El Gobierno da por finiquitado el acercamiento a Ciudadanos para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. “Es definitivo”, reconocen fuentes gubernamentales sobre el portazo que ha dado Inés Arrimadas a las cuentas públicas anunciado por ella misma este jueves tras el voto en contra del informe que ha salido de la comisión y que tendrá que aprobarse la semana que viene en el Pleno del Congreso antes de enviarlo al Senado. No habrá, en principio, más intentos de negociación.
“Lo hemos intentado”, admiten las fuentes consultadas por elDiario.es, que reconocen que no ha sido posible cerrar un acuerdo. Arrimadas ha decidido finalmente desmarcarse ante el acuerdo suscrito por el Gobierno con ERC y el anunciado 'sí' de EH Bildu. “Sánchez ha preferido coger la mano de Otegi y Junqueras”, expresó la líder de Ciudadanos para poner fin a semanas de negociaciones. Esas mismas fuentes consideran que ha sido esa la razón de la ruptura y no problemas en la negociación con los socialistas: “Son incompatibles con ellos, con nosotros no”.
“Han votado en contra de todas las secciones durante estos tres días de comisión”, señalan fuentes socialistas quienes deslizan que es una muestra suficiente de que no hay nada que hacer en el mes que queda por delante para que los Presupuestos Generales del Estado de 2021 salgan definitivamente aprobados del Congreso.
Hasta este jueves quedaba una rendija abierta para que Pedro Sánchez lograra el apoyo de los aliados de la investidura y sumar a Ciudadanos, aunque fuera con una abstención, pese a las reticencias de Unidas Podemos. Los de Arrimadas aseguraron que se mantendrían en la mesa de negociación incluso después de que EH Bildu dejara clara su intención de apoyar las cuentas públicas y de que Gabriel Rufián anunciara un preacuerdo con el Ejecutivo.
“Intentaremos que el acuerdo de ERC y el Gobierno no se consume”, afirmó el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal en las últimas horas. Sin embargo, ya estaba claro que no había nada que hacer. Tanto el PSOE como el Gobierno confirmaban los términos de lo acordado con los republicanos catalanes, cuyo 'sí' llegaba después del PNV. La coalición tiene garantizado que sacará adelante las cuentas, si nada falla, superando la mayoría absoluta. A esos 179 escaños, se sumó el de Compromís y nadie duda de que Íñigo Errejón también lo hará, así como otros grupos minoritarios regionales.
A pesar de tener asegurados los apoyos, el Gobierno aseguró entonces que seguiría intentando cerrar un acuerdo con Ciudadanos. De hecho, llegó a pactar una enmienda para la tarjeta única sanitaria y el propio Bal aseguró que se cumplían en ese momento algunas de las condiciones que habían puesto. Sin embargo, la “geometría total” que pretendía alcanzar Moncloa -y que serviría como argumento frente a quienes atacan al Gobierno por su supuesta radicalidad y para situar de nuevo al PP aislado con Vox- se ha antojado imposible, al menos esta vez.
La retirada de Ciudadanos satisface, además, al socio menor del Gobierno de coalición. En Unidas Podemos no han escondido en ningún momento su rechazo a contar con Ciudadanos para aprobar los Presupuestos. El motivo de los de Pablo Iglesias es doble. Argumentan que se trata de mantener las principales medidas sociales que han podido introducir en las cuentas públicas de 2021. No olvidan que dirigentes de Ciudadanos declararon públicamente que estaban en política “para impedir que Podemos llegara al Gobierno” ni las medidas en materia de derechos laborales o económicos impulsadas por el partido que hoy dirige Inés Arrimadas: desde la mochila austríaca al contrato único, pasando por sus críticas a las subidas del SMI, su oposición a subir los impuestos a las empresas más grandes o su respaldo a los vientres de alquiler.
Las enormes diferencias programáticas llevaron a Podemos a anunciar en público que votarían en contra de unos Presupuestos que recogieran medidas de Ciudadanos. Incluso aunque fueran unas cuentas públicas promovidas por su propio Gobierno. El anuncio formal de Podemos llegó al final del verano, cuando desde la Moncloa se intentaba prolongar al resto de la legislatura el acercamiento que se produjo durante la última parte de la gestión del confinamiento de la primavera. Entonces, el voto de Ciudadanos permitió prorrogar el estado de alarma, ante el rechazo de PP y de Vox, pero también de los socios de ERC.
Durante el verano, la parte socialista del Gobierno veía más posibilidades de pactar con Ciudadanos que con los aliados de la investidura, especialmente con los republicanos catalanes. El miedo a que se repitiera el escenario de 2019, cuando la enmienda a la totalidad del grupo que lidera Gabriel Rufián tumbó el primer Gobierno de Pedro Sánchez, se hizo muy presente en el Consejo de Ministros.
La presión de Unidas Podemos surtió efecto. Sánchez e Iglesias pactaron una mecánica de negociación que situó a Ciudadanos al final de la fila. El vicepresidente segundo se ha esforzado desde entonces para alinear a ERC, EH Bildu y el PNV. 24 diputados que, con los 155 que suman los partidos del Gobierno, hacen innecesario ningún otro apoyo. También una parte importante del PSOE, incluidos destacados dirigentes como Adriana Lastra, José Luis Ábalos o Santos Cerdán, preferían priorizar a los partidos de la investidura. La portavoz socialista y número dos del partido ha mantenido una intensa actividad negociadora con Gabriel Rufián para lograr alcanzar el acuerdo que este miércoles ratificaba la ejecutiva republicana.
Pero Iglesias ha logrado, además, consolidar el bloque de la investidura. Uno de sus objetivos estratégicos desde que se conformó el Gobierno. No solo porque cree que permitirá aprobar en el Congreso políticas más progresistas que si se incluye a Ciudadanos en la ecuación, sino porque pone a la derecha ante la realidad de que la legislatura puede ser mucho más larga de lo que pudieron pensar en un principio. La competición entre los tres partidos (PP, Vox y Ciudadanos) puede beneficiar al Gobierno, creen en Podemos.
Las repetidas maniobras de Unidas Podemos contra el apoyo de Ciudadanos a las cuentas tienen además otro objetivo: impedir que el partido de Arrimadas se recupere y pueda emerger como un socio del PSOE a medio y largo plazo. De hecho, esa era la preocupación que tuvieron los de Iglesias ante la posibilidad de que los socialistas se apoyaran en el partido de Arrimadas para tomar el control en varias Comunidades Autónomas que ahora gobierna junto al PP, como Madrid, y esto permitiera recuperar fuerzas al partido que superó los 50 escaños con Albert Rivera al frente. La consecuencia sería volver a un escenario como el de la primera mitad de 2019, y el de 2016, en el que Pedro Sánchez pudiera elegir con quién pactar. Esa pantalla a corto plazo parece superada.