún tipo de “reparación moral” por parte de los “responsables” de su “fallecimiento”. Así consta en una respuesta parlamentaria al senador de Compromís Carles Mulet a la que ha tenido acceso eldiario.es. En ese mismo escrito, el departamento que dirige Arancha González Laya asegura que la ministra se reunió “formalmente” con la viuda Couso y le pidió “disculpas” por “la forma en que fue tratada por el Gobierno en el pasado”. 

Esta posible búsqueda de una “reparación moral” llega después de que el Gobierno decidiera impugnar la sentencia de la Audiencia Nacional que obliga a indemnizar con 182.000 euros a la mujer e hijos de José Couso. Ese fallo concluyó que los familiares del cámara no recibieron el soporte necesario del Estado en su intento de que Estados Unidos, como causante del daño, lo reparara. Y que, en consecuencia, España debía compensarles por esa “conducta omisiva”. “La Administración se limitó a recibir y aceptar las explicaciones de EEUU de que el ataque al hotel Palestina fue justificado y el fallecimiento, un lamentable accidente”, dice la sentencia. 

En su recurso, la Abogacía del Estado, que depende del Ejecutivo, considera “gravemente dañosos” para los “intereses generales” las consecuencias de esa resolución porque abre la puerta a que “cualquier particular” pueda “exigir” la asistencia diplomática del Estado. La comparaba, por ejemplo, con la que tendría que prestar a turistas. “La obligación de ejercer la protección diplomática, aún como obligación de comportamiento, dejaría al Estado muy mermado en su capacidad de maniobra al estar condicionado por las decisiones de particulares pertenecientes a grupos muy respetables pero minoritarios frente al resto de la población”, subraya el escrito, en el que se reitera que “la casuística es numerosa”.

La reforma de la ley de Poder Judicial aprobada por el PP en 2014 que limitó la capacidad de los jueces españoles para investigar crímenes contra la humanidad cometidos fuera el territorio nacional frustró la investigación que había abierta en la Audiencia Nacional contra los presuntos responsables del asesinato de Couso. El juez Santiago Pedraz, que llegó a viajar a Bagdad en 2011 para reconstruir el ataque in situ, tuvo que archivar un sumario en el que estaban procesados tres militares del Ejército de Estados Unidos por delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, en concurso con delito de homicidio.

“El flexo no podrá mantenerse encendido”, lamentó entonces el magistrado en el auto en el que explicaba que con la regulación aprobada en 2014 los supuestos autores no pueden ser buscados ni investigados ni en España ni en otros países porque impide la persecución de cualquier crimen de guerra cometido contra un español, salvo en el difícil supuesto de que los presuntos criminales se haya refugiado en España. El Supremo y el Constitucional confirmaron después esta decisión. 

La única esperanza para los familiares de Couso de que se pueda hacer justicia es que las cámaras constituidas tras las últimas elecciones generales reformen de nuevo la jurisdicción universal para que se puedan investigar y juzgar en la Audiencia Nacional delitos cometidos contra españoles en el extranjero. Así se lo prometieron en octubre de 2018 todos los grupos presentes en el Congreso a la familia del cámara. El acuerdo fue suscrito incluso con el PP, que se mostró partidario de rescatar aspectos que recortó cuando estaba en el Ejecutivo con mayoría absoluta. El pacto de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos también incluye este compromiso.