El Gobierno tiene los Presupuestos Generales del Estado de 2021 encarrilados. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, rezuma optimismo y dio por hecho este martes que contará con los apoyos para que salgan adelante. El Ejecutivo negocia la letra pequeña de unas cuentas a las que los socios de la investidura ponen pocos peros: se trata de un proyecto expansivo, con la mayor inversión en gasto social, gracias a los fondos europeos, que ya tienen un reflejo al haberse incorporado 27.000 millones para el próximo ejercicio. En las últimas horas el rechazo del PNV a la subida del impuesto al diésel –450 millones en el capítulo de ingresos solo el año próximo– obligó a reabrir la negociación con los nacionalistas vascos. Tanto Montero como Moncloa dan a entender que no será un problema. Tampoco para Unidas Podemos. A partir de ahí, la negociación se dirigirá en varias direcciones y tratará de recabar el respaldo de Ciudadanos, una vez atado el bloque de la investidura. El partido de Inés Arrimadas sigue sentado en la mesa de negociación y no descarta apoyar las cuentas. También porfía para que se retire el impuesto al diésel.
“El llamamiento que hace el Gobierno es al conjunto de fuerzas políticas”, expresó la ministra de Hacienda y portavoz en la tradicional rueda de prensa en la que se desgranan las partidas presupuestarias. “En este presupuesto no sobre nadie. No puede contemplar vetos cruzados”, sentenció. El mensaje está dirigido tanto al socio de Gobierno, Unidas Podemos, como al resto de socios de la investidura, a los que se ha priorizado en la negociación. Pero también a Inés Arrimadas, quien está determinada a hacer valer sus diez diputados aunque mantiene el discurso de que servirán para apartar a ERC o EH Bildu de la ecuación. Nada más lejos de la aspiración de Pedro Sánchez, que pretende que “los presupuestos de país” salgan adelante con el mayor apoyo posible –dando por sentado que el PP nunca ha pretendido negociar nada–.
Los socios de la investidura han recibido bien las líneas generales de los Presupuestos a la espera de bajar a la negociación de las concreciones. Les ponen pocas pegas dado que se trata de un proyecto expansivo gracias en buena medida a la respuesta que ha dado en esta ocasión la UE en dirección opuesta a la austeridad impuesta tras la crisis financiera de 2008.
Sin embargo, Montero tuvo que calmar este miércoles al PNV. “Es un socio preferente de este Gobierno para toda la legislatura. Por lo tanto, llegaremos a un acuerdo con el PNV y lo haremos en este proceso que se inicia”, aseguró la titular de Hacienda en referencia a la subida prevista para el impuesto al diésel, que provocó el rechazo del líder nacionalista vasco, Andoni Ortuzar. “Se nos garantizó que no iba a estar en los Presupuestos”, expresó haciendo patente su malestar.
Esa subida –que incrementaba el precio de los 30,7 céntimos por litro actuales a los 34,5– supondría una recaudación de 450 millones en 2021, según los cálculos del Gobierno, y tenía un componente verde en el marco de la transición ecológica, que es uno de los principales objetivos de la legislatura para Sánchez. Sin embargo, Montero aseguró que no pasa nada porque desaparezca del proyecto final que aprueben las Cortes. “En un arco parlamentario complicado el Ministerio de Hacienda sabe que tiene que llegar a acuerdos con los grupos, y eso lo tiene contemplado en el proyecto de Presupuestos”, respondió a una de las preguntas concretas sobre esa cuestión.
Para el PSOE no será un problema negociar cómo queda el impuesto al diésel. Tampoco para Unidas Podemos, que no presionará para que se mantenga una subida que, aunque ven necesaria por “prioridades ecológicas” y por “exigencias” de Bruselas, también creen que se puede “esperar un poco” para llevarla a cabo ante la situación económica provocada por la pandemia, informa Europa Press.
Quienes sí se han posicionado en contra de suprimir la subida es desde Equo, el partido ecologista integrado en Más País. Los socios de Íñigo Errejón han pedido al Ejecutivo que se defina: “O son el Gobierno de la Transición Ecológica o son el Gobierno del Diésel”.
