Una vez más la coalición llega a un acuerdo in extremis. Esta vez la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya había anunciado una convocatoria de prensa para anunciar la reforma fiscal que acompañará a los Presupuestos de 2023 cuando Unidas Podemos aseguraba que no estaba cerrado. Apenas unos minutos después, la titular de Hacienda ha explicado el nuevo panorama fiscal, que incluirá un “impuesto a la solidaridad”, que es el anunciado a las grandes fortunas y que afectará a los patrimonios de más de 3 millones de euros. El acuerdo incluye un incremento de un punto a la tributación de las rentas del capital mayores a 200.000 y de dos puntos a las mayores de 300.000. En total, el Gobierno calcula que la reforma fiscal supondrá un incremento potencial de la recaudación de 3.144 millones en los próximos dos años.
“Vamos a dejar exento el pago del IRPF hasta los 15.000 euros”, ha anunciado Montero. Esa cifra se situaba hasta ahora en los 14.000. También se amplían los beneficios fiscales por rendimientos de trabajo, que hasta ahora beneficiaba hasta los 18.000 euros y se amplía hasta los 21.000 euros. El Gobierno asegura que con esta decisión habrá una rebaja de 746 euros para aquellos que ganan 18.000 euros. Esto tendrá un coste de 1.881 millones de euros en dos años y beneficiará al 50% de trabajadores que menos cobran. Para los autónomos, hay una rebaja pareja.
La ministra ha evitado comparaciones con la deflactación anunciada por varias comunidades. Se ha apresurado a decir que las rebajas relacionadas con la renta “no tienen nada que ver” con la “deflactación” que se ha producido, según ha citado, en la Comunidad de Madrid y Andalucía, pero también en la Comunitat Valenciana. “Cuando se produce una deflactación del IRPF se beneficia también a las rentas por encima de 60.000 euros”, ha explicado Montero quien, en todo caso, había sido muy crítica con la rebaja en la Comunitat Valenciana. “Aplicamos una ampliación de una deducción que ya existía (...) y que ahora la ampliamos a esos 21.000 euros”, ha relatado Montero, que ha sostenido que es la población a la que ahora “hay que proteger”.
La pugna por la bajada del IRPF
Ha sido precisamente el presidente valenciano, Ximo Puig, el que ha arrastrado a la coalición a tomar medidas relativas a la renta, que no estaban previstas inicialmente. Así lo confirmó la líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, el miércoles por la noche en Hora 25: “El debate de bajar el IRPF a rentas bajas no estaba encima de la mesa hasta hace unas pocas horas”. Fuentes del grupo confederal aseguraron en ese momento que incluir medidas que afectaran al IRPF había sido una propuesta de Hacienda en el último momento. Sin embargo, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha señalado que la bajada del IRPF a los que “más lo necesitan” era una de las condiciones que imponía al PSOE y que no estaba siendo cumplida para dar por cerrado el acuerdo.
Respecto al impuesto de “solidaridad” para las grandes fortunas, finalmente será temporal, que es lo que planteaba el ala socialista del Ejecutivo en contra del criterio de sus aliados. Tendrá tres escalas: entre 3 y 5 millones de riqueza netas pagará un 1,7%; entre 5 y 10 millones, un 2,1%; y por encima de los 10 millones, un 3,5%. Se trata de una vía con la que el Gobierno pretende esquivar las rebajas anunciadas por Madrid, Andalucía o Galicia en el impuesto de Patrimonio, pero aquellas comunidades que lo mantengan se podrá deducir la cantidad que le corresponda por Patrimonio sobre este impuesto. “En la mayoría de comunidades no se tendrá que pagar este nuevo impuesto”, ha asegurado Montero.
El Gobierno ha añadido modificaciones para el impuesto sobre Sociedades. El Ejecutivo rebaja el tipo del impuesto para las micropymes del 25 al 23%. Se espera un ahorro de 292 millones de euros. Al mismo tipo, se crea un cambio para que las grandes empresas paguen más Sociedades durante el próximo año. Se rebaja al 50% la posibilidad de deducirse pérdidas de sus filiales, uno de los grandes agujeros del impuesto sobre los beneficios. Si bien, esta rebaja es más bien un diferimiento, ya que podrán aplicarse esas deducciones a partir de 2024.
Montero ha asegurado, en línea con lo que lleva diciendo en los últimos días, que no habrá una rebaja “generalizada” de los impuestos. El Gobierno ha intentado hacer un discurso pedagógico respecto a la necesidad de pagar tributos para sostener el estado de bienestar ante la escalada de la competencia a la baja iniciada por las comunidades autónomas. Finalmente, ha optado por tocar los tramos más bajos del IRPF y también por cumplir con el compromiso de reducir del 10 al 4% el IVA de los productos de higiene íntima.