El Gobierno da por válida la respuesta formal del Ejecutivo de Castilla y León al requerimiento oficial remitido por Moncloa y en el que se exigían explicaciones sobre las medidas antiabortistas anunciadas por un posible caso de invasión de competencias. En un comunicado oficial, la Secretaría de Estado de Comunicación afirma que el “Gobierno considera que el Ejecutivo autonómico ha acatado formalmente el requerimiento realizado por haberse abstenido esa comunidad autónoma de adoptar y aplicar, o por haber dejado sin efecto, aquellas actuaciones materiales, protocolos, acuerdos, instrumentos o comunicaciones que, invadiendo las competencias estatales, incumplieran la normativa estatal y menoscabaran los derechos de las mujeres protegidos por nuestro ordenamiento jurídico”.
En ese mismo comunicado Moncloa afirma haber recibido de parte del Gobierno de Castilla y León un “escrito de acatamiento formal” que, en opinión del Gobierno, “supone una rectificación oficial de la intención inicialmente manifestada por el gobierno de Castilla y León de proceder según lo anunciado el pasado 12 de enero y reiterado en días posteriores”.
Sin embargo, el Ejecutivo central reconoce “su preocupación por los anuncios y declaraciones de los máximos responsables de la Junta de Castilla y León”, en referencia a las palabras del portavoz del Ejecutivo autonómico en las que aseguraba que la Junta no renunciaba a sus planes. “El gobierno autonómico de Castilla y León mantiene su intención de ir más allá de lo que establece la ley orgánica de 2010, en evidente contradicción con el contenido de la documentación oficial remitida, (...) circunstancia que en modo alguno el Gobierno de España va a tolerar ni consentir”.
Por ese motivo, Moncloa advierte de que el siguiente paso será remitir un nuevo escrito, esta vez por parte del ministerio de la Presidencia y dirigido al Consejero de Presidencia de la Junta de Castilla y León, en el que “se le recordará nuevamente que resulta contrario a la legalidad vigente y a nuestro orden constitucional de distribución de competencias que una comunidad autónoma adopte cualquier medida encaminada a obligar, indicar, ofrecer, recomendar o sugerir a la mujer embarazada que ha decidido libremente interrumpir su embarazo o no haya manifestado expresamente su intención de llevar este a término, la utilización de cualquier tipo de prueba ecográfica fuera de las indicaciones avaladas por la evidencia científica y recogidas en las guías de práctica clínica”.
A pesar de dar por válida la respuesta oficial del Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco, el Gobierno central avisa que si en adelante “el Gobierno de Castilla y León materializa, por cualquier vía, su intención de actuar al margen del actual marco normativo en materia de interrupción voluntaria del embarazo, el Gobierno de España actuará, como hasta la fecha, en defensa de sus propias competencias y del ejercicio pleno de los derechos y libertades de todas las mujeres castellanoleonesas”. Por esa razón, el comunicado concluye recordando que el Gobierno “se reserva la posibilidad de emprender cuantas acciones legales resulten oportunas” en el futuro.
“Triunfa la defensa de los derechos de las mujeres”
En Moncloa consideran una victoria política el desenlace del choque con el Gobierno de Castilla y León. “El Gobierno ha frenado los primeros intentos de la Junta de Castilla y León de imponer medidas que recortan los derechos de las mujeres y que vulneran la ley orgánica de 2010. ”Triunfa la defensa del Gobierno de los derechos de las mujeres a ejercer su libertad sexual y reproductiva“, valoran fuentes del Ejecutivo central.
Desde la presidencia del Gobierno, no obstante, afirman estar temerosos porque el PP “siga buscando una fórmula que dé respuesta a las exigencias de sus socios de Vox”. Y por eso, reiteran: “No toleraremos otro intento que suponga un retroceso y que limite los derechos y libertades de las mujeres y que incumpla la ley orgánica de Salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo”.
Feijóo dice que el PP “no coacciona”
Desde Fitur, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado al Gobierno de Pedro Sánchez como inductor de la bronca política generada en Castilla y León, informa Aitor Riveiro. “No puede haber un conflicto cuando no existe”, ha defendido Feijóo, quien insiste desde hace días en obviar una evidencia: que el Gobierno de su barón autonómico anunció un protocolo, que algunos consejeros de su partido defendieron, y que fue recogido por una nota de prensa oficial de la Consejería de Sanidad que sigue publicada.
Junto a Feijóo estaba el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, quien ha reaccionado al comunicado enviado hoy por Moncloa y ha arremetido contra Sánchez. Considera Mañueco que este comunicado es “la constatación del engaño” del presidente del Gobierno, a quien ha definido como “un hombre sin escrúpulos que es capaz de cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder”.
“Es capaz de atacar a una comunidad como Castilla y León, que ha demostrado a lo largo de la historia su compromiso con España”, ha cargado Mañueco contra Sánchez, al que ha acusado de mandar este requerimiento como “cortina de humo” para no hablar de las rebajas de las penas por la ley del sí es sí.
El presidente de la Junta de Castilla y León también ha hablado sobre la relación con su socio de Gobierno y con el vicepresidente, Juan García-Gallardo, que sigue insistiendo en que el protocolo sobre medidas antiabortistas se cumplirá en la región. Mañueco ha recalcado que es él el que fija la posición de la Junta sobre cualquier asunto, también sobre este tema del aborto, informa Europa Press.