La masacre en la valla de Melilla en la que murieron decenas de personas el pasado mes de junio se ha convertido en un nuevo problema para el Gobierno después de que la BBC publicara imágenes inéditas que apuntan a la responsabilidad de España y de que el Defensor del Pueblo cuestionara la legalidad de la actuación policial. Sin embargo, el Ejecutivo desoye el informe elaborado por la institución que dirige Ángel Gabilondo e insiste en que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actuaron con arreglo a la ley en la frontera de Melilla con Marruecos.
“Respeto y confianza en la investigación y confianza en que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actúan con criterios de proporcionalidad y conforme a la ley”, ha despejado la portavoz, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros días después de que Pedro Sánchez trasladara su respaldo total al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que está acorralado por los socios de la coalición, que exigen una comisión de investigación.
Moncloa descarta una nueva investigación parlamentaria más allá de la que hizo el Defensor del Pueblo y de la iniciada por la Fiscalía y se remite a las explicaciones que Marlaska dará este martes en la comisión de gastos reservados, que se celebra a puerta cerrada y es secreta. A pesar de ello, sostiene que ha actuado con “transparencia” en este asunto. “Habrá venido bien para comprender la compleja realidad de la gestión de nuestra frontera”, ha dicho Rodríguez sobre la visita de una delegación de la Comisión de Interior del Congreso al lugar de la tragedia. “Expresar la confianza en nombre del Gobierno con nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que actúan ante un escenario muy complejo”, ha agregado la ministra.
Las tres ministras que han comparecido este martes han aprovechado para arremeter contra Isabel Díaz Ayuso por la situación de la sanidad madrileña. “Las comunidades autónomas tienen una financiación que les permite hacer frente al desarrollo de sus competencias”, ha comenzado la titular de Hacienda, María Jesús Montero, que ha recordado que “como promedio” verán incrementados el próximo año sus recursos en un 24%. “Se están planteando subidas de en torno a los dos dígitos del gasto no financiero respeto al año anterior”, ha explicado Montero, que ha puesto como ejemplos Madrid o Andalucía. “Las cuestiones que tengan que ver con la cobertura de las plazas asistenciales se podrá deber a otros motivos, pero no que tengan que ver con financiación”, ha contestado a la pregunta sobre las huelgas en el sector sanitario que se han iniciado en Madrid, Cantabria, Salamanca o Navarra.
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha abierto el fuego directamente contra el Gobierno de Ayuso al mostrar un gráfico con los datos. “Madrid es la antítesis de lo que hace el resto de comunidades”, ha dicho Darias, que ha señalado que las plazas de familia y comunitarias han crecido en el conjunto del país un 36% mientras que se ha disminuido un 25 en Madrid. “¿Alguien entiende que siendo de las más deficitarias Madrid no solo no siga la estela de todo el Sistema Nacional de Salud sino que vaya a la contra?”, se ha preguntado la ministra, que también ha dicho que se han dejado 37 plazas sin ofertar directamente en la región. “Estos son los datos. Cuando hay un conflicto, lo que hay que hacer es tender puentes, no echar gasolina”, ha apostillado antes de reclamar “un respeto a los profesionales sanitarios”.
La portavoz ha elevado el tiro a Alberto Núñez Feijóo. Preguntada por las palabras de la presidenta madrileña acusando a Sánchez de querer “a la oposición en la cárcel”, Rodríguez ha dicho que trata de que no se “atienda lo que hace”. “Es muy grave para el día a día de los madrileños, para su salud”, ha apuntado antes de cargar contra Feijóo por seguir su estela: “Es grave, en opinión del Gobierno, que quien representa al principal partido de la oposición, ya nos tenía acostumbrados a salir de España para hablar mal de España, pero ha dado un paso más no solo esta hablando mal de España sino que está poniendo en cuestión la democracia española”, ha dicho sobre su viaje a Latinoamérica. “España no merece a un partido o al principal partido de la oposición que no crea que este país es una democracia”, ha agregado.
En todo caso, el Gobierno cree que Feijóo se ve obligado por la presidenta madrileña: “Lo alarmante es que a todas luces esto es porque sencillamente parece que se está viendo arrastrado por la señora Ayuso, que le está llevando a las posiciones más extremas de la derecha antidemocrática”.
La ruptura de las negociaciones para la renovación del Poder Judicial evidenció la ascendencia que tiene Ayuso sobre Feijóo y el Gobierno lo va a usar como baza. Así lo ha hecho la portavoz en respuesta a una pregunta sobre si el Gobierno tiene la intención de nombrar a los magistrados que le corresponden en el Constitucional al recordar que se ha llegado a esta situación por el bloqueo del PP. “El Gobierno va a cumplir con su obligación constitucional y entendemos en la situación que se ha quedado el Consejo General del Poder Judicial que llevó a la dimisión de su presidente y entendemos que ellos también, como nosotros, cumplirán con su mandato nombrando los magistrados”. Moncloa espera que el órgano de gobierno de los jueces cumpla la ley dos meses después, aunque ya avisa de que nombrará a los dos magistrados que le corresponden si el CGPJ no mueve ficha.