Vía libre para los Presupuestos Generales de 2023 en el seno del Gobierno. Tanto el PSOE como Unidas Podemos dan por descontado que el anteproyecto de ley de las nuevas cuentas tendrá luz verde el próximo martes en Consejo de Ministros tras conseguir desbloquear un amplio paquete de reformas fiscales, el capítulo más importante de la negociación entre los socios. Aunque ambas partes reconocen que aún quedan asuntos pendientes por acordar hasta entonces, en la coalición coinciden en que el pacto alcanzado este jueves garantiza que las conversaciones puedan rematarse definitivamente en los próximos días.
Las reuniones entre los equipos negociadores de María Jesús Montero y Yolanda Díaz se retomaron, de hecho, este mismo jueves por la tarde y tras 24 horas de negociaciones a contrarreloj que desembocaron en un acuerdo in extremis sobre impuestos. La reforma fiscal apalabrada contempla un nuevo gravamen a las grandes fortunas y una bajada del IRPF para las personas con sueldos más bajos, además de una rebaja fiscal para pequeñas y medianas empresas y para los productos de higiene menstrual, entre otras medidas. Un acuerdo celebrado por ambas partes y que, en el caso de Unidas Podemos, han evaluado como un paso adelante para tener “un país más justo y solidario”. “Este Gobierno baja los impuestos a las clases medias y trabajadoras y a las pymes: a los que lo necesitan. No son rebajas generalizadas que sobre todo benefician a los ricos, como hace el PP”, señalan en Moncloa.
En realidad, el guion de esas negociaciones cambió considerablemente en los últimos días. Porque tanto la parte socialista del Ejecutivo como los de Yolanda Díaz habían negado repetidamente en público y en privado que la hoja de ruta fiscal del Gobierno pasara por una reforma a la baja del IRPF, la receta que insistentemente viene reclamando el PP de Alberto Núñez Feijóo y que choca de frente incluso con las políticas impulsadas desde Bruselas.
Pero lo cierto es que la subasta de rebajas fiscales entre territorios iniciada por la Junta de Andalucía con el impuesto de sucesiones y continuada por la Generalitat Valenciana con la rebaja del IRPF a las rentas de hasta 60.000 euros determinó la recta final de las negociaciones. La decisión de Ximo Puig sentó muy mal en Moncloa y Ferraz, donde reconocían que suponía una ruptura de la línea discursiva del Ejecutivo, que siempre había confrontando la petición de bajar los impuestos de la oposición argumentando que ello implicaba recortes en los ingresos y, por tanto, en las políticas del Estado del bienestar.
Efecto arrastre para bajar el IRPF
“Cada vez que hablamos de rebajar está el debate de qué recortar y este Gobierno no quiere recortar derechos y prestaciones a las personas que más lo necesitan en este momento de dificultad”, sostuvo la portavoz del Ejecutivo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del martes. El rechazo a la rebaja en el IRPF fue tal que no dejaron ningún margen para tocar ese impuesto. Uno de los argumentos esgrimidos en los últimos días es que España ya tiene una de las cargas fiscales más bajas de la UE y que no podían enviar el mensaje de que se siguen bajando impuestos “mientras los ciudadanos europeos que tienen una mayor presión fiscal pagan la deuda” española, según explicaban fuentes gubernamentales el martes.
Desde el Ministerio de Hacienda insisten, sin embargo, en desligar la bajada del IRPF a las rentas inferiores a 21.000 euros de la polémica entre territorios suscitada en base a los impuestos que paga el 1% más rico y aseguran que el equipo de María Jesús Montero lleva tiempo trabajando en esa senda a pesar de que los pronunciamientos públicos de la propia ministra en las últimas semanas nunca dejaron entrever ese horizonte. Según ha confirmado esta redacción, la propuesta de tocar el IRPF a en los tramos más bajos se puso en la mesa de la negociación el miércoles, tal y como reconoció la líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, en Hora 25. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se subió al carro este jueves al asegurar minutos antes de que se anunciaran los detalles del acuerdo que no estaba cerrado y que una de las condiciones que faltaba era la rebaja del IRPF “a los que más lo necesitan”.
La coalición defiende esa rebaja frente a las que ha llevado a cabo el PP en otros tributos, especialmente el de Patrimonio, que beneficia a los más privilegiados. “Una bajada masiva de impuestos no es una recomendación”, dijo Montero el miércoles tras ser preguntada por la política fiscal emprendida por el socialista Ximo Puig. Y precisó: “Es importante que esas bajadas sean quirúrgicas, selectivas, protejan a los ciudadanos más vulnerables”, poniendo el foco en que sean “los que más tengan quienes más aporten”, una referencia al nuevo impuesto a los ricos diseñado por su Gobierno. Este jueves, tras el anuncio del paquete de medidas fiscales, la ministra de Hacienda defendió que en ningún caso la bajada que el Gobierno llevará a la práctica a las rentas más bajas puede ser considerada una deflactación, tal y como venía proponiendo Feijóo. “Son medidas quirúrgicas que protegen a quienes más lo necesitan”, remarcó.
Los flecos pendientes para los Presupuestos
Ahora, tanto el PSOE como Unidas Podemos esperan que sea cuestión de días cerrar un acuerdo global sobre los Presupuestos del que por ahora ha trascendido poco, más allá de que llevará un incremento de la inversión en ciencia y de la voluntad del Gobierno de seguir la senda de las ayudas directas.
Sobre la mesa todavía quedan flecos pendientes de resolver que tienen que ver con algunos de los asuntos planteados por Unidas Podemos como prioritarios. Quieren los de Yolanda Díaz e Ione Belarra, por ejemplo, un compromiso para el desbloqueo de la ley de vivienda que permita, además, un control sobre los precios del alquiler y sobre el precio de las hipotecas. Los socialistas, por el momento, no lo contemplan.
Una vez solventado el capítulo de ingresos con el paquete fiscal, en realidad el grueso de medidas que quedan pendientes de ser acordadas tienen que ver principalmente con el gasto. Como adelantó elDiario.es, Unidas Podemos reclama a sus socios una ayuda de cien euros mensuales destinados a la crianza por nacimiento o adopción y hasta los tres años, así como un incremento de las partidas destinadas a la lucha contra las violencias machistas y a la ley de dependencia. Los de Yolanda Díaz plantean, además, que medidas que caducan el 31 de diciembre como la bonificación de los transportes públicos se extiendan a todo 2023. El ala socialista abrió la puerta a extender el plazo en función de cómo vaya evolucionando la situación.
En el capítulo de prestaciones, los socios del PSOE reclaman una subida del 15% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), lo que en la práctica aparejaría esa misma subida a prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital y aumentaría el número de beneficiarios. También reclaman la revaloración de las pensiones no contributivas ese 15% y que la prestación por desempleo recupere el 60% de la base reguladora a partir del sexto mes enterrando definitivamente los recortes de los tiempos del PP en materia laboral.