El Gobierno desoye la obligación de detallar cuánto costó la seguridad del viaje del rey emérito a Sanxenxo

El Gobierno vuelve a incumplir la obligación legal de informar sobre el dinero que se gasta en proteger a un miembro de la familia Borbón española. En este caso es el Ministerio del Interior quien ha ignorado la orden del Consejo de Transparencia de publicar el coste del despliegue de seguridad que rodeó la visita de Juan Carlos de Borbón a España en 2022, y que tuvo como principal destino la costera localidad de Sanxenxo (Pontevedra), aunque también incluyó un viaje a Madrid para pasar unas horas con su familia en la Zarzuela antes de regresar a su destierro en Abu Dabi.

Así lo ha adelantado Maldita.es, medio que inició el procedimiento de reclamación de información pública que derivó en la orden que Interior ha optado por no obedecer, como ya ha ocurrido en el pasado con peticiones similares. En concreto, el Consejo de Transparencia mandató a Interior a informar “en un plazo máximo de 10 días hábiles” y, en concreto, a detallar “los gastos desglosados por partidas, así como los gastos de alojamiento, gastos de desplazamiento, gastos en comidas, dietas y otros gastos para cada una de las personas que conforman el dispositivo”, según la resolución.

Pero Interior no ha cumplido la orden. Fuentes del departamento consultadas por elDiario.es han asegurado que es algo que no depende de ellos, y han remitido al Gabinete del presidente del Gobierno, de quien dependen, aseguran, las cuestiones relacionadas con transparencia y la Casa Real.

La decisión del Gobierno de ignorar las órdenes de Transparencia que tienen que ver con la Casa Real no es nueva. De hecho, es lo habitual y solo un procedimiento judicial podría obligar al Ejecutivo a obedecer la resolución del Consejo.

El pasado verano, por ejemplo, el Ministerio del Interior también optó por desobedecer al Consejo de Transparencia, que le reclamó informar del número de efectivos que desempeñan sus funciones para Zarzuela. Lo hizo bajo el argumento de que tiene carácter reservado y es un perjuicio para la “seguridad pública”, similar al motivo esgrimido ahora.

El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska se acogió a un acuerdo del Consejo de Ministros de 1986 que declara secretos los planes de seguridad, pero el Consejo de Transparencia ya ha determinado en otras ocasiones que informar sobre el coste no pone en riesgo a los funcionarios que desempeñan esta labor ni desvela la protección del rey ni de sus familiares.

El Gobierno acumula resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para que detalle cuestiones como el número de agentes de los que dispone la Casa del Rey, el presupuesto que se gasta en esa partida o el personal que acompaña al rey emérito y el coste en dietas que conlleva, según varias resoluciones analizadas por esta redacción. Todos esos datos permanecen en secreto, a pesar de que cada movimiento del rey tiene detrás un importante despliegue.

El problema no solo se queda en Interior. La secretaría general de Presidencia, que dirige ahora Francisco Martín Aguirre, ha usado en el pasado idénticas explicaciones para denegar la información: que se trata de un asunto reservado y que puede “comprometer tanto la seguridad de las personas objeto de protección como la de los agentes encargados de la misma”. 

El secretismo se extiende incluso al exilio forzado de Juan Carlo de Borbón en Abu Dabi. Interior no ha concretado el número de escoltas que acompañan a Juan Carlos I en su estancia en Abu Dabi. elDiario.es ha revelado que dispone de tres ayudantes de cámara cuyos salarios y dietas abona Patrimonio Nacional, pero se desconoce el personal de seguridad a su servicio.