Hay ruido pero ninguna novedad. El mensaje que emite el Gobierno ante las expectativas generadas para la renovación del Poder Judicial después del pacto con el PP para actualizar algunas instituciones, entre ellas el Defensor del Pueblo o el Tribunal Constitucional, es que el bloqueo persiste. A pesar de aquel entendimiento, que supuso un trago tanto para el PSOE como para Unidas Podemos, y que se acabó volviendo en contra de Pablo Casado al remover el asunto de su licenciatura por las gestiones realizadas por Enrique Arnaldo, su candidato más polémico para el tribunal de garantías, en Moncloa enfrían la segunda fase del pacto: los cambios en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que se acerca a los tres años con su mandato caducado.
Tras la votación de los nuevos nombres para los órganos constitucionales que se produjo la semana pasada, generando en el Congreso la mayor indisciplina de voto de los últimos tiempos, en el Ejecutivo admitían que no se podían vincular ambos acuerdos y evitaban poner una fecha a la renovación del órgano de gobierno de los jueces.
En su última intervención en el Senado, Pedro Sánchez elevó el tono contra el PP por su negativa a renovar el Poder Judicial. “Si algo ha quedado claro es que era un camelo esto de la despolitización de la justicia”, le reprochó a los conservadores por los nombres propuestos. El presidente calificó de “intolerable” el bloqueo del Poder Judicial, del que culpa en exclusiva a Pablo Casado. “Si algo ha quedado claro [expresó sobre la ”celeridad“ con la que se produjo el entendimiento para las otras instituciones] es que quien bloqueaba era el PP”. “Hagan valer su palabra, cumplan con la Constitución y renueven el Consejo General del Poder Judicial”, dijo dirigiéndose a la bancada conservadora.
El PP sostiene que la “interlocución” con el Gobierno sigue para abordar los cambios en el CGPJ, pero insiste en su exigencia de cambiar la ley para que los jueces elijan a su órgano de gobierno, un extremo que rechazan tanto PSOE como Unidas Podemos, que defienden el actual sistema por el que la carrera judicial propone nombres y son las Cortes –donde reside la soberanía popular– los que seleccionan y votan a los vocales por mayoría de tres quintos.
“No hay nada”, admitían fuentes gubernamentales sobre el optimismo que rezuma el Poder Judicial respecto a su “inminente” renovación. En el Gobierno no ven más que “excusas” en la nueva exigencia de Casado, que no tiene ningún aliciente para modificar la amplia mayoría conservadora que pilota ahora la judicatura y que refleja la mayoría absoluta que Mariano Rajoy obtuvo hace diez años. Este jueves, pocos minutos después de la renovación de una parte del Tribunal Constitucional, representantes del Consejo afirmaban que el acuerdo para renovar el órgano de gobierno de los jueces era cosa de “semanas”. Lo decían a pocos metros del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y del consejero madrileño de Justicia, Enrique López, que ha protagonizado algunas de las negociaciones al respecto en nombre del PP.
Uno de los argumentos por los que el Gobierno veía positivo renovar las instituciones aunque el Poder Judicial quedara fuera del paquete era, además, la obtención de una mayoría progresista en el Constitucional a partir de junio, cuando toca renovar el tercio que corresponde al Gobierno –dos magistrados– y al CGPJ –otros dos–. Sin embargo, existen dudas jurídicas sobre la posibilidad de que el Ejecutivo pueda realizar sus designaciones si persiste el bloqueo, ya que el Parlamento aprobó una reforma legal para impedir que el Poder Judicial haga nombramientos mientras está en funciones.
Incertidumbre en el Constitucional
Distintas fuentes consultadas por este periódico en el Tribunal Constitucional hacen el mismo diagnóstico: no existen precedentes. Desde su nacimiento en 1980, y pasando por alto la situación de los magistrados fundadores, el tribunal de garantías siempre ha sido renovado cumpliendo a rajatabla con lo que dice la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional: de cuatro en cuatro y cada tres años. Eso ha dividido el tribunal en varios bloques no establecidos por la ley. Por un lado, se renuevan los cuatro candidatos que propone el Congreso, por otro, los cuatro del Senado, y los dos del CGPJ y los dos del Gobierno se agrupan en un único bloque que, hasta ahora, siempre se ha renovado a la vez.
Hay pocos antecedentes de una renovación desordenada y en muchos casos responden a renuncias o fallecimientos de magistrados. En 1989, por ejemplo, fueron renovados los cuatro magistrados procedentes del Senado y también uno del Congreso. Tres años después, en 1992, el magistrado José Gabaldón, que había entrado a propuesta de la Cámara Baja, pasó a formar parte de la terna del Senado mientras se renovaban cuatro propuestos por el Congreso. Pero ni en esa situación se fracturó el bloque de candidatos de Gobierno y Consejo del Poder Judicial.
En caso de que no exista un acuerdo para renovar el CGPJ y que el Gobierno intente sacar adelante sus dos candidatos por su cuenta, el Constitucional se encontrará por primera vez en este debate. Y no lo tienen claro ni dentro del propio tribunal. Ninguna sentencia dictada hasta ahora ha abordado este asunto y la ausencia de respuesta está en la propia ley que regula la renovación: establece que debe hacerse por tercios, pero no especifica cuáles. Varias fuentes del tribunal de garantías recuerdan, además, que el Gobierno y el CGPJ no son el mismo organismo, por tanto, no existe ninguna obligación de considerarlos un único bloque.
El resultado de este debate marcará la aritmética de mayorías del Tribunal Constitucional para los próximos años. Tras la última renovación el pleno cuenta con cinco magistrados considerados progresistas y siete conservadores. El recambio de los cuatro designados por el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial durante el mandato de Mariano Rajoy y el Partido Popular garantiza una mayoría progresista. No poder acometer la renovación de estas cuatro plazas, en caso de no poder separar ambos bloques, prolongaría por tanto el dominio conservador del Constitucional.