También Ciudadanos ha asegurado que tiene el compromiso del Gobierno de que la subida del impuesto al combustible más utilizado en España, criticada desde el colectivo de autónomos, no se aplicará. Arrimadas ha mostrado su conformidad con el proyecto aprobado por la coalición y asegura que se han cumplido sus exigencias previas. Ciudadanos ha citado, entre otras, que ha logrado “suprimir la subida del 15% en el Impuesto de Sociedades”, aunque el acuerdo de Gobierno suscrito por PSOE y Unidas Podemos hablaba de “garantizar una tributación mínima del 15% de las grandes corporaciones”; la puesta en marcha de un plan contra el fraude; o medidas que el Ejecutivo nunca llegó a confirmar oficialmente que estuvieran sobre la mesa, como la subida del IVA para la educación y la sanidad privadas.
Ciudadanos aplaude incluso el incremento de dos puntos a las rentas del trabajo por encima de 300.000 euros. “Las subidas ideológicas e indiscriminadas de impuestos que PSOE-Podemos incluyeron para rentas de trabajo se limitan a las rentas más altas”, señalan los de Arrimadas. El acuerdo de Gobierno establecía una subida del IRPF a partir de los 130.000 euros, que los primeros Presupuestos del Ejecutivo han elevado a los 200.000 euros.
Con ese planteamiento de partida, Ciudadanos ya ha anunciado que no presentará una enmienda a la totalidad. “Apoyaremos la tramitación presupuestaria para que esa negociación pueda empezar”. Así que en el principal examen para las cuentas públicas, Arrimadas se posiciona con el Gobierno. A partir de ahí, comienza la negociación de la letra pequeña. “Seguiremos trabajando discreta pero incansablemente para mejorar unas cuentas con las que todavía mantenemos muchas diferencias y estaremos vigilantes respecto a las reformas que consideramos que siguen sin abordarse y que nos pide Europa, como la digitalización, la educación, el mercado laboral, la lucha contra el cambio climático o la despoblación”, apostillan desde Ciudadanos.
La negociación con Arrimadas ha generado tensiones en el seno de la coalición. El cambio de rumbo de la líder de Ciudadanos, que salvó a Sánchez en las últimas prórrogas del estado de alarma en primavera, provocó que Moncloa viera en ella una aliada inesperada pero más fiable que ERC. De hecho, en la parte socialista del Gabinete vieron más sencillo sacar las cuentas gracias a esos diez escaños e incluso tuvieron la tentación de intentar esa vía. Sin embargo, una parte importante del PSOE siempre ha sido proclive a mantener los lazos con los aliados de la investidura y sobre todo Unidas Podemos ha presionado en esa dirección.
Este verano llegó a amagar con bajarse de los Presupuestos si se negociaban con Ciudadanos, que se jactó de que iban a “apartar” a los de Pablo Iglesias de la redacción del proyecto. Tras el plante de Podemos, los socios de Gobierno recondujeron las relaciones y pactaron una hoja de ruta negociadora que se ha respetado desde entonces: primero los socios del Ejecutivo, luego los aliados de la investidura y, finalmente, los partidos que en enero votaron no a Sánchez.
Tras la disposición que han mostrado los de Arrimadas de secundar las cuentas públicas, desde Unidas Podemos han cuestionado su posición. “Hace unas semanas, Ciudadanos decía que su objetivo era apartar a Podemos de las cuentas. Hoy les servimos un plato de presupuestos escrito por PSOE y Unidas Podemos y dicen ¡qué ricos!, que se los van a comer con patatas”, ha expresado el portavoz del grupo confederal, Pablo Echenique, que ha atribuido la decisión a la “desesperación por soltarse del mordisco de Vox”.
También ayer el vicepresidente segundo y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, definió en una entrevista en la cadena Ser los Presupuestos como “progresistas y lejos de la austeridad y los recortes”, e ironizó sobre la posición de Arrimadas: “Si Ciudadanos se hace de izquierdas, bienvenidos”. Este mismo miércoles, en la sesión de control al Gobierno, aseguraba: “Aunque los aliados de Vox se vistan de seda, aliados de Vox se quedan”.
La actitud de Unidas Podemos respecto a la negociación con Ciudadanos choca con la que mantienen Sánchez y el PSOE, que a pesar de señalar con claridad a los socios preferentes, apuestan por negociar a izquierda y derecha del arco parlamentario para sacar las cuentas con el mayor respaldo posible.