El Gobierno da por hecho que tiene los apoyos suficientes para que salgan adelante los Presupuestos Generales del Estado de 2021 así como para la prórroga de seis meses del estado de alarma que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros. “Si traemos el proyecto de Presupuestos es porque entendemos que tiene los apoyos suficientes para que pueda ver la luz y, si traemos el decreto de alarma, es porque creemos que tiene los apoyos necesarios”, ha aseverado la portavoz, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior a la reunión del gabinete. No obstante, ha reconocido que tiene que ser “prudente” porque en otras ocasiones han fallado en el último momento los apoyos “comprometidos”, según ha explicado.
Pedro Sánchez ha priorizado finalmente a los grupos que apoyaron la investidura en la negociación de las cuentas públicas del próximo ejercicio. A pesar de que la mayoría de ellos han reconocido que la “música” del anteproyecto suena bien, no han dado su apoyo explícito a la espera de ver la letra pequeña y de que la negociación prosiga. Aún así, la ministra de Hacienda, que siempre ha defendido que no llevaría al Congreso las cuentas hasta tener garantizado que salieran adelante, ha dado por hecho que cuenta con el respaldo suficiente. “Ambos proyectos a priori cuentan con un apoyo amplio para que puedan ser tramitados y puedan tener el visto bueno por parte del Congreso de los Diputados”, ha agregado.
En cuanto a la prórroga del estado de alarma, Montero ha apuntado en la misma dirección. A pesar de que el presidente expresó el domingo su intención de que la prórroga del estado de alarma contara con el “apoyo abrumador” del Congreso, la intención del Gobierno es que se prolongue directamente hasta el 9 de mayo, a pesar de que buena parte de los grupos parlamentarios, entre ellos el PP, Ciudadanos, ERC o EH Bildu, consideran que es un plazo “excesivo” para que esté en vigor sin someterse al control parlamentario en todo ese periodo. Montero ha defendido que este decreto es “distinto” al que estuvo vigente en primavera y ha considerado que son los presidentes autonómicos -que podrán decidir si aplican o no las restricciones en función de la situación de la pandemia en cada territorio- los que tendrán que rendir cuentas ante los parlamentos regionales.
“Son cada uno de los presidentes autonómicos quienes dictan las medidas para que atajemos los rebrotes que se puedan producir”, ha defendido la portavoz del Ejecutivo, que sostiene que son ellos los que “darán debida respuesta en los parlamentos autonómicos para que haya un control exhaustivo para lo que están dictando”. “No tiene sentido que lo haga el presidente del Gobierno dado que si no acometen ninguna medida no tiene ningún tipo de restricción”, ha afirmado.
En esta ocasión, el decreto del estado de alarma habilita a los líderes regionales, en tanto autoridades competentes, a activar una serie de medidas de restricción de movilidad -toque de queda, limitación de personas en reuniones sociales o cierres perimetrales-, pero no se ejecutan de manera inmediata. “El estado de alarma que proponemos de por sí solo no contempla ningún tipo de restricción”, ha dicho Montero, que ha recordado que los presidentes autonómicos lo solicitaron “abrumadoramente” para poder “dictar las medidas que se corresponden a la situación pandémica”.
Ese es uno de los argumentos que ha esgrimido para defender que no sea Pedro Sánchez sino Salvador Illa quien acuda al Congreso para solicitar la autorización para la prórroga del estado de alarma. El otro es que el presidente participará en una videoconferencia del Consejo Europeo convocada para abordar cuestiones relativas a la pandemia. “El presidente el jueves participa de una videoconferencia con el resto de líderes para analizar la situación de la pandemia de obligada presencia”, ha expresado Montero. No obstante, el Pleno comienza a las 9 de la mañana -el debate suele prolongarse cinco o seis horas- y el Consejo Europeo no tiene lugar hasta las 18:30 horas.
Montero ha insistido en la defensa de que el estado de alarma se prolongue durante seis meses, que es lo que ha aprobado el Consejo de Ministros y necesitará el aval del Parlamento, para que las “comunidades puedan tener una cierta previsibilidad de las actuaciones, que por otro lado se consensuarán en el marco del Consejo Interterritorial de Salud”. También sostiene que esa herramienta recogida en el artículo 116 de la Constitución es más “garantista” a la hora de limitar derechos y libertades fundamentales de la ciudadanía que la fórmula por la que apuestan otros partidos, como el PP, de hacer una reforma de la legislación sanitaria ordinaria en la lucha contra la pandemia.
“Seguiremos dialogando hasta la extenuación con motivo de los Presupuestos, del estado de alarma y de las leyes que se impulsan”, ha dicho Montero. No obstante, ha dejado clara la voluntad del Gobierno de mantener los seis meses de excepcionalidad de forma continuada: “Si se este Ejecutivo impulsa un decreto de alarma con esta duración es porque, una vez consultadas el conjunto de formaciones políticas, entendemos que va a contar con los apoyos necesarios para hacerlo efectivo”. Además, ha garantizado que hay un “compromiso” de hacer decaer el estado de alarma si la evolución de la pandemia no lo hace obligatorio y se ha referido, por ejemplo, a la posibilidad de que se encuentre antes un tratamiento o vacuna contra la COVID-19.